MONTEVIDEO, viernes, 21 noviembre 2008 (ZENIT.org).- La reforma legal para despenalizar el aborto en Uruguay quedó paralizada este jueves después de que la Asamblea General del Parlamento no lograra levantar el veto que impuso el presidente Tabaré Vázquez contra la opinión de los propios miembros de su coalición.
En la reunión extraordinaria, no se lograron los tres quintos de los votos de cada Cámara necesarios para levantar la negativa presidencial a una reforma que había sido aprobada por diputados y senadores del Frente Amplio, la coalición en el Gobierno que dirige Vázquez.
Tal y como le permite la Constitución, el presidente impuso así su veto a una reforma legal que permitía la interrupción del embarazo en algunos supuestos, luego que la semana anterior el Senado, con mayoría del Frente Amplio, diera su respaldo al texto previamente aprobado por el Congreso de los Diputados.
En la votación nominal, de los 29 senadores (de un total de 31) presentes en la Asamblea, 14 respaldaron el mantenimiento del rechazo presidencial y 15 votaron por levantarlo. De los 90 diputados participantes (de un total de 99), 44 reafirmaron el veto y 46 apoyaron su anulación.
Sólo hubo dos diputados del gubernamental Frente Amplio que apoyaron la decisión de Vázquez y varios parlamentarios del Gobierno y opositores se retiraron de la sala, entre ellos el ex ministro y antiguo guerrillero tupamaro, José Mújica, uno de los posibles candidatos «frentistas» para las elecciones de 2009.
El ex presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, fue el único legislador de esta fuerza opositora que apoyó la reforma para la despenalización parcial del aborto.
A favor de mantener la negativa del presidente, votaron en pleno sus opositores: todo el Partido Nacional (o Blanco), el resto de los colorados y el Partido Independiente.
Vázquez alegó argumentos jurídicos, científicos y éticos para imponer su veto y actuar, así, en contra de sus compañeros políticos, en una posición muy criticada en el seno del Frente Amplio. Sin embargo, Vázquez, médico oncólogo de profesión, siempre había manifestado que, en caso de que se llegara a la actual situación, ejercería su potestad de veto.
En su alegato para defender su decisión, Vázquez señaló que «la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación» y que «el verdadero grado de civilización de una nación se mide en cómo se protege a los más necesitados».
Añadió que «el aborto es un mal social que hay que evitar» y que «en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado».
En Uruguay cada año se producen más de treinta mil abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, tal y como señalan organizaciones no gubernamentales. La reforma establece que «en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas» en supuestos de penuria económica y circunstancias sociales o familiares.
El propio arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, recordó la doctrina tradicional de la Iglesia, según la cual quien apoya en algún modo leyes o métodos abortistas se autoexcluye de la comunión de la Iglesia (ver http://www.zenit.org/article-29179?l=spanish y http://www.zenit.org/article-29122?l=spanish).
El arzobispo Cotugno explicó en una reciente reunión con catequistas que el fundamento de la oposición de Vázquez a la reforma «podría ser firmado por la Academia Para la Vida de la Santa Sede».
Por Nieves San Martín
