TECÚN UMÁN (GUATEMALA), lunes, 15 noviembre 2004 (ZENIT.org–El Observador).- Ciertas políticas de migración del gobierno mexicano en sus fronteras con los países centroamericanos tienen consecuencias análogas a las políticas fronterizas que reprocha a Estados Unidos, revela un estudio periodístico publicado esta semana por el semanario católico El Observador.
Alrededor de 300 mil personas cruzan la frontera sur de México cada año, algunas con la intención de trabajar en México (solamente unos 75 mil a 100 mil trabajadores temporeros), pero la gran mayoría con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.
Obispos y representantes católicos desde hace meses han denunciado las terribles condiciones que deben soportar aquellas personas de Guatemala, Honduras, El Salvador u otros países que se lanzan a esta aventura migratoria de final incierto.
La Secretaría de Gobernación de México ha montado un programa (conocido como «sellamiento») que tiene como objetivo reducir el tráfico de estupefacientes y de personas humanas a través de esta frontera del sur.
A partir del programa, puesto en práctica desde 1999, se ha incrementado el tránsito por vía marítima y los cruces fronterizos se están moviendo hacia otras rutas, como se hizo saber a finales de septiembre en el Quinto Taller Nacional de Pastoral Migratoria, llevado a cabo por los obispos de la frontera norte de México y la Comisión de Pastoral de Movilidad Humana.
Anteriormente, en la tradicional ruta terrestre que va de Tecún Umán, Guatemala, hacia el interior de México, solamente había dos puntos de revisión migratoria. A raíz de este programa, El Observador ha podido constatar la existencia de 17 retenes, algunos de ellos bajo control de la Policía Federal Preventiva y otros de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana.
El creciente control fronterizo en el sureste mexicano ha provocado que los migrantes se desvíen de las rutas tradicionales de cruce y busquen otras, generalmente menos seguras. Estas alternativas incluyen abordar embarcaciones, o transitar por caminos con menos vigilancia que son las áreas más despobladas e inhóspitas de la región.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración de México, los flujos migratorios hacia y a través de México han aumentado, entre un 60 y un 70 por ciento a partir de octubre de 1998, cuando el huracán Mitch causó estragos. A estos dramáticos efectos, se unieron los estragos causados por los terremotos que sufrió, ante todo, El Salvador, en año 2000.
Las cifras revelan, principalmente, un aumento dramático en el número de hondureños deportados de México, dado que Honduras fue el país más afectado por el huracán: de un promedio anual de aproximadamente dos mil 500 deportados, en los tres meses posteriores al huracán se rebasaron las cinco mil deportaciones anuales. Actualmente, la cifra continua sin muchas variaciones.
Antes los guatemaltecos ocupaban el primer lugar entre los deportados por las autoridades mexicanas de Migración; ahora, del total de centroamericanos deportados en el último trimestre, el 45.4 por ciento son de Honduras, mientras que de Guatemala son el 34.5 por ciento.
Por otra parte, la población hondureña tiene un nivel de tradición migratoria hacia el norte mucho menor que las poblaciones de El Salvador y Guatemala, y por tanto se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad: desconoce gran parte de las prácticas de control migratorio en México, y carece de redes sociales como las que tienen salvadoreños y guatemaltecos que facilitan el intercambio de información y apoyo en situaciones difíciles.
