CIUDAD DE MÉXICO, martes, 30 enero 2007 (ZENIT.org–El Observador).- El órgano informativo de la arquidiócesis primada de México se solidarizó con la de Guadalajara para exigir justicia en el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en Jalisco hace 14 años.
En un artículo que publica el semanario «Desde la Fe», la srquidiócesis expone que a pesar del paso de los años y de que presuntamente siguen las investigaciones, aún no se ha aclarado el «crimen de Estado» que se cometió contra el purpurado.
El semanario arquidiocesano publica datos y testimonios inéditos que ponen en duda la versión oficial del crimen que ocurrió el 24 de mayo de 1993.
El órgano de la diócesis primada señala la «sospecha de que altos funcionarios de la administración salinista siguen ejerciendo una eficaz presión para que se cierre la investigación» en torno al asesinato del cardenal Posadas.
Por medio de su periódico, la arquidiócesis de la capital hace suyas las denuncias que la semana anterior realizó la arquidiócesis de Guadalajara, señalando al ex presidente Carlos Salinas como el primer interesado en acallar el caso, con base en testimonios del médico forense Mario Rivas Souza.
«Desde la Fe» manifiesta que hay interés de la Iglesia por disipar las dudas en torno a lo que algunos obispos consideran «crimen de Estado». De hecho, resaltó que el 16 de octubre pasado una comisión encabezada por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara,¬ informó de los avances sobre el crimen al cardenal Tarcisio Bertone, en la Secretaría de Estado vaticana, quien se comprometió a dar cuenta del caso al papa Benedicto XVI.
El semanario destaca que para la justicia mexicana resulta «totalmente vergonzoso que a la fecha no exista nadie sentenciado como autor material o intelectual del asesinato, a pesar de haber trascurrido más de 13 años del hecho».
Insiste en que «se han conseguido testimonios importantes», evidenciando que Posadas fue «vigilado los días previos al homicidio, que los teléfonos de su casa y oficina habían sido intervenidos, y que la huella de la escucha estaba dirigida a (…) la Procuraduría General de la República».
Del avance de las indagatorias, sostiene la arquidiócesis de México, «se desprende que (el asesinato) fue un crimen de Estado».
Por desgracia, apunta, «lo único que queda claro es que se ha ejercido presión hacia los procuradores generales de la República que conocieron el asunto, para que lo retrasaran, hicieran la investigación del homicidio de manera superficial y, de ser posible, cerraran el caso».
A la fecha, añade, el expediente sigue abierto, pero «existe la sospecha de que altos funcionarios de la administración salinista siguen ejerciendo una eficaz presión, a fin de que se cierre la investigación y el crimen sacrílego del cardenal Posadas Ocampo quede sumergido en una vergonzosa impunidad a la mexicana».
