Así se acordó con la aprobación de una enmienda del sindicato STEs al informe que este órgano enviará al Ministerio de Educación y Ciencia, que tuvo trece votos a favor y trece en contra –aclara «Análisis Digital», publicación de la Fundación «García Morente», dependiente del arzobispado de Madrid–.
Pero el voto de calidad de la presidenta del Consejo, Marta Mata (designada por el Consejo de Ministros del gobierno socialista de España) deshizo el empate a favor de la enmienda.
Dicha enmienda apunta que el artículo primero de los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 –que señala que «en todo caso, la Educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana»– es contrario a los derechos de los ciudadanos. Esta situación, añade, exige «plantear al Gobierno la derogación de este acuerdo».
El debate del jueves del Pleno del Consejo se centró sobre el Proyecto del Ministerio de Educación «Una educación de Calidad entre todos y para todos».
En el texto, que será enviado al Ministerio de Educación, se pide que la asignatura de la Religión se imparta fuera del horario escolar, que no sea evaluable y que no tenga una asignatura alternativa, propuesta que choca con 3 millones de padres que firmaron en contra en una campaña de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).
María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar de Estado, reconoció este viernes a «Veritas» que la sesión de la víspera del organismo oficial estuvo «llena de agresividad, de revancha y de dureza en todos los sentidos».
Aseguró que en la reunión, que definió de «lamentable», se votó «reiteradamente contra la Constitución Europea y contra los Acuerdos Iglesia-Estado en lo que se refiere a Religión y Moral Católica, llegando incluso a solicitar su derogación».
En concreto, aseguró que en dos momentos «explícitamente» se pidió la derogación de los Artículos I, II y III.
Sobre el Artículo I, que pide que la enseñanza en la escuela pública debe ser respetuosa con los valores de la ética cristiana, María Rosa de la Cierva aseguró que en la reunión «se dijo que este artículo va en contra de los derechos de los ciudadanos».
Su opinión, en este sentido es que «es falso que vaya en contra de los derechos de los ciudadanos»; además «el Consejo no tiene competencia sobre este punto».
También denunció que se «votó para que los profesores de Religión no puedan ocupar puestos en los órganos de gestión de los centros», opción que se aprobó por el voto a favor de la presidenta del Consejo, Marta Mata.
Esta decisión «va en contra del Artículo III de los Acuerdos», que se refiere directamente al profesorado de religión.
«Se han conculcado los Artículos I, II y III, lo que significa conculcar la Constitución Española en su artículo 96.1, en el que se dice que los Acuerdos [Internacionales], debidamente sellados y publicados, pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno», alertó.
«¿Cómo es posible que una Institución oficial como es el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de la Comunidad Educativa cuyos informes para el Ministerio de Educación son preceptivos, aunque no vinculantes, pueda realizar las votaciones en contra de la Constitución Española y de los Acuerdos Iglesia-Estado?», cuestiona «Análisis Digital».
«Realmente es un asunto tremendo (…) que un Consejo Escolar del Estado se haya metido en un campo que no le compete, a solicitar nada menos que la renuncia de unos acuerdos internacionales», declaró a «Veritas» Manuel de Castro, presidente de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Centros Católicos (FERE-CECA).
Según de Castro, «lo más grave es que haya sido promovido o aceptado con el voto de calidad por parte de la presidenta del Consejo Escolar, que tiene que velar por un Consejo pluralista, pues es de todos».
El Consejo Escolar, «no conforme con imponer los puntos de vista de una mayoría creada artificialmente, se ha saltado la legalidad constitucional y el ordenamiento jurídico español», pidiendo «la exclusión de la enseñanza religiosa del currículo escolar, despreciando así los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos», denuncia CONCAPA.
Es preocupante que esta propuesta, «ilegal», «haya salido adelante con el voto de la Presidenta, Marta Mata», una actuación que «la incapacita para ejercer cualquier cargo público en el actual marco constitucional», motivo por el que CONCAPA le ha solicitado «expresamente su dimisión» –y su cese al Ministerio de Educación–, según confirma en una nota enviada a Zenit.
De «tropelía jurídica y moral» califica por su parte la cadena «COPE» (de la Conferencia Episcopal Española) la actuación del jueves del Consejo Escolar de Estado.
Allí «se ha consumado –dice un boletín de la emisora radiofónica– el primer tiempo de una estrategia de acoso y derribo de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, con la aprobación, gracias al voto de calidad de su presidenta, Marta Mata, de una propuesta que solicita al gobierno la denuncia de los citados Acuerdos, al considerarlos contrarios a los derechos de los ciudadanos contemplados en la Constitución».
«Hay que subrayar que la composición del Consejo ha sido alterada por el Gobierno socialista para conseguir una mayoría de cuño claramente laicista», advierte.
«A esta iniciativa –añade– se suman otra serie de tropelías jurídicas entre las que destacan la propuesta de sacar la asignatura de religión del horario escolar o la de reducir al máximo la presencia y participación de los profesores de religión en las instituciones docentes».
Estas propuestas –denuncia– «son contrarias a la Constitución española, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, a la carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 26.3 reconoce el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que ha de darse a sus hijos».
«Además, es inaceptable la utilización política de un órgano consultivo que en lugar de favorecer el pacto escolar, pretende alterar los fundamentos mismos del Estado democrático, social y de derecho», concluye.
