MORELIA, lunes, 1 junio 2009 (ZENIT.org-El Observador).- Ante los recientes acontecimientos en los que el ejército mexicano y el gobierno federal han apresado a cerca de 30 servidores públicos, entre ellos 10 presidentes municipales del Estado de Michoacán, acusados de servir a los intereses del narcotráfico, el arzobispo de Morelia, monseñor Alberto Suárez Inda, ha pedido, en un comunicado hecho público en la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), no prejuzgar a los detenidos en este operativo que, por muchas razones, ha resultado histórico y decisivo en la lucha contra la delincuencia organizada que ha infiltrado las estructuras políticas de esa entidad.
El también vicepresidente de la CEM ha dicho que, «de las personas que han sido requeridas podemos afirmar que ni están todos los que son, ni son todos los que están; hay muchos otros que son culpables y algunos de éstos muy probablemente son inocentes».
Monseñor Suárez Inda criticó que la inseguridad, el secuestros, la extorsiones, el crimen organizado y la impunidad hayan llegado a un grado «que resulta intolerable y que no vemos cómo puedan detenerse».
Cabe destacar que Michoacán es el Estado donde nació el actual presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y que fue ahí donde comenzó la guerra declarada por el presidente al narcotráfico.
El prelado mexicano dijo que «tristemente» algunas autoridades de diversos niveles de gobierno están sometidos a presiones y amenazas e incluso algunos son traicionados por sus mismos colaboradores y «otros sean falsamente acusados por los mismos maleantes cuando no ceden a sus peticiones».
Reconoció que algunas familias viven momentos de incertidumbre al esperar los resultados.
Hasta el momento, a dos años y medio de la nueva administración encabezada por Calderón Hinojosa, suman 10 mil las «ejecuciones» relacionadas con la lucha interna del narcotráfico.
Monseñor Suárez Inda aseguró oraciones por los funcionarios públicos que han sido puestos bajo arraigo para ser investigados por su presunta protección a los cárteles de la droga (entre ellos, además de los presidentes municipales hay jueces, magistrados y policías), y dijo que es prioridad el que se vele por la integridad de quienes se encuentran lejos del hogar.
«Más allá de intereses de gobierno y de los partidos políticos –dijo– deben prevalecer la justicia y la concordia».
Por Jaime Septién
