GINEBRA, lunes, 11 octubre 2004 (ZENIT.org).- Las guerras constituyen la causa de millones de refugiados esparcidos por el mundo de manera que no se puede afrontar esta emergencia sin solucionar estos conflictos, considera la Santa Sede.
Por este motivo, al tomar la palabra ante la sesión del Comité ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), celebrada del 4 al 8 de octubre, la delegación vaticana pidió recurrir, si es necesario, a una «injerencia humanitaria» en los países en los que pisotea los derechos fundamentales de los refugiados.
Al tomar la palabra en Ginebra, el arzobispo Silvano M. Tomasi, comenzó recordando que «los derechos reconocidos a los refugiados por los tratados internacionales son con demasiada frecuencia puras palabras».
Y el fenómeno en vez de solucionarse se agrava, constató: «las continuas guerras siguen obligando a muchas personas a abandonar sus hogares a causa del miedo a la persecución, de la violación de derechos humanos, de las hostilidades y de la expansión de la violencia con el uso sistemático del estupro como táctica de guerra».
«El coste de estos movimientos forzados es altísimo: el sufrimiento de personas, la pérdida de vidas, el proceso de reconstrucción de la sociedad», afirmó monseñor Tomasi, misionero de San Carlos (escalabriniano), quien hasta hace poco era nuncio apostólico en Etiopía y Eritrea.
«Los derechos humanos y el derecho humanitario internacional obliga a los gobiernos a ofrecer seguridad y bienestar a aquellos que están bajo su jurisdicción», recordó el prelado.
«En particular –añadió–, cada ciudadano tiene el derecho a la protección por su propio país –añadió–. Si un estado no puede o no quiere cumplir con esta responsabilidad y los derechos humanos de una población son pisoteados, entonces la comunidad internacional puede y debería reafirmar su preocupación, tomar cartas en el asunto, y cumplir con su obligación».
El delegado vaticano recordó el Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2000, en el que afrontaba la espinosa cuestión de la «injerencia humanitaria».
«Evidentemente, cuando la población civil corre peligro de sucumbir ante el ataque de un agresor injusto y los esfuerzos políticos y los instrumentos de defensa no violenta no han valido para nada, es legítimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor», recordaba el Santo Padre.
«Pero éstas han de estar circunscritas en el tiempo y deben ser concretas en sus objetivos –aclaraba–, de modo que estén dirigidas desde el total respeto al derecho internacional, garantizadas por una autoridad reconocida a nivel supranacional y en ningún caso dejadas a la mera lógica de las armas».
«Por eso –añadía–, habrá que hacer un mayor y mejor uso de lo que prevé la Carta de las Naciones Unidas, definiendo posteriormente instrumentos y modalidades eficaces de intervención, en el marco de la legalidad internacional».
«A este propósito la misma Organización de las Naciones Unidas tiene que ofrecer a todos los Estados miembros la misma oportunidad de participar en las decisiones, superando privilegios y discriminaciones que debilitan su papel y credibilidad», proponía el Santo Padre.
El representante vaticano, tras leer la propuesta papal, concluía: «La oportunidad de esta intervención es decisiva para salvar vida y constituye un test del compromiso de la comunidad internacional por la causa de los refugiados».
En una entrevista concedida al diario turinés «La Stampa» (22 de septiembre de 2004), el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado, reveló que en el marco del proceso de reforma que tiene lugar en el seno de la ONU, la Santa Sede propondrá añadir un nuevo principio de «injerencia humanitaria» en la Carta de Naciones Unidas (Cf. Zenit, 9 de octubre de 2004, «Injerencia humanitaria, pros y contras»).
