CIUDAD DEL VATICANO, miércoles, 27 febrero 2008 (ZENIT.org).- La disgregación familiar provocada por la emigración preocupa a los obispos de El Salvador, afirma en Roma el arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal del país, Fernando Sáenz Lacalle.
Los obispos salvadoreños están realizando en esta semana su visita ad limina apostolorum al Papa y a los miembros de la Curia Romana.
Refiriéndose al alto número de compatriotas emigrados al exterior –más de dos millones y medio viven en Estados Unidos–, el arzobispo ilustra a «Radio Vaticano» que «la situación más preocupante es la de los emigrantes ilegales que no pueden volver sino sólo enviar dinero, sin por tanto poder ver a los propios hijos que son educados por los abuelos».
«Una acción muy concreta de la Iglesia es tratar de mantener los contactos con los emigrantes», recuerda, subrayando que «muchos obispos de El Salvador aceptan con gusto visitar las comunidades salvadoreñas en el exterior, pero hay también muchos sacerdotes que son asignados a estas comunidades».
En este sentido, se están también enviando seminaristas a un seminario en México, fundado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, «para preparar sacerdotes a realizar su ministerio entre los emigrantes en Norteamérica».
A pesar de la fuerte emigración, constata el prelado, la población salvadoreña está creciendo, y la masiva emigración interna presenta el problema de «cómo proporcionar una asistencia pastoral adecuada a esta parte de la población, que implica la necesidad de crear nuevas parroquias».
«Gracias a Dios, tenemos bastantes vocaciones y sacerdotes jóvenes y creemos que los formamos bien, por tanto no tenemos necesidad de buscar ayudas externas», observa.
El prelado salvadoreño habla también del problema de la explotación de la minas de metal, afrontado en el última reunión de la Conferencia Episcopal del país.
«Para empezar –subraya–, hay una gran injusticia: sólo el 3% de los beneficios de las minas va al país, mientras que el 97% va a las empresas mineras».
«La cuestión más grave» sin embargo, es el cianuro usado para la extracción de los metales, «que es muy contaminante y El Salvador está intensamente poblado. Las aguas que se usan en todo el país provienen del norte y la contaminación de la población es muy evidente. Es, por tanto, lógico que lancemos la alarma sobre este problema».
En su asamblea, recuerda, los prelados salvadoreños manifestaron también su preocupación por el avance de los proyectos de ley contrarios a la vida, entre ellos el relativo al aborto.
«Gracias a Dios, desde hace unos años, gracias a la acción concertada de muchas organizaciones católicas, hemos recogido muchas firmas y obtenido, con el voto de más de dos tercios de los diputados, una enmienda al primer artículo de la Constitución que habla del respeto de la vida, incluyendo la especificación ‘desde el momento de la concepción’», observa.
«Ha sido un gran resultado que ha permitido defender la vida, impidiendo cualquier legislación que facilite o permita el aborto».
En este momento, los obispos están «combatiendo para obtener otra reforma constitucional que defina, o redefina, el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer, para impedir cualquier tipo de unión que no sea la del matrimonio».
Del mismo modo, quieren también «hacer de modo que la adopción se conceda sólo a personas heterosexuales regularmente casadas».
El Salvador tiene seis millones y medio de habitantes, en un 80% católicos.
