MURCIA, viernes, 12 noviembre 2004 (ZENIT.org–Veritas).- El «divorcio exprés» y el «matrimonio homosexual» promovidos por el actual gobierno español constituyen un desprecio de esta institución con fines políticos, constata el anterior fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.
«El mayor desprecio al matrimonio de esa regulación que se acomete es rebajarlo a un instrumento para pretendidas políticas progresistas, bajo la falsa premisa de dar satisfacción a una demanda social», afirmó este jueves en la lección inaugural de apertura del año académico de la Universidad Católica de Murcia, ante las autoridades académicas, eclesiales y políticas de la Región.
En su intervención sobre las «Reformas en el Derecho de Familia», el magistrado afrontó las repercusiones sociales y jurídicas de dos reformas legales anunciadas por el presente Gobierno, el «divorcio-exprés» y el «matrimonio homosexual».
El anterior fiscal afirmó que sobre la cuestión de la familia, «en el momento actual y en nuestro país, aparecen serios obstáculos para pronunciarse al respecto con libertad», y añadió en referencia al veto en la Comisión Europea a Rocco Buttiglione, que «cercenar de esta forma la libertad de pensamiento y expresión deteriora la democracia».
Sobre la «ley del matrimonio homosexual», Cardenal afirmó que el Gobierno «no está jugando limpio», pues «afirmar que la admisión de los homosexuales en la institución matrimonial afecta a 4 millones de españoles es una aseveración en la que no sé qué desacreditaría más a sus autores, si su profunda ignorancia o la malicia de que fuera intencionada».
«Entre la propia literatura científica y militante de origen homosexual se reconoce el desinterés por la institución matrimonial si no es como un instrumento de homologación social, fuente de ventajas financieras o el primer paso para «una nueva pluriformidad de relaciones», reconociendo sus propias investigaciones que la fidelidad sexual no es una característica de la relación estable homosexual», afirmó.
Sin embargo, esta legislación sobre el matrimonio puede tener graves consecuencias, pues «el trato en igualdad de condiciones a las novedosas realidades, tan lejanas del matrimonio, como las parejas de hecho, y en el grado más perverso, su inclusión dentro de la propia mecánica matrimonial, que es vaciada de sentido, no provocan sino una alteración progresiva del matrimonio», que queda «al arbitrio de las partes».
Para el magistrado, esta «entronización de la voluntad de la autorrealización individual aún no ha encontrado sus límites» de modo que en los próximos años se podría asistir «a la admisión del matrimonio a los transexuales, a la poligamia, a las relaciones entre varias personas o al incesto».
Jesús Cardenal se centró en la cuestión del divorcio, que a su juicio ha tenido un efecto «altamente disolvente» de la institución matrimonial.
Recordó el texto aprobado por el Consejo General del Poder Judicial sobre la nueva ley de agilización del divorcio, y añadió que «así como sería una aberración jurídica la cancelación unilateral de un contrato, así también lo es un divorcio sin causas justificativas».
Según este informe, la ley del «divorcio-exprés» preconizada por el Gobierno socialista no tiene parecido en Europa y «sólo se asemeja a una figura de la tradición musulmana: el repudio».
Con el nuevo ordenamiento, «quien considere que el matrimonio es una superestructura jurídico-formalista opresora, encuentra amparados sus intereses con la nueva ley que elimina de facto el vínculo, pues la unión dependería esencialmente y en todo momento de la continuidad de las dos voluntades. Pero las personas que crean que esa imposición de estabilidad no es otra cosa que su voluntad conyugal expresada en un determinado momento, se encuentran con que su deseo no tiene valor para el Ordenamiento, que la desprecia privándola de todo valor jurídico».
Esta concepción del matrimonio, a juicio de Cardenal, «defrauda en su esencia más genuina la libertad de autodeterminación, pues sólo admite la libertad si lo que desean los cónyuges es el matrimonio disoluble “ipso facto”, como el café», y no la libertad de atarse para siempre. Además tampoco ampara «el deseo de la mayoría de las personas que contraen matrimonio, que lo hacen con la ilusión de que dure. Esta pretensión tan importante tampoco es amparada por la nueva legislación».
«En el fondo, lo negado es el propio modelo de matrimonio. Cuando dos personas acuden a unir sus vidas, lo hacen con una pretensión de una duración indefinida, y ese modelo es el que no acepta la ley, postura sólo explicable por acendrados motivos ideológicos que, por cierto, están bastante trasnochados».
«Nuestro ordenamiento no sólo priva de protección a quien acude al matrimonio con mayor pretensión de estabilidad, permitiendo que el compromiso arrancado de su cónyuge en este sentido carezca de cualquier valor, sino que lo penaliza en cuanto intente sacar adelante ante las dificultades el proyecto familiar, por ejemplo, por responsabilidad ante la prole ya existente», y aludió concretamente al aumento de la pobreza en los hogares monoparentales de Estados Unidos, fenómeno que perjudica sobre todo a la mujer.
Por otro lado, se refirió a los daños que el divorcio provoca en los hijos: «mientras se minimiza el impacto del divorcio en los niños, se desarrolla una inusitada confianza en su capacidad de regeneración emocional, algo contradictorio con el pesimismo que lleva a descartar la más mínima sugerencia de que dos adultos con responsabilidades puedan intentar solventar sus diferencias matrimoniales sin recurrir a la disolución».
«La cultura del divorcio alimenta compasión, comprensión y apoyo para los adultos, pero mantiene un discreto silencio sobre los niños. Más que explicar, han intentado que los niños acepten el divorcio como antes se aceptaba la muerte. Los padres ya no son los que imponen las normas, sino quienes las rompen. No son de quienes cabe esperar soluciones, sino problemas. Los argumentos sirven sobre todo para tranquilizar y justificar a los adultos», añadió.
Afirmó que las posturas en esta cuestión del Gobierno actual, «bajo la apariencia de neutralidad, aúna los peores planteamientos del liberalismo y del socialismo sobre la familia».
«La política familiar se debe computar más como una inversión que como un gasto. En este sentido, resulta barata porque es preventiva, genera bienestar y calidad de vida entre el grueso de la población», concluyó.
