SANTIAGO DE CHILE, jueves 19 julio 2012 (ZENIT.org).- Se han hecho públicas acusaciones contra altos mandos de la Armada de Chile que estarían implicados en la desaparición del sacerdote Miguel Woodward.
Comenzó la etapa de plenario del caso Woodward, con la primera audiencia para determinar los responsables en el secuestro calificado del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, quien fue detenido y torturado en plena dictadura. En este contexto, la defensa y los amigos del sacerdote exigen que se investigue también la participación de los altos mandos de la Armada.
Más de cinco horas duraron las declaraciones de los exmiembros de la Armada que testificaron en la reapertura de la causa del sacerdote Miguel Woodward, quien murió en el Buque Esmeralda el 18 de septiembre de 1973.
El pasado martes se realizaron las declaraciones de cuatro testigos, tres de ellos exmilitares y una mujer que habría sido torturada junto al sacerdote.
Aunque por esta causa se está procesando a diez personas que participaron en la detención y los apremios del religioso, el abogado representante de la familia Woodward, Juan Pablo Delgado, afirmó que existen otras responsabilidades: “No fueron cuestiones que se sustanciaron de la nada, fueron guiadas por los altos mandos de la Armada de Chile, y en este caso hay altos oficiales de la Armada que están implicados y que en algún momento fueron procesados”, sostuvo.
Tal como lo afirma el abogado, pese a que la causa llegó a tener 30 procesados, “llegó el ministro Miranda Lillo y dejó sin efectos esos procesamientos, 19 procesamientos que, coincidentemente, eran de los altos mandos de la Armada”.
En mayo del 2011, se confirmó que los funcionarios de la Armada torturaron y secuestraron a Miguel Woodward, que lo llevaron a la Universidad Técnica Federico Santa María y que, además, la Academia de Guerra Naval funcionó como comandancia Jurisdiccional de Seguridad Interior de la Primera Zona, pero un mes después fueron absueltos del caso 19 marinos retirados.
La defensa señaló que más allá de lo que ocurra en esta causa en particular, se debe abrir un nuevo cuaderno para buscar estas responsabilidades.
En este aspecto coincidió Javier Rodríguez, portavoz de la Agrupación de Amigos de Miguel Woodward, quien hizo un llamado a “que todos los conscriptos que sepan alguna información la den a través de la Iglesia o a través de cartas anónimas para establecer la verdad, que ellos no sean los chivos expiatorios de estos generales, que ellos no paguen la culpa, tienen que decir la verdad para que realmente los que idearon el golpe de Estado en Chile, los que idearon las torturas, los que prestaron servicios, el que les pasó un arma, un lugar para torturar, ellos tienen que pagar, ellos son los culpables”, aseguró.
Además, Rodríguez instó a las Fuerzas Armadas a eliminar las fotos, conmemoraciones y retirar los honores militares a todo aquél que haya participado en crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, afirmó que “es una vergüenza que en Chile se trate de olvidar, de tapar este tipo de cosas y que cueste tanto saber la verdad”.
