El arzobispo Silvano Tomasi, jefe de la delegación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, ha presentado hoy su informe al Comité que se ocupa de la Convención contra la Tortura (CAT), como lo hacen todos los Estados que han ratificado el convenio.
La Convención contra la Tortura se remonta a 1984 y la Santa Sede adhirió en el 2002 «por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano» y presentó su Informe «inicial» en diciembre de 2012 .
Sobre el respeto de la Santa Sede a la convención contra la tortura en el territorio de la Ciudad Estado del Vaticano nadie lo duda. Entretanto algunos miembros del órgano de la ONU consideraron que los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en diversos países del mundo se encuadran como casos de tortura, y el Estado Ciudad del Vaticano sería responsable de los mismos.
Mons. Tomasi puntualizó que “la Santa Sede no tiene jurisdicción –en virtud del artículo 2.1 de la Convención– sobre cada miembro de la Iglesia Católica”.
Porque, indicó, “las personas que viven en un determinado país se encuentran bajo la jurisdicción de las autoridades legítimas de ese país y por lo tanto están sujetas a la legislación nacional y a las consecuencias de la misma”.
Al punto que “las autoridades estatales están obligadas a proteger y cuando sea necesario, enjuiciar a las personas bajo su jurisdicción”, dijo.
Pero más allá de la cuestión territorial, el observador del Vaticano no esquivó el tema de los abusos y precisó que «la tendencia muestra que las medidas adoptadas en los diez últimos años por la Santa Sede y las Iglesias a nivel local han dado resultados positivos y continuaremos en esta dirección».
El arzobispo italiano le recordó al Comité que la pedofilia «es un problema muy grave a nivel mundial, con millones de casos reportados cada año, sobre todo dentro de las familias, en todas las profesiones y contextos» y concluyó que «nuestra preocupación es proteger a los niños».
Tomasi dijo que su delegación quería subrayar que los delitos cometidos por cualquier persona, aunque tengan afiliación a una institución católica, están sujetos a la autoridad de un Estado y tienen que ser juzgados por la nación competente.
Y precisó que la Santa Sede, como miembro de la comunidad internacional, está relacionada pero separada y distinta del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sobre el cual ejerce soberanía. Por ello puntualizó la diferencia entre la soberanía del Estado-Ciudad del Vaticano (fundado en 1929), la Santa Sede y la Iglesia Católica.
El Estado Ciudad del Vaticano fue fundado para garantizar más eficazmente la misión espiritual y moral de la Santa Sede, aunque la personalidad internacional de la Santa Sede nunca se ha confundido con los territorios sobre los que se ha ejercido la soberanía del Estado.
Por ello aseveró que “la Santa Sede fomenta a nivel mundial los principios básicos y los auténticos derechos humanos reconocidos en la CAT, mientras implementa su aplicación en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano en armonía con la Declaración Interpretativa”.
Recordó también que el primer punto de referencia es el sistema legal del Estado del Vaticano, que es autónomo en relación con el ordenamiento jurídico de la Iglesia católica. De hecho, no todas las normas canónicas son relevantes para el gobierno de este territorio.
Entrando en el tema específico de la tortura, Mons. Tomasi indicó que la pequeña población de la Ciudad del Vaticano, aunque reciba unos 18 millones de peregrinos y turistas cada año, tiene un número relativamente pequeño de asuntos penales y penitenciarios registrados.
Y se refirió a diversos aspectos de la legislación penal en el Vaticano, la cual prohíbe por ejemplo el uso de cualquier declaración obtenida como resultado de tortura, como la denegación de la extradición por parte de la Santa Sede si el Estado requirente practica la tortura o tiene en vigor la pena de muerte.
El informe concluyó indicando que los procedimientos adoptados por la Santa Sede para tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras eficaces para prevenir y prohibir la tortura y hacer frente a sus causas profundas evitando así futuros actos de ese tipo son abundantes. Esto manifiesta el deseo de la Santa Sede de »prestar su apoyo moral y su colaboración a la Comunidad internacional, a fin de contribuir a la eliminación del recurso a la tortura, que es inadmisible e inhumano».
Este martes los representantes de la Santa Sede presentarán respuestas más profundas a las temáticas levantadas por el comité de las Naciones Unidas.
