ROMA, lunes 26 de octubre de 2009 (ZENIT.org).- Los farmacéuticos deberían tener garantizada la objeción de conciencia respecto a un producto como la llamada “Píldora del día después” (PDD).
El tema se debatió este viernes en la casa “Bonus Pastor” de Roma, durante el congreso “La objeción de conciencia de los farmacéuticos. Entre el derecho y el deber”, organizado por la Unión Católica de Farmacéuticos Italianos (UCFI).
Tras el discurso inaugural del secretario general dela Conferencia Episcopal Italiana, monseñor Mariano Crociata, intervinieron estudiosos, juristas y representantes del sector farmacéutico, y todos apoyaron la objeción de conciencia.
La objeción es un derecho garantizado en la Constitución Italiana, cuyo artículo 2 tutela “los derechos fundamentales del hombre”, y por tanto también el derecho a la vida, destacó el presidente emérito del Tribunal Constitucional, Antonio Baldassare.
Es necesario, sin embargo, “una intervención del legislador ordinario que se adecúe a la Constitución”, dijo.
Baldassarre enunció los argumentos esgrimidos contra el derecho a la objeción: “En primer lugar, se afirma que proporcionar la píldora del día después constituye un deber que los farmacéuticos no pueden eludir; esa afirmación es inconsistente porque la objeción se aplica propiamente contra un deber”.
“Se afirma, además -prosiguió- que el farmacéutico no puede conocer el destino del uso del producto que vende. También esta argumentación es falaz, desde el momento en el que la píldora del día después se ha lanzado al mercado con una sola finalidad”: que un posible embarazo no siga adelante.
“La OMS ha afirmado que el inicio de la gestación se produce en el momento de la implantación del embrión en el útero. Se trata, sin embargo de un formalismo exagerado que, por otra parte, no tiene en cuenta que la vida (como afirma la ley 40) empieza en el momento de la concepción”, concluyó Baldassarre.
Giacomo Rocchi, juez de instrucción del Tribunal de Florencia, destacó en primer lugar la situación paradójica de una objeción de conciencia negada a los farmacéuticos pero garantizada “a los estudiantes vegetarianos de las escuelas de hostelería, que pueden negarse a seguir las lecciones que explican cómo preparar un asado”.
Según el juez Rocchi, el derecho a la objeción de conciencia estaría ya tutelado por la misma ley 194, que cita al “personal sanitario”, que comprende, por tanto, también a los farmacéuticos.
“El TAR [Tribunal Administrativo Regional italiano], en una sentencia del 2001, afirmó que no es posible establecer con certeza el inicio de la vida humana; sin embargo, esa duda podría aplicarse también a los enfermos de Alzheimer o terminales”, concluyó el magistrado.
El profesor de Bioética y Filosofía del Derecho en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y en la Universidad Europea de Roma Mario Palmaro ofreció una reflexión ético-filosófica.
“La objeción de conciencia tiene raíces muy lejanas en el tiempo; podríamos decir que el primer objetor de conciencia fue Sócrates, que afirmó: el peor mal es matar a un hombre inocente”, dijo Palmaro.
Por otra parte, el derecho a la objeción no tiene nada que ver con una ética relativista en la que triunfa la lógica del “según yo”.
“El objetor no es un ‘subversivo’, ni las acciones que realiza van contra el orden constituido -afirmó-. En el caso del aborto, el médico o el farmacéutico se mueven entre el sentido profundo de su profesión y sus propios principios.
“No son ellos, por tanto, los que constituyen la excepción, sino el legislador que ha realizado una anomalía, o una norma injusta”, añadió.
“El aspecto más importante del rechazo a vender la píldora abortiva se encuentra en la explicación de las razones de esa negativa”, observó Palmaro, auspiciando que los farmacéuticos objetores elaboren un decálogo común para explicar los motivos de su decisión.
Después, tuvo lugar una mesa redonda, durante la cual los ponentes reflexionaron sobre los posibles instrumentos legislativos y administrativos a poner en marcha en el ámbito de la tutela de la objeción de conciencia.
Anna Rosa Racca, presidenta de Federfarma, y Giovanni Gerosa, miembro del comité central de la Federación de las asociaciones de farmacéuticos italianos, destacaron la necesidad de una ley que tutele al farmacéutico objetor y, al mismo tiempo, al consumidor.
Stefano de Lillo, miembro de la Comisión de Sanidad del Senado, recordó al respecto que la objeción está tutelada por la ley 194 y que, en tiempos recientes, también el Comité Nacional de Bioética ha expresado una opinión favorable.
“Lo que necesitamos es en primer lugar una ley para la interpretación auténtica del ya presente derecho a la objeción – afirmó De Lillo-. Las mismas asociaciones profesionales, sin embargo, deben hacer su parte y luchar por la protección de la objeción, sin esperar que intervenga el Parlamento”.
Assunta Morresi, profesora de Química física en la Universidad de Perugia y miembro del Comité Nacional de Bioética, también se refirió a las asociaciones profesionales, destacando la necesidad de un código deontológico compartido.
“En primer lugar, hay que señalar el desacuerdo existente en la categoría: esto es ya un punto a favor de la objeción”, constató.
En la clausura del congreso, el presidente de la UCFI, Piero Uroda, recordó que la batalla por la objeción de conciencia es ante todo una cuestión ética, civil y cultural.
“La píldora del día después es una forma de secundar las pasiones más bajas de la persona, en particular de los jóvenes -declaró-. Estas pasiones, sin embargo, no podrán nunca pasar por encima de nuestra identidad cristiana. Nosotros, farmacéuticos, tenemos delante un desafío y tendremos que ser testigos auténticos para superarlo”.
[Por Luca Marcolivio, traducción del original en italiano por Patricia Navas]
