NUEVA YORK, domingo, 18 septiembre 2005 (ZENIT.org).- Publicamos el discurso que pronunció el 16 de septiembre el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado, durante la Cumbre de jefes de estado y de gobierno de 170 países celebrada en la sede de las Naciones Unidas.
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Señor Presidente:
Tengo el honor de transmitir los más cordiales saludos de Su Santidad Benedicto XVI a usted y a los Jefes de Estado y Gobierno aquí reunidos, así como a los demás Representantes de los Estados miembros de la Organización.
Mi voz quiere también ser un eco de los católicos de todo el mundo, que ven a las Naciones Unidas como una institución cada vez más necesaria para la paz y el progreso de toda la humanidad.
Han pasado sesenta años del ya lejano 26 de junio de 1945, cuando nacía esta Organización, con el fin de llevar a cabo los cuatro grandes fines enunciados en el preámbulo de su Estatuto. Ha sido mucho lo que se ha hecho durante estos años al servicio de la humanidad. Sin embargo, este organismo, como toda realidad humana, ha sufrido muchos desgastes en el transcurso de estos años. Hay ahora una común convicción de que debe renovarse, afrontando los grandes retos del momento presente.
1. Actualidad de la ONU
La ONU no es ciertamente un supergobierno. Es más bien el resultado de la voluntad política de cada uno de los países miembros. La gente común, los miles de millones de personas que componen el «we the people» de la Carta de la ONU reclaman, sin embargo, a los responsables de las naciones: dadnos una institución moderna, capaz de tomar determinaciones y de hacerlas respetar. Este es un llamamiento apremiante que llega hasta nosotros por parte de hombres y mujeres decepcionados por promesas hechas y no cumplidas, por resoluciones adoptadas y no respetadas. Este grito debe infundirnos la determinación necesaria para emprender una reforma institucional de la ONU, una reforma que esté atenta a las exigencias reales de nuestros pueblos más que a los equilibrios de poder.
A este respecto, se puede decir que los mecanismos establecidos en los capítulos VI y VII del Estatuto de las Naciones Unidas conservan todo su valor y contienen los criterios necesarios para prevenir las amenazas contra la paz y para garantizar la seguridad colectiva. Pero hoy, este marco jurídico debe completarse con los instrumentos jurídicos internacionales necesarios para el desarme y para el control del armamento, para la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional y para la cooperación efectiva entre las Naciones Unidas y los organismos regionales, a fin de resolver las situaciones de conflicto.
2. Responsabilidad de la ONU
La larga historia de las operaciones de paz («peacekeeping»), con sus éxitos y fracasos, ofrece un rico acervo de experiencias para desarrollar parámetros de acciones futuras para la solución de los conflictos. A tal fin, la Santa Sede es favorable a la creación de un organismo para llevar de nuevo la paz a los Países que sufren enfrentamientos armados. La Santa Sede es favorable a la «Peacebuilding Comission», que podría planificar y poner en práctica una ambiciosa estrategia para superar aquellos factores de rivalidades étnicas que son la causa de los conflictos y que pueden volver a serlo en el futuro.
Las tragedias acaecidas en los Balcanes, en Medio Oriente y en África nos deben hacer meditar. Ahora es importante el compromiso que asumamos para fomentar una cultura de prevención de los conflictos, pero también será necesario profundizar bien en el problema del uso de la fuerza para desarmar al agresor. La «Responsabilidad de proteger» trae su origen desde un concepto político y jurídico muy importante, desarrollado progresivamente en los 60 años de existencia de la ONU. Ello nos recuerda, esencialmente, la preeminencia de la dignidad de cada hombre o mujer sobre el Estado y sobre todo sistema ideológico. Por esto, forma parte del conjunto de principios internacionales superiores y fundamentales conocidos como «jus cogens».
Ante esta reforma de la ONU, la Santa Sede pide a los Estados que tengan la valentía de continuar los debates sobre los modos de aplicación y las consecuencias prácticas del principio de la «Responsabilidad de proteger», con el fin de poner remedio de manera oportuna, a través del Consejo de Seguridad y siguiendo las indicaciones del capítulo VII del Estatuto de la ONU, a aquellas situaciones en las cuales las autoridades nacionales no quieren o no pueden proteger a sus propias gentes, frente a las amenazas internas y externas. El Estatuto de las Naciones Unidas, en su proemio, dice precisamente que las Naciones Unidas han nacido «con el fin de salvar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra».
Para ello, la consecución e incluso la superación de los «Millennium Development Goals» sigue siendo un deber de justicia al servicio de la dignidad humana y, al mismo tiempo, una condición indispensable para la paz y para la seguridad colectiva, incluida la eliminación o reducción sustancial del peligro del terrorismo y de la criminalidad internacional.
3. Compromiso por el desarrollo
Dirigiendo, pues, la mirada al gran tema del desarrollo, debemos reconocer que en los últimos años hemos sido testigos de varios gestos prometedores por parte de los gobiernos. Por ejemplo, la propuesta de nuevos mecanismos para financiar el desarrollo (el «US Millennium Challenge Account», la «International Financial Facility», los «Nouveaux mécanismes de taxation internationale» propuestos recientemente por el Gobierno Francés, y por otros Estados, etc.) y, particularmente, las últimas decisiones tomadas en Gleneagles por el G-8, son muy apreciadas por la Santa Sede. Pero, aún queda mucho que hacer para lograr una movilización económica y financiera solidaria. Esa no puede dejar de tener en cuenta la solución del problema de la deuda de los Países más pobres y también de aquellos Países de renta media con graves dificultades de endeudamiento externo, fomentando de nuevo la ayuda pública al desarrollo (ODA, «Official Development Assistance») y una generosa apertura de los mercados en favor de los Países pobres.
Ciertamente, esta actuación de los países desarrollados debe ir acompañada de una nueva asunción de responsabilidades por parte de los gobiernos de los países en vías de desarrollo, que tienen el deber de combatir la corrupción, garantizar la legalidad («rule of law») y sobre todo de comprometerse en los aspectos sociales del desarrollo, como la educación, la seguridad en el empleo y la asistencia sanitaria básica para todos. A la humanidad expuesta a las actuales pandemias y a otras peligrosamente en acecho, a las masas de seres humanos privados de acceso a la salud básica, a la aspirina y al agua potable, no podemos ofrecerles una visión ambigua, limitada o, sin más, ideológica de la salud. Por ejemplo, ¿no sería mejor hablar claramente de «salud de las mujeres y los niños» en vez de usar el término de «salud reproductiva»? ¿Acaso se quiere volver a hablar de un derecho al aborto?
4. Aportación de la Santa Sede
Señor presidente, la Santa Sede tiene ante todo una misión espiritual, pero de ella deriva precisamente su deber de estar presente en la vida de las Naciones y su compromiso de promover la justicia y la solidaridad entre los hombres. Con esta convicción, la Santa Sede renueva todo su apoyo a los objetivos de esta Cumbre y se esforzará para que produzca rápidamente los frutos esperados y pueda surgir pronto una era de paz y de justicia social. Siempre es actual una frase pronunciada por el recordado Papa Juan Pablo II en su célebre viaje a Chile en 1987: «Los pobres no pueden esperar». ¡Gracias!
[Traducción distribuida por Misión de la Santa Sede en las Naciones Unidas, Nueva York]
