El llamamiento se produjo a raíz del anuncio del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, el pasado 13 de abril, de su intención de llevar a la Asamblea Legislativa un decreto que solicita convocar de forma directa a una consulta popular la ratificación o no del Tratado.
La Conferencia Episcopal costarricense exhortó, a través de un comunicado, a todos los ciudadanos a aprovechar el instrumento del referéndum.
«Hacemos un vehemente llamado a todos los ciudadanos, para que, en aras del fortalecimiento de nuestro sistema democrático, aprovechen este instrumento para expresar su voluntad respecto a un asunto tan crucial como el TLC», manifestó la Conferencia Episcopal.
«Los obispos hacemos una exhortación a los medios de comunicación, a los espacios informativos de nuestro país, para que aseguren un pluralismo real en este delicado tema».
Los obispos de Costa Rica se han expresado ya reiteradas veces sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de considerar el TLC. Así mismo han promovido foros para discutir los contenidos, implicaciones, las ventajas y consecuencias del TLC y escuchado con atención a partidarios y detractores.
El 9 de octubre de 2006, en una intervención ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica la Conferencia Episcopal expresó sus criterios.
«Los obispos no estamos ni en contra, ni a favor, ni al margen del TLC, estamos para iluminar con criterios que faciliten un análisis objetivo y desapasionado, superando lo puramente ideológico y los intereses personales y grupales y pensando más bien en aquello que favorezca el bien común y la paz social de Costa Rica», expresaron en su comparecencia ante la Comisión.
Recordaron que han insistido desde el principio de la discusión, en que «a la Iglesia le corresponde, legítimamente, interesarse por su dimensión ética, entiéndase, la consecuente claridad en cuanto a los efectos que las medidas contenidas en él tendrán sobre la equidad en materia distributiva de beneficios, ingresos y oportunidades, contribuyendo con nuestro discernimiento a la iluminación de la perspectiva política y económica».
«Queremos insistir en que el TLC no es sino un instrumento de apertura comercial. Al respecto, constatamos que una de las dificultades de interpretación del TLC es el hecho que este se negociara sin tener previamente como marco referencial, una Agenda de Desarrollo social y económico, en un proyecto país», subrayaron.
Desde este análisis y ante la brecha social que hoy se da en Costa Rica, dijeron los obispos «nosotros seguimos empeñados en que se valoren los legítimos intereses de todos los sectores, en especial los más vulnerables. Así pues, hemos procurado que los principios esenciales como justicia, equidad, libertad y solidaridad estén en la base de toda política económica y social por implementar, a fin de pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas».
Trascendiendo a la eventual aprobación o desaprobación del TLC, insistieron «en la necesidad de una agenda de desarrollo humano, sostenible e integral, dentro de la cual, se ubiquen todas las políticas sociales y económicas y pueda preverse y superarse el aumento de la brecha social y la consecuente permanencia de un considerable porcentaje de pobreza en el pueblo costarricense».
Esta Agenda de Desarrollo, desde de la Doctrina Social de la Iglesia, indicaron, «tiene una acepción muy particular que nos lleva a distinguirla de otras».
Afirmaron los prelados que sin pretender convertir su discurso en una «discusión nominalista», desde una amplia perspectiva, y según enseña la Doctrina Social de la Iglesia, apelan a la ejecución de una «Agenda de Desarrollo», que no sólo, no ignora ni excluye las anteriores, de todas maneras exigidas, sino que plantea un marco más amplio e integral.
Afirmaron que corresponde a las instancias ciudadanas, técnicas y políticas determinar cuales sean los elementos urgentes de esa Agenda de Desarrollo, pero «desde el punto de vista ético, sean los que sean, deben siempre apuntar a la reversión de los mecanismos generadores de desigualdad y de pobreza en el país».
Los obispos sugerían, en primer lugar «evaluar el rumbo seguido por la economía del país en los últimos 25 años para que, en eventuales proyectos de política social y económica, se modifique aquello que no haya integrado los intereses legítimos de todos los sectores».
Así mismo proponían: «Eliminar los mecanismos generadores de desigualdad y pobreza con políticas concretas»; «Apuntar a un proyecto de país no inmediatista sino con perspectiva de futuro»; «Priorizar no solo objetivos de eficiencia, competitividad y productividad, sino también de equidad, justicia, participación, solidaridad y respeto al medio ambiente».
Sugirieron que el esfuerzo de esta Agenda de Desarrollo se realizara «sobre la base de un gran acuerdo nacional donde todos los sectores participen en la construcción de metas comunes que garanticen una mayor justicia y equidad».
Y concluyeron haciendo un «llamamiento fraterno a dejar de lado todo tipo de confrontación y a comprometerse, con ánimo sereno, teniendo siempre en mente el bien común de Costa Rica».
