MADRID, jueves, 23 junio 2005 (ZENIT.org).- En virtud de la Constitución y de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, la formación religiosa debe impartirse a los alumnos con las mismas condiciones académicas y didácticas que el resto de las áreas, recordó este jueves el episcopado español.
En la fecha se han constituido la Comisión Mixta Iglesia-Estado sobre cuestiones de educación y ha celebrado su primera reunión en un clima de «cordialidad y respeto».
En el encuentro –añade un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal Española– «hemos expuesto nuestras preocupaciones por la educación española en general, por las concretas dificultades que genera el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación en los que se refiere a la escuela de iniciativa social, la libertad de enseñanza, la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y las necesarias concreciones al contenido de la Disposición Adicional 2ª sobre la enseñanza de la religión y sus profesores».
«En estos puntos hemos apoyado las enmiendas presentadas por las instituciones que defienden la libertad de enseñanza», expresa el texto, que leyó el vicepresidente del episcopado, el arzobispo –de Toledo– Antonio Cañizares.
La delegación eclesial recuerda que «la postura de la Conferencia Episcopal Española está fundamentada en el artículo 27.3 de la Constitución y en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979».
En concreto recuerdan que el texto constitucional «obliga al Estado a garantizar el derecho de los padres a la formación religiosa y moral según las convicciones»; dicha formación «no puede ser infravalorada, sino que debe figurar como área junto al resto de las enseñanzas».
«Para que esta enseñanza se dé con las garantías mínimas debe ser equiparada a disciplina fundamental según establece el mencionado Acuerdo Internacional, es decir, debe impartirse con las mismas condiciones académicas y didácticas que el resto de las áreas», recuerdan.
Ello supone «que las autoridades académicas habrán de adoptar las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar», subraya la delegación eclesial.
«El derecho a la formación es de todos, no sólo de los que optan por la religión católica –puntualiza–. No pretendemos que todos estudien religión, sino que todos sean formados según sus convicciones», algo que «el Estado debe garantizar».
Monseñor Cañizares explicó que la ministra de educación le ha trasladado que la asignatura de religión será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos, pero no ha especificado si será evaluable, menciona la emisora de radio «COPE.es».
«El respeto en un Estado de Derecho a las leyes, sobre todo si son del más alto nivel, como ocurre con los Tratados Internacionales, es un principio fundamental de la democracia», subrayó Rafael Navarro-Valls (Catedrático de Derecho en Madrid) en declaraciones a Zenit hace pocos meses recordando «lo que dice textualmente el Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales».
De acuerdo con el texto normativo, «los planes educativos en los niveles de educación preescolar, de Educación General Básica y de Bachillerato y Grados de Formación Profesional (…), incluirán la enseñanza de la Religión Católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla».
«Repárese que se habla de “disciplina fundamental”, lo que exige que puntúe en los curricula de los alumnos e influya a la hora de obtener beneficios y becas por parte de los estudiantes», precisó el experto en Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (Cf. Zenit, 30 enero 2005).
A la reunión de la Comisión Mixta Iglesia-Estado asistieron, por parte del Ministerio de Educación de España la ministra María Jesús San Segundo, Alejandro Tiana Ferrer –secretario general de Educación–, Fernando Gurrea Casamayor –subsecretario del Ministerio– y José Luis Pérez Iriarte –director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa–.
Por parte de la Conferencia Episcopal Española asistieron monseñor Antonio Cañizares, monseñor Antonio Dorado Soto –obispo de Málaga, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (CEEC)–, el padre Juan Antonio Martínez Camino –secretario general del episcopado— y el padre Modesto Romero Cid –director del secretariado de la CEEC–.
Se ha acordado continuar el diálogo en el próximo mes de julio a fin de concretar el desarrollo de la ley en cuanto a la enseñanza religiosa y al estatuto jurídico de los profesores.
Según apunta «Veritas», tras la lectura del comunicado monseñor Cañizares explicó que aunque ha habido otras reuniones entre la Iglesia en España y el Ministerio de Educación, ésta era la primera en la que la delegación eclesial representaba a la Santa Sede, pues se trata de discutir aspectos contemplados en un Acuerdo Internacional, firmado entre ella y el Gobierno Español.
