Canadá ante el proyecto de ley sobre matrimonios del mismo sexo

El primer ministro, Paul Martin, y el ministro de justicia, Irwin Cotler, presentaron la legislación «como una evolución natural y necesaria de la protección de los derechos de las minorías bajo la Carta de Derechos y Libertades Canadiense», informaba el 2 de febrero el periódico Globe and Mail.

La ley, que cuando sea aprobada se conocerá como Ley del Matrimonio Civil, redefine el matrimonio como «la unión legal de dos personas con exclusión de todos los demás». El gobierno ha intentado evitar reticencias de las organizaciones religiosas incluyendo en la legislación una disposición que dice que «los funcionarios de organizaciones religiosas son libres para rechazar el oficiar matrimonios que no están de acuerdo con sus creencias religiosas».

Sin embargo, muchas iglesias han mostrado una feroz oposición a la ley. El 31 de enero una carta al primer ministro canadiense de monseñor Brendan O’Brien, presidente de la Conferencia Episcopal Canadiense, indicaba que los prelados «se muestran unidos en su oposición a una legislación que podría redefinir el matrimonio de forma que ya no fuera reconocido como la única, esencial y fundamental relación de un hombre y una mujer».

«La sociedad conyugal de un hombre y una mujer constituye un bien único para la sociedad, proporcionando un ambiente estable y positivo para los niños así como para las futuras generaciones», continuaba monseñor O’Brien.

Su carta también pedía que Martin permitiera a todos los miembros de su partido, incluyendo a los ministros de su gabinete, que tuvieran libertad de voto en este tema, para que «ejercieran su fundamental libertad de conciencia y de religión». También se han enviado otras cartas a los líderes de los principales partidos políticos instándoles a oponerse a la legislación.

El bien común
Muchos obispos católicos canadienses han hecho también declaraciones sobre el tema. El arzobispo de Vancouver, monseñor Raymond Roussin, en una carta pastoral con fecha de 28 de enero, establecía: «El matrimonio siempre ha sido reconocido como el contexto necesario para criar y educar a los hijos, el fundamento de las futuras generaciones. La realidad del matrimonio es tal que está por encima de cualquier política y ley humana».

La carta indicaba que algunos defienden la medida de extender el matrimonio a las parejas homosexuales sobre la base de los derechos humanos. Pero monseñor Roussin insistía: «Éste no es un tema de derechos humanos, va del reconocimiento de la base biológica de la estructura social que protege la procreación y crianza de los hijos en nuestra sociedad».

También rechazaba el argumento de que se necesita permitir a las parejas del mismo sexo casarse para mostrar tolerancia. Tal medida «es una falsa tolerancia». Y observaba: «El potencial procreativo del matrimonio es un elemento básico de lo que es el matrimonio, y no resulta injusto insistir en que el matrimonio es una unión complementaria de un hombre y una mujer».

Otro argumento utilizado para justificar la extensión del matrimonio es la idea de que necesitamos adaptar las instituciones para ir al paso de los cambios sociales. De hecho, el Tribunal Supremo adoptó este punto de vista en su dictamen del pasado diciembre, observaba el prelado de Vancouver. Sin embargo, «La cuestión es si el desarrollo es legítimo», defendía.

Debemos tratar a todas las personas con dignidad y respeto, como Jesús nos enseñó, afirmaba monseñor Roussin. Pero añadía: «Jesús no nos enseñó que cualquier comportamiento es aceptable mientras alguien lo quiera. El auténtico Jesús pedía la conversión moral y el arrepentimiento.

Umbral crítico
El 22 de enero, el cardenal Marc Quellet, arzobispo de Quebec y primado de Canadá, publicaba una carta sobre el tema del matrimonio del mismo sexo. «Nos encontramos ante un umbral crítico en la evolución de la sociedad y la cultura, y debemos reflexionar muy seriamente antes de cruzarlo», afirmaba.

Ampliar el estatus de matrimonio a las parejas del mismo sexo, escribía el arzobispo de Quebec, es un cambio que «afecta a la institución y el valor primario más fundamental de la sociedad: el matrimonio y la familia, que han existido a través de la historia humana y son anteriores al estado y a las leyes mismas».

Cambiarlo de este modo «alteraría la institución del matrimonio al ignorar dos de sus finalidades esenciales: la procreación y educación de los hijos, dentro del contexto del amor de un hombre y una mujer, garantía de futuro de la sociedad».

El cardenal Ouellet también apuntaba que la ley «es ofensiva para la sensibilidad moral y religiosa de un gran número de ciudadanos, tanto católicos como no católicos. De hecho, muchos cristianos y personas que pertenecen a otras tradiciones religiosas consideran que el matrimonio de personas del mismo sexo es moralmente inaceptable, incluso aunque se abstengan de juzgar a las personas mismas».

El arzobispo de Toronto, cardenal Aloysius Ambrozic, escribía al primer ministro Martin el 18 de enero. Defendía la necesidad de ser prudentes antes de que «alteremos estructuras sociales como el matrimonio y la familia que se encuentran en la base de nuestra sociedad, y que representan la sabiduría y la experiencia acumuladas durante épocas».

También observaba la importancia de la ley como fuerza de enseñanza en la sociedad. Legalizar el matrimonio para los homosexuales «enseñará que la actividad homosexual y la actividad heterosexual son moralmente equivalentes», escribía el cardenal. Muchos canadienses no están de acuerdo con esto, añadía.

La religión en dique seco
También expresaba preocupación por las garantías legales que protejan a los funcionarios y organizaciones religiosas que deseen rechazar la celebración de matrimonios del mismo sexo que son contrarios a su fe.

Esta preocupación tiene su fundamento, como revelaba un reportaje del 25 de enero en la Canadian Broadcasting Corporation. Una pareja de lesbianas de la provincia de la British Columbia ha llevado a los Caballeros de Colón ante el tribunal de derechos humanos, acusándoles de discriminación por rechazar el alquilarle una sala para su celebración matrimonial.

Los procedimientos ante el tribunal comenzaron el 31 de enero. La pareja alega que los Caballeros cancelaron la reserva tras descubrir que eran una pareja del mismo sexo y que esto es discriminatorio.

En un editorial el 26 de enero el periódico National Post observaba que aunque el Tribunal Supremo en su sentencia de diciembre dictaminó que no se debería obligar a las iglesias a celebrar matrimonios del mismo sexo, «los precedentes en esta área no nos dan mucha tranquilidad... los juristas y burócratas canadienses parecen estar todos demasiado impacientes por añadir libertades que puedan sumarse a la causa más de moda de la igualdad gay».

También ha sido patente la hostilidad a la oposición de la Iglesia al tema de los matrimonios del mismo sexo en comentarios hechos por el ministro de asuntos exteriores, Pierre Pettigrew. Pidió a la Iglesia católica que «dejara de meter su nariz en la legislación sobre matrimonio del mismo sexo del gobierno», informó el 28 d enero el National Post. El artículo también observaba que el primer ministro había ordenado a todos los miembros del gabinete que votaran con el gobierno apoyando la ley.

El arzobispo de Edmonton, monseñor Thomas Collins rechazó las observaciones de Pettigrew. «Tenemos todo el derecho de hacer que también se oiga nuestra voz», afirmaba. El arzobispo añadía que la oposición católica a los matrimonios del mismo sexo es compartida por otras organizaciones cristianas, así como por los musulmanes, hindúes, sijs y judíos ortodoxos.

En los próximos días veremos los esfuerzos de estos grupos para hacer descarrilar la legislación. Reuters informaba el 2 de feb rero de que Canada Family Action Coalition está imprimiendo medio millón de panfletos para oponerse a la ley y está organizando una manifestación masiva. Otra organización, Concerned Christians Canada, convocó una manifestación el día 5 de febrero pasado en la ciudad de Calgary.

Y, según Reuters, Tom Reilly, secretario general de la Conferencia Episcopal Católica de Ontario, afirmó que la Iglesia había comenzado conversaciones con representantes de los sijs y otros credos para coordinar acciones contra la ley. Se trata ciertamente de un momento crucial para la sociedad canadiense.