MADRID, jueves, 16 septiembre 2004 (ZENIT.org–Veritas).- El Instituto de Política Familiar (IPF) ha constatado este jueves, tras su reunión del día anterior con la Secretaria de Estado, Amparo Valcárcel, «la nula voluntad del Gobierno de consultar a las familias y expertos» antes de aprobar la ley de extensión del divorcio.
Según ha informado en un comunicado, el IPF no ha recibido todavía respuesta a su petición oficial al Ministerio de Justicia para la creación de una mesa de diálogo.
Tras su reunión del miércoles con Valcárcel, el IPF afirmó que si bien la Secretaria de Estado «se comprometió a contar en todas las iniciativas que elaborasen, desde la fase de borrador, con las aportaciones de las distintas asociaciones familiares», lo cierto es que en la ampliación de la ley del divorcio, «el Gobierno ha decidido llevarlo al Consejo de Ministros este viernes» sin dialogar previamente.
Para el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, «esto es un gran error político ya que se va a aprobar una ley de una manera unilateral sin contar con las asociaciones familiares y expertos cuando expresamente éstos lo han pedido.
Se va a legislar de espalda a la sociedad y a las familias».
Asimismo, Hertfelder entregó durante la reunión con la Secretaria de Estado, un documento en el que el IPF propone diez medidas básicas «para la implementación de una verdadera política integral de familia, en las que se incluyen el cumplimiento de los compromisos electorales del Gobierno de creación de una Secretaría de Estado de Políticas familiares, y la universalización de la paga de los 100 euros».
Entre otras medidas, IPF pide también la elaboración de la «Ley de Protección a la Familia», la universalización de las prestaciones sociales por hijo a cargo y su equiparación con Europa, el apoyo a la maternidad o el impulso a medidas preventivas para ayudar a superar las crisis matrimoniales.
