Esp. Luis Allfadir Martínez Bretón
(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 23.04.2026).- México sigue siendo uno de los países más católicos del mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática el 78% de la población mexicana se identifica católica.
Sin embargo, esta mayoría poblacional plantea una pregunta: ¿está realmente representada en las instituciones que toman decisiones públicas? En particular, ¿existe una correspondencia entre esta identidad mayoritaria y la composición del Congreso de la Unión?
La pregunta no es trivial, en una democracia representativa, cabría esperar que las características fundamentales de la sociedad (incluida su identidad religiosa), tuvieran algún grado de reflejo en sus órganos legislativos. No obstante, a diferencia de otras variables como género, la afiliación religiosa de los legisladores no forma parte de los registros públicos ni del análisis institucional.
El Congreso de la Unión (integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República) es, en este sentido, religiosamente opaco.
Esta opacidad resulta aún más relevante cuando se observa la evolución reciente de la identidad religiosa en el país.
Aunque el número absoluto de católicos sigue creciendo, lo hace a un ritmo menor que la población total. Entre 2010 y 2020, mientras la población nacional creció 12.18%, la población católica lo hizo en 5.32%, lo que implica una reducción en su peso relativo.
El análisis por entidad federativa confirma esta tendencia: en la mayoría de los estados, la proporción de población católica disminuye, reflejando una transformación gradual en la composición religiosa del país.
Sin embargo, incluso si la proporción de católicos fuera perfectamente estable, seguiría pendiente una cuestión de fondo: la relación entre identidad religiosa y representación política.
La ausencia de datos sobre la afiliación religiosa de los legisladores no implica su inexistencia, sino su invisibilidad en el espacio público.
En un Estado laico, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta separación busca garantizar neutralidad institucional, pero esa neutralidad no elimina el hecho de que los legisladores son personas con convicciones, valores y marcos de referencia (incluidos los religiosos) que pueden influir en su forma de entender lo público.
La cuestión, entonces, no es si debe existir un “bloque católico” en el Congreso, sino si una sociedad mayoritariamente creyente puede estar representada por instituciones que no reflejan (al menos de forma visible) esa dimensión de su identidad.
Esta brecha no necesariamente se traduce en ausencia de valores, pero sí en una desconexión entre identidad social y representación explícita.
En la práctica, esto significa que millones de ciudadanos que comparten una referencia religiosa común participan en la vida democrática sin que esa referencia tenga una expresión identificable en el ámbito legislativo.
Más que una exclusión, se trata de una disolución: la identidad religiosa se diluye en el proceso político hasta volverse irreconocible.
Este escenario plantea un desafío que no es únicamente político, sino también cultural. En una sociedad cada vez más plural, la pregunta no es cómo imponer una identidad, sino cómo integrar las convicciones profundas (incluidas las religiosas) en la vida pública de manera legítima y constructiva.
La representación no se agota en números, pero tampoco puede ignorar las identidades que configuran a la sociedad.
México sigue siendo un país donde la fe forma parte de la vida de millones. El reto hacia adelante, es comprender cómo esa fe puede seguir dialogando con las instituciones, no desde la imposición, sino desde la presencia consciente en el espacio común.
La fe en México no está ausente del Congreso; está, más bien, ausente del lenguaje con el que el Congreso se describe a sí mismo.
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