CIUDAD DEL VATICANO, sábado, 1 abril 2006 (ZENIT.org).-Con motivo de la Conferencia Internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo rural, organizada por la FAO del 7 al 10 de marzo en Porto Alegre (Brasil), la Santa Sede preparó una «Nota técnica», cuyo texto presentamos a continuación.
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1. La Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural que la FAO, en colaboración con el gobierno de Brasil, ha convocado en Porto Alegre, es una ocasión para una reflexión atenta sobre la situación del mundo rural y para responder con respuestas adecuadas al ansia de justicia y al deseo de desarrollo de todos aquellos que viven en él. Frente a nosotros se presentan temas importantes para la familia humana que, por lo mismo, también interpelan directamente a la Santa Sede y a la Iglesia católica que, conforme a su naturaleza y misión, se sienten llamadas a sostener la causa del hombre en cualquier circunstancia.
Los responsables de los Estados, de las Organizaciones Internacionales y de las organizaciones que son expresión de la sociedad civil tienen la oportunidad de examinar los compromisos asumidos anteriormente y las actuaciones que de ellos han dimanado y, al mismo tiempo, de proponer orientación para el futuro de más de 900 millones de personas que, representando a las tres cuartas partes de la población pobre del mundo, viven en zonas rurales en situaciones de pobreza extrema (1). Un futuro que se presenta siempre más incierto, como indican las informaciones sometidas a la consideración de la Conferencia, y que, por ello, requiere la intervención necesaria, sea mediante la acción de cada uno de los países o a través de las diversas iniciativas ofrecidas por la cooperación internacional.
No sólo se trata de robustecer la solidaridad internacional, para afrontar de modo consciente los grandes desafíos planteados por el objetivo del desarrollo de los pueblos y, dentro de este, por la tarea específica de garantizar a la humanidad una seguridad alimentaria efectiva, sino que también se trata de dar respuestas válidas a los anhelos de los trabajadores de la tierra, pequeños campesinos, artesanos, y sus familias, que viven y trabajan en el mundo rural. Se ha de evitar el riesgo de considerar el mundo rural una realidad secundaria o, aún más, olvidada, favoreciendo de esta forma la pérdida de aquellos elementos de orden social, económico y espiritual que lo caracterizan.
2. La situación del mundo rural de hoy evidencia cómo el intercambio global, el uso de las técnicas modernas y los constantes progresos de la investigación, permiten rápidos aumentos de la producción como también de los índices de desarrollo humano. Se trata de una realidad que no puede dejarse de lado o rechazarse, sino que debe acogerse y valorarse de modo positivo, de forma que se reconozca como un instrumento de la creación ofrecido a la familia humana, y no como un elemento que altera el orden natural. «Es preciso reconocer que el progreso técnico, aun siendo necesario, no lo es todo. Sólo es verdadero progreso el que salvaguarda íntegramente la dignidad del ser humano y permite a cada pueblo compartir sus recursos espirituales y materiales en beneficio de todos» (2).
La cuestión está conectada directamente con los temas tratados por la Conferencia, de modo especial cuando, frente al ideal del destino común de los bienes, éstos, por el contrario, se concentran en las manos de unos pocos, excluyendo a cuantos no están en posición de poderlos gozar, que se ven limitados en sus aspiraciones más íntimas e incluso privados de la condición esencial de la dignidad. Al considerar las numerosas cuestiones ligadas a la reforma agraria y al desarrollo rural resulta, de hecho, oportuno el inmutable principio de que «Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos» (3), como criterio inspirador y participativo de un orden social y económico capaz de implicar y motivar a cada miembro de la familia humana. En base al mismo, la Doctrina Social de la Iglesia ha remarcado en numerosas ocasiones la condena del latifundio como intrínsecamente ilegítimo (4).
Este criterio asume mayor importancia al pensar en la distribución desigual de los bienes dentro de un mismo país, que determina, sobre todo en las áreas rurales de los países en vías de desarrollo, condiciones de vida lejanas de la satisfacción de las necesidades básicas. En el mundo rural, las situaciones de miseria, de explotación, de falta de acceso al mercado, de descontento social, se vuelven más marcadas cuando quienes trabajan la tierra carecen de garantías de tutela. De hecho, están sometidos a precarias condiciones de vida, puesto que su trabajo está condicionado por las situaciones climáticas y naturales adversas, como también por el hecho de no poder disponer de recursos con los que afrontar la escasez o la pérdida de las cosechas, con el consiguiente abandono gradual de las actividades agrícolas, con la ilusión, muchas veces engañosa, de encontrar en las áreas urbanas mejores respuestas a las condiciones de pobreza.
Sobre tal situación de precariedad de las zonas rurales de los países en vías de desarrollo incide también el sostenimiento generalizado, por parte de los países con un bienestar más avanzado, a la producción agrícola, al comercio de los productos de la tierra y al consumo de alimentos. Introducir correcciones a esta situación también implica hacer un llamamiento a un concepto concreto de justicia, capaz de hacerse realidad en políticas, reglas, normas y acciones solidarias.
3. Hay otro elemento que condiciona el futuro de las zonas rurales y tiene que ver con la responsabilidad de las generaciones actuales con respecto a la conservación y protección de la naturaleza y de sus recursos, así como de los distintos ecosistemas que pertenecen al mundo rural (agrícola, forestal, de la fauna, hídrico, atmosférico). Con frecuencia, la falta de una correcta relación entre la tierra y quien la cultiva, la incertidumbre en el título de propiedad o en la posesión, la imposibilidad de acceder a un crédito, como también otras situaciones que tienen que ver con los pequeños agricultores, son causa de una excesiva explotación de los recursos naturales sin otro objetivo que el rendimiento inmediato. Y todo esto a costa de la fertilidad futura de los terrenos, del respeto de los ciclos de las estaciones y de la conservación de las superficies cultivables para el uso de las generaciones futuras.
La experiencia madurada hasta la fecha muestra, sin embargo, que el solo criterio de la sostenibilidad ambiental, puesto en el centro de las estrategias de desarrollo en los últimos decenios, no podrá constituir una respuesta eficaz si no se funda sobre una auténtica ecología humana que, exigiendo la responsabilidad del ser humano hacia sí mismo, el prójimo, la creación y el Creador, sea capaz de reconocer que «el hombre es, ante todo, un ser que busca la verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla en un diálogo continuo que implica a las generaciones pasadas y futuras» (5).
4. «La primera estructura fundamental a favor de la «ecología humana» es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien; aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué quiere decir en concreto ser una persona.» (6). También en las zonas rurales, una enraizada y sana concepción de las relaciones humanas entiende la importancia de la familia: la familia rural está de hecho «llamada a gestionar con su trabajo la pequeña empresa familiar, pero también a transmitir la idea de relaciones basadas en el intercambio de conocimientos recíprocos, valores, ayuda pronta y respeto». (7)
Esto significa que si la familia encuentra obstáculos o no es capaz de asumir su función, es la comunidad rural en su conjunto la que sufre graves y penosas
consecuencias: es lo que ocurre cuando la concepción del matrimonio y de la vida familiar se separa de los orden de valores propio de ella, o en las relaciones del núcleo familiar se insinúan o prevalecen consideraciones de carácter egoísta, hedonista o simplemente materialista.
Una aplicación correcta de tal realidad a las exigencias del desarrollo rural exige que se reconozca que la familia, como otras agregaciones y formaciones sociales primarias, precede al aparato institucional estatal y ha de respetarse y valorarse debidamente en su esencia y en su organización del régimen de propiedad, de la actividad productiva y del uso de las técnicas de trabajo.
Examinando la imagen que una autentica realidad de familia puede imprimir al orden social, volvemos a encontrar una aplicación de aquel principio de subsidiariedad que la Comunidad internacional considera un instrumento regulador de toda relación y, por tanto, recurrente en la definición de las formas institucionales y de las leyes económicas. A través de la subsidiariedad los mismos poderes públicos, desde el ámbito local hasta la más amplia dimensión internacional, pueden actuar verdaderamente en el desarrollo de las zonas rurales, teniendo a la vez en mente el bien común, sabiendo, no obstante, que sólo podrá llevarse a la práctica si se presta atención de forma proporcionalmente más intensa a cuantos se encuentran en situación de mayor necesidad. Los campesinos sin tierra y los pequeños agricultores son, en este sentido, los primeros que deben recibir atención en el cuadro de los programas orgánicos de cooperación, fundados en la asociación con la sociedad civil local, y que garantizan un desarrollo concreto que sepa valorar su misma realidad social, cultural, religiosa, económica e institucional.
5. La reflexión exigida a los Estados que toman parte en la Conferencia comprende, entre otros temas, la cuestión de la propiedad de la tierra, elemento de importancia fundamental en las políticas económicas y agrarias de forma que se promueva, de modo eficaz, el desarrollo rural y, al mismo tiempo, se garantice la justicia social, la estabilidad política y la coexistencia pacífica. De hecho, como han puesto de relieve numerosos análisis económicos, ya se sabe que la falta de capacidad para acceder a la tierra es una de las principales causas de la pobreza rural.
Se trata de una compleja realidad que suele exigir reformas agrarias orgánicas que no pueden reducirse a una simple repartición y asignación de la tierra, sino que han de insertarse en estrategias de desarrollo rural que, además de prever las inversiones necesarias en infraestructuras públicas y servicios sociales, consideren las peticiones del sector agrícola, la profesionalidad al proyectar los planes de reforma, su organización y gestión. La cuestión se vuelve aún más preocupante cuando situaciones de conflicto, epidemias y emigraciones forzadas hacen que caiga la responsabilidad del núcleo familiar exclusivamente sobre la mujer. Con frecuencia, usos y normas tradicionales impiden a la mujer el acceso a la propiedad de la tierra, lo que exige actuaciones dirigidas a dar a la mujer, que se encuentra en el centro de las responsabilidades familiares y sociales, un reconocimiento jurídico justo de su papel y de su capacidad.
La reducción de la concentración de la tierra se orienta al «incremento de las remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo; más todavía, el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer». (8) Esto puede significar la promoción de formas de empresa, entre las que la empresa agrícola familiar asume un importante papel, y de estructuras corporativas capaces de actuar de modo autónomo y eficaz, de posibilidades de acceso al crédito para los pequeños agricultores y de una formación que responda a las concepciones modernas ligadas a las oportunas tecnologías y a la producción y comercialización agrícola. (9) Actuando de esta forma se podrán impedir repercusiones en el nivel de producción y en las dinámicas migratorias de la población, debido a las cuales se asiste con frecuencia al abandono de las tierras y a una excesiva presión demográfica en torno a los grandes centros habitados o hacia zonas desprovistas de las infraestructuras necesarias.
En este ámbito, se ha de examinar la importancia de apoyar las peculiaridades de las comunidades indígenas que fundan su identidad, su cultura y su espiritualidad, en la relación ancestral con la tierra, y cuya estructura social considera el uso de la tierra consecuencia de una propiedad común. Con demasiada frecuencia, situaciones ligadas a la actividad económica, a la explotación de los recursos naturales y a la construcción de estructuras, han interrumpido esta relación impidiendo el uso de las tierras, con el consiguiente abandono de los métodos de producción ligados al conocimiento tradicional. Cada actuación de reforma agraria que favorezca a las comunidades indígenas deberá garantizar no sólo una efectiva protección de sus derechos sobre la tierra, sino también promover un desarrollo global adecuado, que sobre todo no los discrimine respecto a otros componentes de la población.
6. La Santa Sede siempre ha prestado una particular atención al mundo rural y a sus valores, consciente de que sus principales características – dimensión a medida del hombre, inmediato conocimiento del orden, de la armonía y de la belleza del cosmos, satisfacción por el trabajo, intercambio generoso de servicios entre individuos y correctos intercambios recíprocos, por citar algunas – se encuentran en todos los tiempos y en todos los lugares del planeta. Es consciente, además, de la importancia que la sociedad rural atribuye al aspecto religioso, presente en la vida individual y comunitaria, en la vida laboral y familiar y, sobre todo, como fundamento de los principios morales capaces de permear la realidad social haciéndola estable e íntegra frente a las adversidades y obstáculos de cada día.
La Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural puede constituir una importante oportunidad para reconocer la verdadera identidad del mundo rural y la realidad de cuantos en él viven si, al centro de todas las preocupaciones, se coloca a la persona humana, la tutela de su dignidad y la defensa de sus derechos fundamentales. Se trata de un presupuesto que puede salvaguardar no sólo los valores de los que es portador el mundo rural, al evitar que se instauren modelos ligados a opciones egoístas e inspiradas únicamente en las leyes económicas, sino también garantizar la actuación de las distintas políticas nacionales, así como dar a la actuación internacional la esperada y duradera eficacia. Las soluciones técnicas, complejas y útiles, no resultan eficaces si carecen de la necesaria referencia a la centralidad de la persona humana que, en su inseparable dimensión espiritual y material, es el origen y el fin de toda decisión y acción llevada a cabo por los Estados y por las Instituciones de la Comunidad Internacional.
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(1) IFAD: «Rural Poverty Report 2001», Oxford University Press, 2001.
(2) Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en la XXXIII Conferencia de la FAO, Roma, 24 de noviembre de 2005.
(3) Gaudium et spes, n. 69.
(4) Pablo VI: Populorum Progressio, n. 23, 1967; Pontificio Consejo «Justicia y Paz»: «Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria», nn. 32-34, 1997; Pontificio Consejo «Justicia y Paz»: «Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia», n. 300, 2004.
(5) Juan Pablo II, Centessimus Annus, nn. 38 y 49.
(6) Juan Pablo II, Centessimus Annus, nn. 39.
(7) Intervención del cardenal Angelo Sodano en la ceremonia conmemorativa del 60º aniversario de la fundación de la FA
O, Roma, 17 de octubre de 2005.
(8) Gaudium et spes, n. 71.
(9) Pontificio Consejo «Justicia y Paz»: «Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la reforma agraria», 1997.
