GINEBRA, viernes 28 de noviembre de 2008 (ZENIT.org).- La Santa Sede ha invitado a los estados a cumplir con los compromisos asumidos contra las minas antipersona en la novena reunión de la Convención sobre la prohibición del empleo y producción de estas armas.
El arzobispo Silvano Tomasi, nuncio apostólico y observador permanente de la Santa Sede ante las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra ha subrayado el riesgo de que los éxitos logrados con ese acuerdo, conocido como como Convención de Ottawa, se conviertan en un fracaso, si en el respeto de los acuerdos no se considera «el carácter central de la persona».
En particular, el prelado exigió que la cuestión de la prórroga del período necesario para la destrucción de los arsenales y para desminar las zonas afectadas sea asumida «con la máxima seriedad».
Varios países no han cumplido por varios motivos con los compromisos asumidos. El representante del Papa consideró que «si no queremos que haya otras víctimas, es absolutamente necesario desminar las zonas afectadas cuanto antes».
El observador vaticano alentó a cada quien a cumplir con su parte: los países afectados, deben mostrar, con transparencia, planes para redoblar los esfuerzos orientados a acabar los trabajos ya comenzados; mientras que los países donantes están llamados a responder a las necesidades de los estados que, a causa de la actual crisis económica internacional, no son capaces de cumplir los compromisos.
Monseñor Tomasi concluyó constatando la necesidad de no crear precedentes que puedan contradecir el espíritu de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersona.
Tras once años de su aprobación, del 24 al 28 de noviembre se ha celebrado en la sede de la ONU en Ginebra la Novena Reunión de Estados parte del Tratado contra las minas.
El Landmine Monitor presentó la semana pasada en Bruselas su informe anual sobre minas antipersonales, que revela que aunque sólo dos países, Birmania y Rusia, continúan usándolas, en 2007, estas armas y otros «remanentes explosivos de guerra», como granadas, morteros y bombas de racimo, mataron a 5 mil 426 personas.
Ahora bien, Stan Brabant, portavoz de Handicap International, que presentó el informe en Bruselas, reconoció que es probable que la verdadera cantidad de vidas perdidas sea mucho más alta.
No obstante, observó que se logró un constante progreso en la reducción de víctimas de las minas terrestres desde el tratado internacional para prohibir esos artefactos en 1997. Durante los años 90, las minas y armas relacionadas causaron unas 26 mil muertes por año en promedio. El 90% de las víctimas de las minas antipersonales son civiles.
En el marco del tratado, que fue ratificado por 156 naciones, los gobiernos tienen 10 años para despejar las minas de su territorio.
Entre los países que no han firmado el Tratado se encuentran Estados Unidos, China, Rusia, Cuba, India, Israel, Irán, Pakistán, Sudáfrica, entre otros.