BUENOS AIRES, jueves, 17 febrero 2005 (ZENIT.org).- Ante la inminente ratificación por parte del Senado argentino de un protocolo que promovería la legalización del aborto y de la prostitución, el Secretariado Nacional para la Familia, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, considera que ese documento de las Naciones Unidas «violenta la soberanía legislativa de la nación».
En una nota publicada este jueves, el secretario hace una valoración del Protocolo Opcional de la Convención para Erradicar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocido con sus siglas en inglés como CEDAW) que otorga facultades supranacionales a un Comité –Comité sobre la Eliminación de la Discriminación en Contra de las Mujeres–, que funciona en la ONU para acoger denuncias y emitir recomendaciones contra los Estados que no ajustan su legislación a la Convención.
Dado que este Comité puede emitir sus recomendaciones aunque violen el régimen legal vigente en el país al que se dirige, el protocolo «violenta la soberanía legislativa de la nación», comienza aclarando el comunicado.
El secretariado revela que este Comité se ha destacado en años precedentes por la promoción del aborto. Por ejemplo, «en 1999 manifestó a Colombia preocupación por la ilegalidad del aborto. En 2001 recomendó a Ecuador modificar la Constitución para facilitar el aborto».
El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación en Contra de las Mujeres, según el comunicado, «propone la sistemática violación a la libertad de conciencia». Como ejemplo pone la crítica que en 1998 lanzó contra Italia y Croacia «por incluir cláusulas en sus legislaciones que respetan la libertad de conciencia de los profesionales médicos que se rehúsan a la práctica del aborto».
Según el secretariado, el Comité «promueve la legalización de la prostitución», pues la CEDAW ha pedido a China despenalizar esta práctica en función del artículo 11 inc. c que reconoce la libre elección de profesión y empleo. «De este modo, incluye a la prostitución dentro de la categoría laboral con todas las implicancias que esto supone», añade el secretariado.
En caso de que se apruebe el Protocolo, afirma el texto, éste podrá ser utilizado como una «ley mordaza» para quienes se opongan a sus dictámenes.
«Como las recomendaciones de la CEDAW tendrán un carácter obligatorio para los Estados, los obligará a legislar en función de las recomendaciones, en ese caso pondrá al margen de la ley toda actividad que se oponga a la misma, considera.
«Como anticipo a esta acción totalitaria, en las observaciones al gobierno Argentina solicita llevar un registro de aquellos que se oponen a la educación sexual en las escuelas. Es de suponer que tal recomendación se efectúa con algún fin. El sólo hecho de la elaboración de listados resulta una medida discriminatoria e intimidatoria para aquellas organizaciones religiosas u organizaciones sociales que manifiestan una opinión diferente. Esto supone un regreso al pasado y la muerte de la Democracia», concluye el texto.
El texto completo puede leerse en la página web de la agencia católica argentina www.aic.org,
