TIERRA BLANCA, martes, 11 marzo 2007 (ZENIT.org–El Observador).- En una reunión sostenida este lunes, la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció ante el relator especial de Organización de las Naciones Unidas para los Migrantes, Jorge Bustamante, la violación sistemática de los derechos humanos que sufren los extranjeros –especialmente los centroamericanos– que se internan por la República Mexicana en busca de llegar a Estados Unidos.
«Vemos con preocupación las violaciones y vejaciones que sufren los migrantes, en su mayor parte centroamericanos, en su travesía por México hacia Estados Unidos: son secuestrados, se les detiene de manera arbitraria y los agentes pastorales de movilidad humana son agredidos por policías de todas las corporaciones», aseveraron los obispos mexicanos a través de la portavoz de la Dimensión Pastoral, Leticia Gutiérrez, según ha informado la prensa local.
Leticia Gutiérrez, expuso a Bustamante que –por ejemplo– en Tierra Blanca, Veracruz, es frecuente y creciente el secuestro contra migrantes en las rutas que utilizan los centroamericanos.
«Esta situación es del conocimiento de las autoridades, y a pesar de las quejas interpuestas de manera reiterada ante las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la estatal de Derechos Humanos de Veracruz, así como ante el Ministerio Público, los migrantes que transitan por Tierra Blanca siguen siendo víctimas del secuestro en su modalidad de delincuencia organizada».
Lo mismo puede decirse de otras poblaciones como Pedro Escobedo –en el estado central de Querétaro– en donde se ha llegado a dar el caso del encarcelamiento de una persona por haber ayudado dando alimento y cobijo a los inmigrantes centroamericanos que llegan hasta ese punto en vagones de ferrocarril.
«Un sinnúmero de extranjeros son objeto de detenciones arbitrarias por policías municipales en diversas ciudades del país, con el pretexto de que los migrantes se encuentran cometiendo una falta administrativa o han mostrado alguna actitud sospechosa», expresó Leticia Gutiérrez.
Según información de la CEM, en los dos años anteriores se ha observado un aumento considerable en el número de migrantes adolescentes no acompañados que han sido detenidos en las estaciones migratorias de la ciudad de México y Tapachula. Se les detuvo mientras migraban hacia Estados Unidos y/o a Canadá.
«Durante su viaje son sujetos de actos de discriminación, violencia y extorsión por bandas delictivas, traficantes, tratantes y autoridades, y son además objeto de violaciones a sus derechos humanos durante su detención, deportación y recepción», dijo la portavoz de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana de la CEM.
Por su parte, en el mismo encuentro, la organización civil «Sin Fronteras» refirió que en el monitoreo realizado durante 2006 y 2007 «los abusos y las violaciones manifestados por los migrantes de nacionalidad centroamericana son robo de pertenencias, abusos físicos y verbales, intimidación, extorsión y engaño, entre otros. La mayoría de estos actos se efectuó durante el viaje y en el momento de la verificación» de la identidad.
Añadió que los adolescentes detenidos en las estaciones migratorias de Iztapalapa y de Tapachula manifestaron no tener información sobre el proceso al que eran sujetos.
En este mismo orden de ideas, el arzobispo de Tijuana, monseñor Rafael Romo Muñoz, denunció que hay una clara percepción de que persecuciones, golpes, maltratos, retenes violentos y extorsiones contra migrantes van en aumento, cometidos tanto por funcionarios como por miembros del crimen organizado.
Luego de denunciar la violencia, la agresividad y extorsiones que «todos los días» sufren los migrantes centroamericanos en su paso por México, el episcopado exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias de protección a los derechos, en busca de «humanizar la migración».
En la reunión de agentes de Pastoral Migratoria de la zona sur, celebrada en el municipio veracruzano de Tierra Blanca, se acordó fortalecer los esfuerzos de la Iglesia católica para ayudar a los migrantes, sobre todo en Chiapas, Tabasco y Veracruz, entidades donde no sólo se realiza el mayor número de detenciones de indocumentados, sino también donde existe mayor incidencia en la violación a sus derechos humanos.
