VALENCIA, jueves, 7 febrero 2008 (ZENIT.org).- El 2 de febrero de 1983, el entonces gobierno socialista de Felipe González aprobaba la despenalización del aborto en España, tras varios meses de agrias polémicas y manifestaciones en la calle, a favor y en contra. En 1985, una sentencia del Tribunal Constitucional ratificaba la validez de la ley ante el recurso planteado por un grupo de diputados.
Desde 1985, fuera de algunas iniciativas a favor del aborto libre presentadas en el Parlamento por partidos radicales minoritarios de izquierda, la cuestión del aborto no había vuelto a plantearse seriamente a la opinión pública.
Sin embargo, en estos días, justo veinticinco años después de su aprobación, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado su intención de «garantizar el derecho al aborto», según expresó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega el pasado 1 de febrero «mejorando la Ley si tras el amplio debate social que este tema debe suscitar llegamos a la conclusión de que así hay que hacerlo».
El Gobierno por el momento impulsará un decreto (es la única medida que puede ponerse en marcha tras disolverse las Cortes y antes de las elecciones) en el que «protegerá la intimidad de las mujeres que han abortado» así como «la seguridad del personal sanitario que realiza abortos».
En el Código Penal, el aborto sigue siendo un delito despenalizado en tres supuestos: malformación del feto (hasta las 22 semanas), violación (hasta las 12 semanas) o riesgo psíquico o físico para la madre (sin límite, cualquier momento hasta justo antes del parto). Para acreditar este último supuesto es necesario que haya al menos un informe emitido por un psiquiatra.
La irrupción del aborto en la campaña electoral española se produce tras las denuncias y posteriores investigaciones de varias clínicas abortistas de Madrid y Barcelona por realizar abortos fuera del plazo legal, y de la publicación de las cifras de abortos del año 2006, que indican que se superan ya los cien mil anuales (101.592 exactamente). Es decir, que una de cada 100 mujeres en edad fértil aborta en España cada año, en más del 90% acogiéndose al supuesto de «peligro psicológico para la madre» según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
El presidente Rodríguez Zapatero, durante los primeros mítines de la campaña electoral, ha afirmado que tiene la intención de «garantizar los derechos reproductivos de las mujeres». El Partido Popular ha anunciado que no piensa modificar la ley actual, y los comunistas de IU insisten en una «Ley de Plazos» que permita el aborto libre dentro de las 14 primeras semanas, y con restricciones hasta casi el final del embarazo. En cualquier caso, se pretende cambiar la tipología jurídica, al pasar de «delito despenalizado» a «derecho reproductivo».
Clínicas bajo sospecha
La mayor parte de los abortos se realiza en clínicas privadas, debido al alto porcentaje de médicos y sanitarios que se declaran objetores en la Sanidad Pública. Estos abortos son financiados en gran parte con dinero público, pero, según denuncian las asociaciones provida, la falta de control hace que se realicen intervenciones ilegales incluso en embarazos de más de ocho meses, sin que haya persecución por parte de las autoridades.
El 29 de octubre de 2006, la televisión pública de Dinamarca emitía un reportaje en el que demostraba que en una clínica de Barcelona se realizaban abortos de fetos de siete meses alegando «urgencia médica» y previo pago de una fuerte suma. Anteriormente, en octubre de 2004, unos periodistas ingleses habían publicado en el Sunday Telegraph un reportaje similar sobre la misma clínica.
Tras admitirse a trámite una querella de la asociación cristiana E-Cristians, la fiscalía de Barcelona ordenó el registro de varias clínicas y en ellas se encontraron entre otras cosas una máquina trituradora de restos humanos y otras pruebas de realización de abortos ilegales.
En Madrid, la asociación provida La Vida Importa, se denunció el hallazgo en contenedores de restos humanos de fetos con aire en los pulmones (signo de que habían nacido en el momento de la muerte), y huellas de Cytotec, un medicamento utilizado para provocar el aborto en embarazos tardíos.
Esta plataforma aclara que los procesos judiciales abiertos «no encausan a las mujeres, sino a las clínicas abortistas», aunque varias mujeres han sido llamadas a declarar.
Postura del Gobierno
Ante los registros practicados por la policía y la detención de médicos y empresarios abortistas, las clínicas pidieron apoyo al Gobierno ante lo que consideran «una campaña de presión» contra ellas. Los ministros de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y de Sanidad, Bernat Soria, y el mismo Rodríguez Zapatero, declararon públicamente su apoyo a éstas y criticaron a los magistrados.
El ministro Soria, tras reunirse en varias ocasiones con los responsables de las clínicas, afirmó que el aborto es «un derecho» y que «hay que garantizar la intimidad de las mujeres que abortan y la seguridad de los médicos».
Sin embargo, el decreto anunciado por el Gobierno para proteger la «intimidad» de las mujeres que abortan no es más que, según han denunciado juristas y asociaciones provida, «una cortapisa a las investigaciones judiciales de las redes de abortos ilegales y a las inspecciones sanitarias de las Comunidades Autónomas».
De hecho, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que «emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de las facultades de inspección de las administraciones públicas».
Otra de las modificaciones previstas es la consideración de los restos fetales de menos de 28 semanas de gestación como «residuos sanitarios» y no como restos humanos, con lo cual no habría que enterrarlos o incinerarlos, sino que se podrían tirar directamente a un contenedor autorizado.
Según publicaba el jurista Julio Banacloche en el diario ABC, «con la excusa de proteger a las mujeres que han abortado o abortarán, lo que realmente se pretende es servir los intereses de las clínicas abortistas, agobiadas actualmente porque se les ha acabado el paraíso de impunidad en el que estaban viviendo. Y sería el colmo que la legislación sobre el aborto en nuestro país se hiciera pensando no en el ser humano con cuya vida se acaba, sino en la consolidación e incremento del negocio de las clínicas privadas que se lucran con él».
Movilización provida
Las asociaciones provida españolas, por su parte, han convocado a través de la Plataforma «La Vida Importa» una manifestación contra el aborto para el próximo 16 de febrero en la Puerta del Sol de Madrid.
Estas asociaciones exigen que si se va a modificar la ley, se haga a través de un referéndum. Según Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, «una ley que permitiese el aborto libre durante determinado plazo seria inconstitucional». «Si el partido socialista quiere establecer en España el aborto libre debe ir a una reforma constitucional y someterlo a referéndum del pueblo español», añade.
Para Blanco, la actitud del Gobierno hacia las clínicas es «inadmisible». «Es como proteger a un presunto defraudador que se quejara de la inspección a la que le somete Hacienda».
Por su parte Reneé Martínez, portavoz de la Asociación Víctimas del Aborto, «es vergonzoso que el Gobierno se someta a los intereses del negocio del aborto sobre todo cuando lo que esta en juego es la salud y el bienestar de la mujer. Es lamentable que se ignore el drama personal de las mujeres y que el sistema prefiera el aborto antes que ofrecer alternativas y ayudas reales a las
mujeres ante un embarazo inesperado».
Según AVA, «se debería invertir al menos, el mismo dinero para apoyar a la mujer embarazada a ejercer su derecho a la maternidad que el que actualmente se gasta en sufragar abortos provocados». Las asociaciones provida se quejan de que el Gobierno no quiere recibirlas, mientras sí recibe a las clínicas.
El aborto en campaña
En cualquier caso, la reapertura del debate político sobre el aborto se ha convertido, junto con la economía y el terrorismo, en uno de los tres puntos «calientes» de la campaña electoral española.
La nota de los obispos del pasado 31 de enero advertía a los católicos la necesidad de tener en cuenta «la defensa de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural» a la hora de emitir su voto.
El pasado mes de diciembre, el PSOE había anunciado ya su intención de impulsar una Ley de Plazos, que incluyó en su programa electoral. De hecho, el pasado 18 de diciembre el Congreso de los Diputados rechazó, por 21 votos a favor, 277 en contra y 10 abstenciones, la moción presentada por IU-ICV para modificar la Ley del Aborto en una Ley de plazos que convirtiera al aborto en una prestación más del sistema nacional de salud. El PSOE afirmó entonces «compartir la moción» pero prefería «un cambio tranquilo basado en el consenso», es decir, no al final de la legislatura.
La inclusión de la Ley de plazos en la propuesta electoral socialista, a finales de diciembre de 2007 provocó numerosas críticas internas, con lo que a las 24 horas de su propuesta, el borrador del programa electoral se modificó y eliminó la propuesta aunque dejó la puerta abierta a una modificación de la ley para «garantizar la igualdad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria».
Por su parte, el partido comunista Izquierda Unida inició en enero una campaña en la que sus miembros se autoinculpaban de haber abortado fuera del plazo legal. Los nacionalistas radicales de Esquerra Republicana de Cataluña, BNG y Na Bai abogan también por el aborto libre.
También el partido UPyD, escisión socialista capitaneada por Rosa Díez, se manifiesta proabortista. Los partidos de izquierda sin excepción han manifestado abiertamente su apoyo a las clínicas abortistas investigadas.
En cuanto al Partido Popular, varios de sus exponentes han expresado la voluntad de no modificar la ley si ganan las elecciones, y de hacer que se cumpla la ley actual en todos sus términos para evitar los «coladeros legales». Convergencia i Unió y PNV se muestran contrarios a reabrir el debate en vísperas de las elecciones, pero dejan a sus diputados libertad de voto en estas cuestiones.
Sólo partidos minoritarios como PSE, Familia y Vida o Sain, que no tienen representación parlamentaria, apuestan claramente por restringir o derogar la despenalización del aborto.
Ninguno de los grandes partidos incluye, hasta el momento, ayudas a las mujeres embarazadas y en situación de riesgo social; las iniciativas de ayuda existentes en España se deben a la iniciativa privada.
Por Inmaculada Álvarez
