MADRID, martes, 30 enero 2007 (ZENIT.org–Veritas).- El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, abordó el tema del Derecho universal a la Educación y la preeminencia de los padres sobre el Estado en la educación de sus hijos, en una conferencia pronunciada en la noche de este martes en el Club Siglo XXI.
El cardenal resaltó «la coincidencia creciente de la normativa internacional –con una inequívoca recepción europea–, sobre los titulares del derecho a educar, en base a sus innatos y correspondientes deberes» y afirmó «que en el proceso educativo intervienen por derecho propio los padres, en primer lugar, las instituciones sociales, luego, y, finalmente, el Estado se han ido perfilando con caracteres jurídicos cada vez más nítidos las normas internacionales relativas a esta materia».
El cardenal recordó que «está previsto en «la Constitución para Europa» –en fase de ratificación– el que haya de asegurarse «la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas».
Sin embargo, en un repaso sobre el «estado en que se encuentra la educación en el mundo», el cardenal puso de relieve «las divergencias» con este ordenamiento que se derivan tanto de la realidad social, como de las legislaciones estatales y de las nuevas ideologías. Además del agnosticismo ideológico, y de la difusión de la llamada «Teoría del género», el cardenal Rouco llamó la atención sobre «el viejo laicismo de los siglos XIX y XX», que retorna como «una ideología política supuestamente muy adecuada para la configuración actual del Estado democrático», y que tan «influyente» es en «la mentalidad del ciudadano medio»
Pero según el prelado, «la ideología laicista va incluso más allá de la pretensión de identificar Estado y sociedad pública; se propone relegar a la insignificancia jurídica y social todo lo que no sea Estado o venga estructurado y administrado estatalmente».
«En un Estado así, concebido a la medida jurídica del laicismo radical, poco sitio queda y quedará para los derechos de los padres a elegir libremente el tipo de educación y la escuela que quieren para sus hijos e, incluso, para poder reclamar en el marco escolar estatal una enseñanza de la religión y de la moral que profesan con un mínimum de rigor pedagógico y de dignidad académica», dijo.
Respecto al problema concreto del sistema educativo español, el cardenal llamó la atención sobre el artículo 27 de la Constitución, que había permitido conseguir un consenso en el campo educativo, pero que ha suscitado problemas al «proceder a su aplicación a través de la acción del Gobierno y de su plasmación jurídica en las imprescindibles leyes para su desarrollo práctico».
Las divergencias –que según el cardenal permanecerán vivas hasta hoy mismo– «se van a centrar comprensiblemente en la distinta forma de concretar el principio de la libertad de enseñanza en el sistema educativo y, consiguientemente, de entender el derecho de los padres como primeros educadores de sus hijos».
El arzobispo de Madrid señala que con la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 3 de julio de 1985 y de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 3 de octubre de 1990, «se prima abiertamente la superioridad jurídica del Estado en el campo de la enseñanza sobre el derecho de los padres y, por supuesto, sobre el de la sociedad».
«En vez de concebir sus competencias como subsidiarias de las propias y primeras de los padres y de las que pertenecen a la sociedad y a sus asociaciones e instituciones libre y responsablemente formadas, ocurre lo contrario: se considera y trata jurídicamente a la familia como subordinada al Estado en el campo de la educación de sus hijos y, naturalmente y mucho más, a la sociedad».
Por otra parte, el cardenal denunció «una evolución paralela a la del inicial tratamiento jurídico y político del principio de la libertad de enseñanza en la configuración del derecho de los padres a la elección de Centro», en «la ordenación de la enseñanza o clase de religión y moral católicas en los centros públicos», que sobre todo a partir de la LOGSE, pondrá en marcha «un proceso de deterioro académico y disciplinar de la asignatura de religión y moral católica en la escuela pública, al parecer, imparable».
«¡Un verdadero «vía crucis» pedagógico que se prolonga hasta la fecha!
Afrontado con paciente creatividad por parte de todos los responsables de esta enseñanza: los padres de familia, las diócesis y, con un mérito innegable, los profesores», dijo.
Finalmente, el cardenal Rouco reconoció que «un motivo de nueva y desconocida preocupación por el futuro del ejercicio libre y pleno de la responsabilidad de los padres en la educación moral y religiosa de sus hijos viene suscitado también por la previsión de la enseñanza de una nueva materia obligatoria en todas las etapas de la escuela, desde la primaria hasta el bachillerato, titulada «Educación para la Ciudadanía» y definida legalmente como «educación ético-cívica»«.
El prelado dijo que Real Decreto que «concreta y explicita sus fines, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, no sólo no disipa los temores legítimos de muchos padres y de muchas instituciones sociales probadas y comprometidas con la educación de las nuevas generaciones, sino que los confirma y agrava».
Como solución a esta crisis del sistema educativo y de la «incertidumbre histórica» que suscita, el cardenal afirmó que «hay que plantearse con nuevo vigor y lucidez intelectuales la cuestión de sus fundamentos pre-políticos y pre-jurídicos en estrecha conexión lógica y existencial con la problemática general de una renovada fundamentación los derechos del hombre».
«El derecho fundamental a la Educación participa de la misma crisis antropológica que los demás derechos fundamentales sometidos con creciente y preocupante frecuencia a un proceso de hermenéutica jurídica que relativiza hasta la desfiguración sus contenidos, su objeto y, lo que es más grave, su sujeto», precisó el cardenal Rouco.
Para concluir, el arzobispo de Madrid sugirió «retornar de nuevo, hoy, en estos momentos de innegable encrucijada histórica, a la Carta de las Naciones Unidas y a su Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, comprendida y actualizada como «un compromiso moral asumido por la humanidad entera».
Del mismo modo, consideró oportuno retomar «la Constitución Española de 1978, asumida igualmente como un compromiso moral de todos los españoles, y sus fórmulas culturales, políticas y jurídicas, generosas y fecundas, que abrieron para España las puertas históricas de un nuevo futuro de libertad, solidaridad, justicia y paz», así como «a los Acuerdos entre la Santa Sede y el Reino de España, en lo que atañe especialmente a la problemática de la educación».
