Por: Rafael Manuel Tovar
(ZENIT Noticias / Managua, 19.07.2023).- Brian Nichols, secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, exigió el pasado viernes 14 de julio la liberación del sacerdote Fernando Israel Zamora, canciller de la diócesis de Siuna, en la costa oriente de Nicaragua, arrestado por la Policía Nacional al finalizar la celebración de la misa.
Nichols escribió en Twitter: “Llamamos a la liberación del obispo Álvarez, del padre Zamora y de todos los detenidos injustamente por ejercer sus derechos humanos y constitucionales, como la libertad religiosa”.
La petición de liberación del obispo Rolando Álvarez y de los sacerdotes que se negaron a ser desterrados, así como de los detenidos arbitrariamente, expresada por el encargado de las relaciones con América Latina del gobierno estadounidense, es una condena más a la represión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, contra la Iglesia católica.
El presbítero Fernando Israel Zamora fue detenido por la policía la noche del domingo. Tiene 27 años de vida sacerdotal y es el séptimo cura encarcelado en los últimos meses.
El mismo viernes 14 de julio, se obligó a abandonar el país al padre Douglas Guevara, párroco de la Inmaculada Concepción, una de las más importantes de León, la antigua capital. Son 80 los religiosos obligados al destierro por el régimen sandinista. El padre Douglas había sido párroco durante el último año.
Los testimonios de los fieles y las fuentes eclesiales indican que el sacerdote recibió continuos ataques e insultos por parte de la policía y de las turbas, como se denomina a los grupos paramilitares del gobierno.
«El padre Douglas hizo muchas actividades para los más vulnerables. Y defendió a los jóvenes de la represión. Por esto, estaba bajo asedio», manifestó un miembro de la parroquia, que pidió el anonimato por razones de seguridad.
La expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano por el Gobierno de Daniel Ortega han movilizado reproches y demandas de justicia por 150 disidentes del gobierno sandinista, que emitieron el jueves 13 de julio una carta pública, dirigida a la cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina, que se celebró el 17 y 18 de julio en Bruselas. «Llamamos a los gobiernos europeos y latinoamericanos de todos los matices políticos a crear un Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense, para contribuir a una transición democrática. El primer firmante del documento es Sergio Ramírez, escritor, dirigente de la revolución sandinista y exdiputado del primer gobierno de Ortega. La carta fue apoyada por más de treinta organizaciones de derechos humanos.
Por el contrario, el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, que es prófugo de la justicia en su país y condenado a cárcel por corrupción, respaldó el 17 de julio la dictadura de Nicaragua y el encarcelamiento del obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Este político salvadoreño es empleado en la cancillería de Nicaragua junto a su hijo y declaró que rechaza comparar al mártir católico Oscar Arnulfo Romero con monseñor Álvarez, pues opina que Romero estaba comprometido con el pueblo y Álvarez sirve a los grupos políticos de oposición que atacan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La fiscalía o Ministerio Público sandinista presentó cargos contra monseñor Álvarez por utilizar el aparato mediático de Matagalpa en varias emisoras de radio para difundir mensajes de odio, confrontación y ataques al gobierno, según afirma Mauricio Funes.
Decenas de periodistas, líderes políticos de oposición y ciudadanos en Twitter han criticado las declaraciones del exmandatario salvadoreño, quien huyó de en El Salvador y se refugió en Nicaragua para no cumplir las condenas por sus delitos de corrupción.
