MADRID, miércoles, 22 febrero 2006 (ZENIT.org).- Numerosas reacciones y adjetivos desfavorables han acompañado, antes y después de su aprobación en el Congreso español de los Diputados --el jueves pasado--, el proyecto de Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (LTRHA) impulsado por el actual Gobierno socialista.

Tal norma, como se advertía con antelación desde el episcopado de España, constituye una «licencia legal para clonar seres humanos» (Cf. Zenit, 10 febrero 2006).

Ya la víspera del debate parlamentario, el «Foro Español de la Familia» (FEF, que representa a 4 millones de familias del país) denunciaba en nota de prensa que la ley «subordina el derecho a la vida ante la experimentación y el abuso tecnológico», pues desprotege «la vida humana en su fase embrionaria».

En concreto el FEF (www.forofamilia.org) mostraba su rechazo por «la legalización del llamado “bebé medicamento”, la clonación y la utilización indiscriminada de embriones para la experimentación, la fecundación post mortem y la eliminación de todo límite al número de embriones que se pueden fabricar in vitro, por resaltar sólo las novedades más graves de esta ley».

Un paso atrás «notable», por lo tanto, daba la aprobación de esta norma respecto «a las primeras garantías introducidas en 2003 [por el anterior Gobierno, del Partido Popular. Ndr.] para poner límite al número de embriones producidos y congelados y a su experimentación», denunciaba Benigno Blanco, presidente del FEF y abogado.

«Las células madre que proceden de embriones humanos no pueden curar hoy día ninguna enfermedad, mientras que con células madre procedentes de tejido adulto --que no tienen ninguna contraindicación ética-- ya existen aplicaciones terapéuticas eficaces y se están realizando en nuestros hospitales con toda normalidad», recordaba Benigno Blanco.

Dando noticia del visto bueno del Congreso de los Diputados al proyecto de la LTRHA, «que permitirá la selección genética de embriones con fines terapéuticos para terceros», la cadena de radio COPE recogía ese mismo día las declaraciones del portavoz y secretario general del episcopado español, el sacerdote Juan Antonio Martínez Camino.

El padre Martínez Camino insistió en que la nueva normativa es «muy preocupante para la conciencia justa y recta de los ciudadanos en el trato con el ser humano», al permitir «la eugenesia», «la clonación de seres humanos» y «el trato de los embriones como material de comercio».

Desde Italia, el 17 de febrero, el diario «Avvenire», en un artículo titulado «”Desgarro” en Madrid», sintetizaba: «Fecundación: España derriba los límites de la ética».

«España se “desagarra” más con el sí a la investigación con embriones y al diagnóstico pre-implantación», apuntaba el diario italiano aludiendo a «las dos novedades principales previstas por la nueva ley».

Presidente de la «Asociación de Bioética» y médico endocrinólogo del Hospital La Paz de Madrid, el doctor Manuel de Santiago advertía de las «trampas» del texto legislativo y de sus contradicciones, porque aunque prohíbe la clonación con fines reproductivos, «no se opone a la terapéutica», lo que significa «no prohibir la clonación humana para investigar».

De estas declaraciones se hacía eco «Análisis Digital» --órgano informativo de la archidiócesis de Madrid-- en vísperas de la aprobación del proyecto de LTRHA, y alertaba de que «se deja la puerta abierta para crear embriones, utilizarlos en el caso de que genéticamente estén bien equipados y cuando hayan cumplido su función al servicio de al ciencia, deshacerse de ellos», cosa que «supone prohibir su derecho fundamental a la vida».

Otra de las «trampas» de la LTRHA es que se ha trasladado a la opinión pública la idea de que beneficiará a la gran mayoría de la sociedad, pero el doctor de Santiago aclaró que sus supuestos beneficios utilitarios llegarán a «contadísimos grupos de personas», mientras que el daño –escribe «Análisis Digital»-- que se hará con el desperdicio de incontables embriones es absolutamente mayor.

El citado especialista también criticó que España desoyera las recomendaciones de «sentido común» de la ONU de prohibir todo tipo de clonación por vía legislativa.

Por su parte, en una reflexión titulada «La revolución animal ya está aquí», Teresa García-Noblejas --presidenta de Profesionales por la Ética, Federación Española de Asociaciones (profesionalesetica.com), recordaba que «la reproducción asistida ya estaba autorizada en España y no era necesario ampliarla, porque la producción artificial de seres humanos la realizan numerosas clínicas privadas y públicas».

«El único objetivo de esta nueva ley es enriquecer a los centros que almacenan cientos de miles de embriones congelados con los que a partir de ahora se podrá experimentar y comercializar sin límite», denunciaba.

Éste es uno de los documentos que, en los últimos días, la Conferencia Episcopal Española ha reunido entre otras reacciones a la LTRHA, como la del obispo Juan Antonio Reig Pla --presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida--.

El citado prelado denuncia en una entrevista que el proyecto legislativo «puede constituirse en una verdadera arma de destrucción masiva de vidas humanas, así como de la integridad psicológica de los que sobrevivan a ella», y es «un instrumento para facilitar el suicidio silencioso e inexorable de nuestra civilización, que no es otra que la Civilización del Amor».

Por su parte, el obispo Jesús Sanz Montes --de Huesca y Jaca-- no ha dudado en definir la LTRHA como una «OPA hostil» [en términos mercantiles, «Oferta Pública de Adquisición». Ndr.] «contra el hombre».

El prelado se hace eco de la Nota del episcopado español y recalca que «los cristianos no estamos en contra del avance de la ciencia», sino que «abogamos por una línea investigativa a partir de las células madre, en lugar de jugar irresponsablemente a ser dioses».

«Da miedo pensar el dinero que hay detrás de una ley así en las industrias que se beneficiarían de su desarrollo, y da miedo pensar que sería un guiño más a una progresía (paradójicamente tan involucionista) para recabar a costa de la vida una ulterior rentabilidad electoral», reconoce.

Junto a otras muchas reacciones de prelados españoles, el lunes pasado, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela --monseñor Fernando Sebastián Aguilar-- publicó una carta bajo el título «Una ley cruel y engañosa» aludiendo a la LTRHA, a la que también calificó de «discriminatoria» y «totalitaria», dados sus contenidos, y porque en ella «la autoridad pretende poder decidir sobre la vida y la muerte de miles de seres humanos».