MANCHESTER, Inglaterra, sábado, 4 febrero 2006 (ZENIT.org).- Los padres británicos no tienen derecho a saber si sus hijos quieren abortar. Esto es lo que el Tribunal Supremo del país decidió el 23 de enero en un caso planteado por un ama de casa de Manchester.
Sue Axon, de 52 años, intentó invalidar la ley que permite a las chicas de menos de 16 años ser aconsejadas sobre el aborto de forma confidencial. Sue dejó claro que este paso no se debía a problemas con sus hijas propias hijas adolescentes, informó el periódico Observer el 6 de noviembre. Por el contrario, se debía al aborto «amargamente lamentado» a que ella misma se sometió hace dos décadas, y a sentirse indignada cuando oye hablar de casos que implican a chicas adolescentes que han abortado sin el conocimiento de sus padres.
Durante el proceso, Axon explicó en su testimonio: «La vida familiar depende de las relaciones de confianza, franqueza, respeto y transparencia entre los miembros de la familia – no del secretismo, o a lo que puede haber de mentira por parte de los hijos en relación con lo que están haciendo», informaba el 9 de noviembre la BBC.
El Tribunal Supremo no aceptó sus argumentos. Según el juez Stephen Silber, ningún padre tiene derecho a saber si su hija está pensando en abortar, según un reportaje de la BBC del 23 de enero.
Axon, tras el juicio, comentaba: «Tras haber sufrido el trauma del aborto, puse la demanda para asegurarme de que los profesionales de la medicina no llevaría a cabo un aborto a una de mis hijas sin informarme primero. Así podría discutir con ella un acontecimiento que le cambiará la vida y proporcionarle el apoyo que necesitase».
Las críticas a la decisión fueron inmediatas. Julia Millington de la ProLife Alliance apuntaba que sin el consentimiento de sus padres no se puede dar a un escolar ni siquiera un analgésico. Además, a los menores de 16 años no se les permite comprar cigarrillos, alcohol o material pirotécnico. También se requiere el consentimiento paterno si los niños quieren tener un piercing en la oreja.
«No obstante, una chica joven puede tomar la decisión de poner fin a la vida de otro ser humano sin que sus padres sepan nada sobre ello», observaba Millington. «Las contradicciones son asombrosas».
En una nota de prensa publicada el mismo día de la decisión del tribunal, Paul Tully, secretario general de la Society for the Protection of Unborn Children, reflexionaba sobre las consecuencias negativas del aborto. «El aborto, al matar a un niño no nacido, puede tener a largo plazo efectos físicos, sociales y psicológicos en las jóvenes», afirmaba.
El caso de Estados Unidos
Hace dos semanas, se dio un caso parecido en Estados Unidos cuando el Tribunal Supremo emitió una sentencia sobre una ley de New Hampshire. Los jueces del Tribunal Supremo, en una rara sentencia unánime, determinaron que los tribunales menores no tienen capacidad para eliminar una ley, que requería que las adolescentes, antes de abortar, se lo notificasen a sus padres, informó el 19 de enero el Washington Post.
El asunto volverá ahora a un tribunal menor, con orden de emitir una sentencia que mantenga el requisito de la notificación, pero con una «protección» en casos de emergencias. La ley del 2003 contiene la excepción del riego para la vida en una chica embarazada. Pero esto no cubre lo que podría ocurrir si hay otro tipo de emergencia sanitaria.
La sentencia del Tribunal Supremo no entró a valorar los méritos o deméritos de la ley, pero estableció que las leyes de notificación son aceptadas como constitucionales. Según el Washington Post, todos los estados menos seis tienen alguna forma de reglamentación que requiere que los menores impliquen al menos a uno de los progenitores o tutores en la decisión de abortar, normalmente con excepciones – que debe decidir un juez – en casos de abusos o circunstancias especiales.
Deirdre McQuade, director de planificación e información del Secretariado Pro-Vida de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, lamentaba que el Tribunal Supremo no hubiera entrado en las cuestiones más importantes de la ley de New Hampshire. En referencia al caso parecido de la sentencia de Row vs. Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos, McQuade afirmaba: «No han dejado con más preguntas que respuestas –especialmente con respecto a la así llamada excepción por salud, establecida por primera vez hace 33 años en Doe vs. Bolton».
Susan Wills, directora asociada para educación en la oficina Pro-Vida de la Conferencia Episcopal, sopesaba la sentencia del 23 de enero en un artículo escrito para National Review Online.
Wills criticaba lo que ella consideraba un acento excesivo puesto por los tribunales en el concepto de protección a la salud de los adolescentes, en el tema de las leyes de notificación a los padres. De hecho, observaba que la ley de New Hampshire se pensó para proteger la salud, asegurando que, entre otras cosas, para la salud de la chica un familiar adulto esté presente para evitar complicaciones y proporcionar apoyo emocional.
«¿Si una menor embarazada corriera verdaderamente un riesgo para su salud, no tendría más sentido notificarlo a sus padres en vez de llevar a cabo una operación quirúrgica importante a sus espaldas?», preguntaba Wills.
Hay más probabilidades de que haya problemas para la salud, continuaba Wills, al proceder con un aborto que retrasarlo mientras se notifica a sus padres. Citando especialistas, indicaba que los problemas con los abortos pueden llevar a problemas de infertilidad. «Incluso la más permisiva de las reglamentaciones», concluía, «puede ser declarada inconstitucional por causa de las objeciones más inverosímiles».
El papel de los padres
Con motivo de las sentencias de los tribunales británicos y estadounidenses, varios comentaristas analizaban la necesidad de implicar a los padres en cualquier decisión de abortar de uno de sus hijos. John Kass, columnista del Chicago Tribune, observaba el 30 de noviembre que lo que está en juego es un tema crucial para todas las familias.
El peso de seguir adelante con una cosa tan grave como un aborto no es algo con lo que a ninguna hija se la pueda dejar sola, comentaba Kass. Y las hijas temerosas de decepcionar a sus padres al revelarles su embarazo deberían confiar más en el amor de sus padres, afirmaba.
Dani Caravelli, escribiendo en el periódico Scotland on Sunday el 13 de noviembre, comentaba que se está privando a los padres del derecho a ofrecer consejo y apoyo en el área de la actividad sexual. Se puede incluso multar a los padres si sus hijos se saltan la escuela, pero se quedan a oscuras si buscan abortar, observaba.
De hecho, el tema de la confidencialidad ha sido una pieza clave de la campaña del gobierno de Blair en el área de la salud sexual. No obstante, al mismo tiempo que el gobierno insiste en dejar a oscuras a los padres, y a pesar de los millones gastados en campañas de salud sexual, han aumentado los embarazos adolescentes. «Para ser más claros, el aumento ha sido mayor en las zonas del país que han sido más objeto de los esfuerzos del gobierno», observaba Caravelli.
Los padres no son perfectos, admitía, pero tampoco lo son los asistentes sanitarios, que no conocen a sus pacientes y pueden verse influidos por el entusiasmo del gobierno por el aborto como la solución a cualquier embarazo «imprevisto».
Otro defecto tiene que ver en cómo consideran los tribunales la capacidad de los adolescentes. En un comentario el 13 de marzo en el Boston Globe, Christopher Shea observaba que, en el entonces reciente caso de Roper vs. Simmons, el Tribunal Supremo sentenció que era «cruel e inusual» ejecutar a alguien con menos de 18 años.
En los argumentos expuestos ante el tribunal, la American Psychological Association indicó que «la impulsividad, la susceptibilidad
a la presión de los compañeros, e incluso el subdesarrollo físico del cerebro hace a los adolescentes menos culpables de sus acciones que los adultos legales», escribía Shea.
No obstante, en un caso de 1990, sobre el consentimiento paterno al aborto, la misma asociación defendió la capacidad mental de los menores para decidir por ellos mismo los complejos temas implicados en un aborto. Defender el aborto, según parece, permite que se eliminen los estándares normales de salud y cuidado de los menores.
