WASHINGTON, lunes, 20 diciembre 2004 (ZENIT.org).- Los agentes sanitarios que no deseen participar en el aborto ahora cuentan con la protección de la ley federal, gracias a una norma que acaba de aprobar el Congreso de los Estados Unidos.
Pero una analista política del secretariado para Actividades Pro Vida de los obispos del país nortamericano, advierte de que sus derechos podrían revocarse. Maureen Bailey ha explicado a Zenit que los grupos favorables al aborto y los legisladores están oponiendo resistencia a la nueva medida. De hecho, las asociaciones de de promoción del aborto, incluido el poderoso grupo Planned Parenthood, han anunciado la presentación de un recurso contra la nueva legislación y han anunciado batalla en las Cámaras.
–El Congreso acaba de aprobar una enmienda que reconoce el derecho a la objeción de conciencia. ¿En que consiste?
–Bailey: El Congreso aprobó la Enmienda de Protección de Conciencia Hyde-Weldon, llamada así por sus copatrocinadores, los congresistas Henry Hyde y Dave Weldon, a la ley vigente. Se espera que el presidente la firme de un momento a otro.
La enmienda, muy sencilla, prohíbe al gobierno federal y a los gobiernos estatales y locales imponer a las entidades de cuidados sanitarios que no quieran la realización de abortos, pagarlos, o proporcionarles cobertura.
La enmienda define como «entidad de cuidado sanitario» a «un médico u otro profesional sanitario, un hospital, una organización sanitaria patrocinada, una organización de mantenimiento de la salud, un plan de seguridad sanitario, o cualquier otro tipo de servicio, organización o plan en favor de la salud».
–¿Por qué se pasó esta ley?
–Bailey: Existe un esfuerzo nacional concertado para cambiar o aprovechar las lagunas legales que se dan en la actual protección de la conciencia.
Los grupos proaborto –incluyendo la ACLU, «Planned Parenthood», el «National Women’s Law Center» y el «Center for Reproductive Rights»– están trabajando para abolir o evitar las actuales protecciones a la objeción de conciencia e imponer nuevas directivas donde tal protección no existe.
Por ejemplo, la ACLU de Nueva Jersey intervino en una fusión de un hospital con el objetivo de obligar a un hospital católico a construir una clínica abortista.
En Florida, un hospital que se unió en un consorcio –para compartir gastos– con un sistema católico y dejó de practicar abortos, fue objeto de querella por parte de la ciudad de St. Petersburg, que había cedido el terreno para la construcción del hospital. Enseguida la ACLU se querelló contra la ciudad y contra el hospital. Ante la presión de los procesos judiciales, el hospital abandonó el consorcio que le permitía ahorrar gastos.
–¿Estos ataques al derecho a la libertad de conciencia se limitan a los hospitales católicos y a las fusiones?
–Bailey: No; de hecho la mayor parte de los hospitales, públicos y privados, religiosos o no, no participan en abortos. Estos hospitales también han sido atacados por los grupos proaborto.
Por ejemplo, en Alaska, el Centro de Derechos Reproductivos y la ACLU iniciaron un proceso judicial para forzar a un hospital a que permitiera abortos tardíos. Durante el proceso, el Tribunal Supremo de Alaska echó por tierra en parte la ley de libertad de conciencia del Estado.
Y en Nuevo México, la junta de finanzas estatal rechazó aprobar el arriendo de un hospital de la ciudad y el condado porque el acuerdo preveía la anulación de los abortos voluntarios en el hospital.
En palabras de un comisario del condado, la política favorable a la vida se incluía en el arriendo porque «se desea que el enfoque de nuestro hospital sea el cuidado de la salud y de la vida, y buscamos que el lugar no sea visto por la comunidad como una fábrica de abortos en el futuro». Pero el hospital tuvo que ceder a las presiones de la junta, y accedió a quitar la política favorable a la vida del arriendo.
En muchos de estos casos, los grupos proaborto, aliados con funcionarios, han afirmado que para recibir fondos federales se necesita que el hospital practique abortos, o que no hacer abortos es una violación de la ley que ha liberalizado el aborto, o de la primera enmienda de la Constitución.
De manera que es necesario clarificar la ley federal. El Gobierno federal –y los gobiernos estatales y locales que reciben fondos federales– no pueden ser discriminados por ofrecer cuidados de salud favorables a la vida.
–¿Qué más se podría hacer para proteger el derecho de libertad de conciencia de los trabajadores de la salud?
–Bailey: En la próxima sesión del Congreso, los senadores proaborto introducirán una norma para rechazar la Enmienda Hyde-Weldon de Protección de la Conciencia. Un poco antes, en mayo, se someterá a consideración la norma, con cuatro horas de debate y sin enmienda. De manera, que es todavía necesario proteger la enmienda, contactando senadores y educando a la gente.
Al mismo tiempo, hay que educar especialmente a quienes proporcionan cuidados sanitarios sobre sus derechos según las leyes estatales, y protegerlos de amenazas y otras presiones. Las campañas para imponer la contracepción, y la contracepción de emergencia, son nuevos pasos en el esfuerzo por erosionar los derechos de conciencia de quienes ofrecen cuidados sanitarios.
–¿Qué dice la Iglesia sobre el derecho de libertad de conciencia?
Bailey: La Iglesia está trabajando activamente sobre este tema en el debate legislativo. La protección del derecho de libertad de conciencia y, en especial, la adopción de la Enmienda de Protección de la Conciencia Hyde-Weldon, ha sido una de las prioridades legislativas del Secretariado Provida de la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos.
