El arzobispo de San Salvador respalda el cierre de los casinos

Ante una iniciativa gubernamental en este sentido

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SAN SALVADOR, martes, 24 abril 2007 (ZENIT.org).- El arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, ha respaldado una iniciativa gubernamental para el cierre definitivo de los casinos en El Salvador, al considerar que esos negocios son «nefastos» para las familias.

En una rueda de prensa tras la misa dominical en la catedral metropolitana, el prelado manifestó que «es nefasto para la familia, para las mismas personas que se envician en esta clase de juegos en donde pierden gran cantidad de dinero con daño para sus familias y su trabajo. Sería oportuno que se haga cumplir la ley cuanto antes y cierre estos lugares».

El fiscal general del país, Félix Safie, nombró un fiscal especial para que estudie los recursos legales para lograr el cierre de los casinos, lo cual fue celebrado esta semana por el presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca.

El presidente declaró el pasado 20 de abril que en esos lugares «se despluma a la gente y se fomenta el vicio», pero señaló que el cierre depende de una decisión de la Asamblea Legislativa.

Aseguró que su partido, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), apoyará la clausura de los casinos en una eventual votación en el parlamento.

Una fuente del Ministerio de Gobernación manifestó a la prensa que en el país funcionan al menos una decena de casinos, en establecimientos destinados para ello o en hoteles, los cuales han sido autorizados por las autoridades municipales.

Además, muchos negocios instalaron máquinas de juegos de azar, que funcionan con la introducción de monedas, gran parte de ellos sin autorización, según distintas fuentes, por lo que la policía procedió a decomisarlas.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la segunda fuerza política del país, también está a favor del cierre de los casinos, comentó su portavoz, el diputado Sigfrido Reyes, quien consideró que esos negocios «causan más daño que beneficio al país».

Señaló que lo que sucede es que las leyes del país «son ambiguas y no definen claramente la prohibición» de esos negocios, por eso las autoridades de algunos municipios los han autorizado.

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ZENIT Staff

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