«Se deben superar las actitudes discriminatorias, racistas y de enfrentamiento en todos los ámbitos que nos llevan a la confrontación entre hermanos», subrayan los obispos bolivianos en un comunicado.
Unos 1.000 indígenas que reclamaban la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia rompieron ventanas, atacaron a comerciantes y destrozaron automóviles el miércoles en las zonas más ricas de la capital en medio de una creciente tensión racial dentro de las masivas protestas nacionales, informan las agencias internacionales.
Choferes del transporte público paralizaron el jueves para exigir al Congreso una solución a las demandas. En la vecina ciudad de El Alto, juntas de vecinos cortaron todos los accesos a esta ciudad y al resto del país exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos.
Los maestros de escuelas públicas se encuentran en huelga desde hace nueve días para reclamar un aumento salarial.
Mientras cuatro regiones en las que hay reservas de petróleo y gas exigen un referéndum sobre autonomías antes de agosto, sindicatos y habitantes del oeste, incluida La Paz, demandan que primero se realice la Asamblea Constituyente.
Tras insistir en que urge que las demandas sean tratadas de «manera equilibrada, con actitudes sensatas y razonables, que permitan dar una respuesta global y encaminar una salida urgente a la coyuntura», los obispos llaman a los poderes Ejecutivo y Legislativo a «asumir la enorme responsabilidad que hoy tienen».
«Sus decisiones –advierten– tendrán un carácter histórico por lo estructural de los temas y podrán contribuir a superar el clima de conflicto que vivimos o a profundizarlo con imprevisibles consecuencias».
También convocan a los líderes sociales y políticos a «asumir su responsabilidad ciudadana, mediante un cambio de actitudes, para establecer condiciones constructivas y pacíficas en beneficio de todo el país, ya que la violencia, venga de donde venga, sólo acarrea mayor dolor y sufrimiento».
«Ratificamos nuestra confianza en que se dará una pronta, dialogada y positiva solución a esta coyuntura, en el marco de la democracia, el bien común y el estado de derecho en que vivimos», concluye el mensaje.
