ROMA, miércoles, 28 marzo 2007 (ZENIT.org).- La «legalización de las uniones de hecho es inaceptable y peligrosa», advierte este miércoles el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).
En su «Nota relativa a la familia fundada en el matrimonio y a iniciativas legislativas en materia de uniones de hecho», los prelados aclararan que políticos y legisladores católicos deben comprometerse en la defensa de la familia «fundada en el matrimonio entre hombre y mujer» y que tienen el «deber moral de expresar clara y públicamente el desacuerdo y votar en contra de proyectos de ley» favorables al «reconocimiento legal de las uniones homosexuales».
«No tenemos intereses políticos», pero «sentimos el deber –escriben en la Nota- de aportar nuestra contribución al bien común», y «estamos convencidos, junto a muchísimos otros, también no creyentes, del valor que representa la familia para el crecimiento de las personas y de toda la sociedad».
«A partir de estas consideraciones consideramos la legalización de las uniones de hecho inaceptable en el plano de principio, peligrosa en el plano social y educativo», se lee en el texto.
Y es que «cualquiera que sea la intención de quien propone esta opción, el efecto sería inevitablemente perjudicial para la familia», pues «se quitaría, de hecho, al pacto matrimonial su unicidad, que sola justifica los derechos que son propios de los cónyuges y que pertenecen sólo a ellos».
Pero «un problema aún más grave» -alerta la Nota- «estaría representado por la legalización de las uniones de personas del mismo sexo, porque en este caso se negaría la diferencia sexual, que es insuperable».
«Estas reflexiones no perjudican el reconocimiento de la dignidad de toda persona; a todos confirmamos nuestro respeto y nuestra solicitud pastoral», recalcan los prelados italianos.
En este contexto, la Nota recuerda que «el Derecho no existe con el fin de dar forma jurídica a cualquier tipo de convivencia o de proporcionar reconocimientos ideológicos: tiene en cambio el fin de garantizar respuestas públicas a exigencias sociales que van más allá de la dimensión privada de la existencia».
El Consejo Episcopal Permanente presta también atención a las situaciones concretas a las que pueden ser útiles garantías y tutelas jurídicas para personas que conviven.
Pero señala su convencimiento de que «este objetivo se puede buscar en el ámbito de los derechos individuales, sin hacer hipótesis sobre una nueva figura jurídica que sería alternativa al matrimonio y a la familia y produciría más perjuicios que los que desearía solucionar».
En cuanto a la actitud de políticos y legisladores católicos, los prelados recuerdan la reciente Exhortación apostólica post-sinodal «Sacramentum Caritatis», en la que se subraya la responsabilidad de «presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana» (n. 81), en los que se comprende «la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer».
Por ello «sería incoherente aquel cristiano que apoyara la legalización de las uniones de hecho», señalan los obispos italianos.
En esta línea, la Nota se remite a cuanto apuntó la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe en sus «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales» (31 de julio de 2003).
En este documento vaticano se aclara que, frente a «un proyecto de ley favorable al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley».
Igualmente el citado dicasterio subraya que el fiel no «puede apelar al principio del pluralismo y de la autonomía de los laicos en política, favoreciendo soluciones que comprometan o que atenúen la salvaguarda de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad».
La Nota del Consejo Permanente de la CEI concluye con un llamamiento «a la conciencia de todos, en particular a cuantos tiene la responsabilidad de legislar, a fin de que se interroguen sobre las elecciones coherentes que hay que adoptar y sobre las consecuencias futuras de sus decisiones».
