ALMERÍA, miércoles 18 julio 2012 (ZENIT.org).- La semana pasada tuvo lugar en Bruselas, en la Comisión de la Unión Europea, la cumbre de líderes religiosos de la Unión. En la cumbre participó el obispo de Almería, monseñor Adolfo González Montes, invitado por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Es la primera vez que participa un obispo español en esta cumbre, que se celebra anualmente a tenor del artículo 17 del Tratado de Lisboa, que constituye la carta política de la Unión y establece el diálogo entre las instituciones de la Unión y las Iglesias y confesiones religiosas así como sociedades filosóficas. Ofrecemos a continuación el texto de la intervención monseñor Adolfo González Montes, publicado en la página web de la Diócesis de Almería.
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Señor Presidente,
Excelencias:
Agradezco la oportunidad que se me brinda de dirigirme a ustedes en este encuentro propiciado por las instituciones de la Unión Europea, expresión del reconocimiento que las Iglesias cristianas y las confesiones religiosas, tan ampliamente participadas por los ciudadanos, merecen como interlocutores de las instituciones europeas.
La crisis económica y social que sacude las sociedades de nuestros países tiene hondas raíces morales, como se ha dicho autorizadamente por parte del santo padre y de los obispos católicos y ministros de las confesiones religiosas. Así lo hemos manifestado los obispos católicos de España, ante la gravedad de esta crisis en la sociedad española, poniendo de manifiesto las causas y víctimas de la crisis. El desempleo en España, que supera el 23% e incluye un paro juvenil del 50%. Se produce esta tasa de desempleo después de décadas de expansión económica hasta alcanzar cotas de bienestar, dotando al país de modernas y funcionales estructuras de transporte, comunicación y servicios, y un importante dinamismo industrial capaz de hacerse presente en latitudes diversas.
Según los expertos, entre los factores que han acrecentado la crisis económica de España, se encuentra el urbanismo expansivo, con insuficiente planificación y falta de control de la especulación del suelo. Esto ha conducido a la “burbuja de la construcción”, agravando la crisis financiera general y descapitalización de algunos bancos. La construcción ha acaparado recursos que han sido sustraídos a desarrollo industrial y a la promoción y consolidación de millones de pequeñas y medianas empresas, en España muy numerosas, muchas de carácter familiar con una importancia capital en la creación de empleo y en el sostenimiento de la economía.
Por otra parte, una tasa de desempleo como la actual sería insoportable de todo punto sin el factor, igualmente preocupante, del crecimiento de la economía sumergida, que según los datos estadísticos conocidos está por encima del 21% del PIB nacional.
Con todo, la raíz de nuestros problemas no está sólo en las dificultades económicas, sino en el desorden moral que las ha generado. Con la expansión de la economía ha crecido en la sociedad un deseo de enriquecimiento fácil, rápido y sin escrúpulos, que ha amparado la ilicitud de los medios empleados; elevadas comisiones de intermediación en las operaciones económicas y lobbies que han contado con la complicidad de la clase política, el frade fiscal y el endeudamiento acelerado de una sociedad, que ha vivido por encima de sus posibilidades reales sumando su deuda a la cuantiosa deuda soberana. Después del trabajo y el talento puesto en juego por generaciones sacrificadas, el menoscabo de las virtudes ciudadanas y la deslealtad con las instituciones han marcado la vida privada y pública, con origen en una concepción materialista de la vida, que ha dado amparo al egoísmo en los procedimientos económicos y la búsqueda de la rentabilidad política, sacrificando el bien común a interesas sectoriales. Se ha practicado con frecuencia un populismo irresponsable e inmoral, dando cabida a demandas ilimitadas, unas reales y otras creadas artificialmente, sin la correspondiente formulación de los deberes y la toma de medidas encaminadas a la ordenación duradera de la producción y la creación de trabajo, capaz de integrar los sectores y regiones menos favorecidos y a la muy numerosa población inmigrante.
Sin embargo, es preciso decir que España es un país de grandes capacidades, y que el acoso de los mercados a la economía española no se corresponde con la realidad del país y su capacidad para superar las actuales dificultades. Este acoso es inmoral, por ser en gran medida fruto de la especulación, que hace más difícil la solución a la situación creada, cargando gravemente las consecuencias sobre las personas más necesitadas y las familias; y bloqueando la creación de empleo, que tanto afecta sobre todo a los jóvenes.
Las soluciones no son fáciles y competen a los responsables de la vida pública y de los expertos, pero no se pueden soslayar los principios éticos que deben orientar tanto las decisiones y programas como la conducta de los sectores sociales. Todos han de hacer lo posible para que las consecuencias más graves de la crisis no caigan sobre los que menos recursos tienen. El desempleo degrada la dignidad del ser humano y le arrebata la esperanza de desarrollar las propias facultades y dotes, haciendo imposible el beneficio de la aportación al cuerpo social mediante el trabajo, medio de desarrollo personal y espiritual. Los jóvenes tienen derecho a encontrar un trabajo elegido, para el que se han preparado durante años, que les permita fundar una familia y afrontar en edad adecuada la promoción de los hijos.
Cualesquiera que sean las medidas, la solución pasa por un cambio en la mentalidad que haga de la dignidad de la persona humana criterio de la ordenación del trabajo. Para ello es preciso no silenciar la afirmación de Dios como fundamento del orden moral. La mayor aportación de las Iglesias, que ofrecen una contribución estimable en el campo de la educación y los servicios asistenciales, la realizan proponiendo una concepción del hombre y de la sociedad que se fundamenta en la visión trascendente de la vida humana, que reclama el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales.
Tomando como referente la situación española, una de las más emblemáticas en el momento presente en la Unión Europea, quiero añadir algunas consideraciones vinculadas al ámbito de la Unión Europea. El «Pacto por el crecimiento y la ocupación» aprobado por el Consejo Europeo hace referencia a la introducción de una así llamada “Garantía para los jóvenes”, destinada a proveer trabajo y formación profesional de los jóvenes. Conviene, sin embargo, incentivar un papel más activo y audaz por parte de quienes ofertan el trabajo para promover oportunidades laborales adecuadas para los jóvenes. Un segundo ámbito sobre el que quisiera parar mientes se refiere a las políticas de la Unión Europea para la juventud, que sería deseable que fueran cubiertas por el «Programa Erasmus para Todos», el cual incluye otros sectores de actividad (instrucción, formación y deporte). A fin de garantizar verdaderamente la inclusión de todos y dar una oportunidad real de participación de todos en los Programas de la Unión Europea, la creación de estructuras especiales debe ser financiada mediante los fondos de la Unión Europea, como garantía de la movilidad de los jóvenes. Me refiero, por ejemplo, a infraestructuras como son las agencias u oficinas de información y asesoramiento para los jóvenes, frecuentemente desempeñadas por organizaciones ligadas a la Iglesia.
Es ciertamente deseable el objetivo de simplificación de los nuevos programas sostenidos mediante fondos de la Unión Europea, lo cual es un elemento importante para la Unión. Esto no debería, sin embargo, llevar consigo consecuencias negativas como: la renuncia a la atención de una serie de situaciones y áreas de es
pecificidad propia, como son las siguientes:
1. La financiación de un menor número de acciones;
2. y el incremento de la competencia entre las organizaciones grandes y pequeñas.
Me parece, finalmente, deseable que por lo que se refiere a las problemáticas en examen, se continúe reflexionando sobre estos temas en el contexto del próximo «Año Europeo de los Ciudadanos» (2013); incluyendo también el tema de la ligazón entre solidaridad intergeneracional y participación social y política de los jóvenes, los cuales, después de todo, han de conformar en el futuro una minoría, aunque sea consistente.
Agradezco vivamente la cortés atención a mis palabras.
+ Mons. Adolfo González Montes
Obispo de Almería, España
Obispo delegado en la COMECE de la Conferencia Episcopal Española
