Durante su discurso, el cardenal defendió la configuración jurídica de las relaciones Iglesia-Estado y explicó que «la actual perspectiva jurídica española aporta una buena solución para la problemática actual de las relaciones Iglesia y Estado tanto si se la valora a la luz de historia jurídica del problema como si se la ve y considera dentro del horizonte científico del derecho eclesiástico comparado de las naciones con mayor tradición democrática de Europa y de América».
Para el arzobispo de Madrid las relaciones Iglesia-Estado son una cuestión siempre viva que tiene que ver con las dimensiones religiosa y social de la persona y mostró que «cambia y varía al ritmo de cómo el factor de la libertad individual y social las configura existencial y comunitariamente, las vertebra social e institucionalmente, las modela jurídicamente y las justifica doctrinal o ideológicamente».
Los Acuerdos de 1976 y 1979, explicó el purpurado, «adoptan para la España del Estado democrático, libre y social de derecho, de la Monarquía parlamentaria, los principios éticos y jurídicos fundados en la doctrina de los derechos fundamentales de la persona humana y en la práctica de la inserción limitadora de la soberanía del Estado en el marco normativo del derecho internacional».
Asimismo, mostró «la realidad jurídico-política de un Estado que interviene con su derecho y con su acción de administración y gobierno de la sociedad prácticamente en todos los órdenes de la vida» y englobó entre otras acciones «la institución del matrimonio y de la familia, los sistemas educativos, el mundo de la investigación y de la ciencia, la cultura y el deporte, los servicios sociales de todo orden, etc.»
«Si a este fenómeno del intervencionismo estatal, por la vía del ordenancismo de la vida diaria de los ciudadanos y de la disciplina administrativa, añadimos el hecho de un sistema fiscal extraordinariamente absorbente que apenas deja resquicios económicos para una disposición más libre de sus ingresos por parte de los ciudadanos, nos encontramos con la medida sociológica completa que caracteriza hoy en día la realidad social del Estado en Europa», afirmó el cardenal Rouco.
El arzobispo de Madrid finalizó su intervención ofreciendo una perspectiva teológica a la situación política actual en las sociedades modernas y explicó que «el respeto, el cuidado y la promoción del bien integral de la persona humana constituyen para la doctrina conciliar el primer y fundamental postulado que ha de regir todo el orden social y político y del cual se sigue el carácter inviolable de sus derechos fundamentales inherentes a su dignidad, fundada en la naturaleza trascendente del hombre; derechos, por tanto, superiores a cualquier ordenamiento jurídico positivo».
