JERUSALÉN, martes, 2 noviembre 2004 (ZENIT.org).- La cuestión del acceso de la Iglesia a los tribunales civiles y la sujeción al impuesto municipal sobre las propiedades siguen entre los puntos pendientes de aclarar entre las delegaciones de Israel y de la Santa Sede.
Éstas han celebrado dos días de negociaciones en Jerusalén –el 27 y 28 de octubre–, un encuentro que no ha estado precedido por comunicación oficial o mención alguna en la prensa israelí.
Según refieren fuentes próximas a la agencia «AsiaNews», las conversaciones se han desarrollado «en una atmósfera muy cordial» y «se ha registrado algún progreso en cuestiones de carácter técnico-jurídico».
Pero aún está pendiente de solución el rechazo de Israel a garantizar a la Iglesia el acceso a los tribunales para defender las propiedades religiosas y la cuestión del impuesto municipal de propiedad, del que la Iglesia estaría exenta –cosa que no reconoce Israel– según las indicaciones establecidas por las Naciones Unidas.
«La garantía de poder acceder al poder judicial para la resolución de cualquier controversia sobre las propiedades eclesiásticas es una exigencia de principio imprescindible porque se refiere a uno de los fundamentos del Estado de Derecho», explica el padre David Jaeger, experto en cuestiones jurídicas de la Custodia franciscana de Tierra Santa.
Y es que los conflictos sobre los derechos de propiedad –añade el religioso a la agencia del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME)– deben «ser decididas por el poder judicial independiente, y no por los políticos».
«Espero, como jurista pero también como israelí, que sobre este aspecto Israel quiera ser fiel a la idea que tiene de sí mismo como Estado de Derecho», expresa.
En cuanto al impuesto municipal sobre las propiedades, de acuerdo con el padre Jaeger existe sobre todo la imposibilidad jurídica de contravenir las declaraciones de la ONU, mencionadas en la propia declaración de independencia de Israel.
Pero es que además «la Iglesia no tiene y no tendrá los fondos para pagar el impuesto porque vive sobre todo de limosnas de los católicos de todo el mundo», añade el portavoz franciscano.
La pretensión del Estado de que la Iglesia satisfaga los impuestos municipales de propiedad «podría comportar una reducción de la presencia de la Iglesia en el territorio», advierte el padre Jaeger. «Confío en que no sea éste el objetivo de nadie», manifiesta.
En cualquier caso, como apunta el experto jurídico en la Custodia de Tierra Santa, «con la buena voluntad de ambas partes estas negociaciones surtirán efectos positivos en el respeto de los derechos» de las dos.
«Está también el hecho de que el Acuerdo Fundamental, firmado por ambas partes en 1993, espera la conclusión de las negociaciones en curso para que se reconozca su validez», apunta.
Con la firma del «Fundamental Agreement» el 30 de diciembre de 1993, la Santa Sede aceptaba la petición israelí de establecer relaciones diplomáticas.
El documento enuncia los principios reguladores de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, mientras que su puesta en práctica se pospuso a una serie de acuerdos complementarios –a negociar sucesivamente— que asegurarían la libertad y los derechos de la Iglesia en territorio israelí.
Estas negociaciones hasta ahora han producido un único acuerdo en 1997: el reconocimiento civil de la personalidad jurídica de la Iglesia y de los entes eclesiásticos, pero ello no se ha transformado aún en ley del Estado.
El 28 de agosto de 2003 Israel retiró sin explicaciones su delegación de las negociaciones con la Santa Sede mientras estaban en marcha los trabajos para llegar a un acuerdo sobre la tutela de las propiedades eclesiásticas y el estatuto fiscal.
Un año después –el pasado 5 de agosto— se reanudaron en Jerusalén las negociaciones entre una delegación vaticana –guiada por monseñor Gianfranco Gallone, secretario de la nunciatura apostólica en Israel— y la israelí –encabezada por Gadi Golan, jefe del Departamento de asuntos religiosos del Ministerio de Asuntos Exteriores–, si bien la reunión fue breve y se convocó otra cita para el mes siguiente. Ésta tuvo lugar del 6 al 9 de septiembre.
En el marco de la visita que hizo a Juan Pablo II el pasado 14 de septiembre, el ministro de Interior de Israel –Avraham Poraz– tuvo oportunidad de abordar con los colaboradores del Santo Padre cuestiones como la entrega de visados a sacerdotes, religiosos y religiosas, y las actuales negociaciones entre la Santa Sede e Israel sobre la el régimen fiscal que tendrán las instituciones eclesiásticas en ese país.
