LONDRES, sábado, 2 octubre 2004 (ZENIT.org).- El parlamento británico está considerando una propuesta que, según defienden sus oponentes, liberalizará de forma peligrosa las leyes sobre el suicidio asistido. La Ley de Capacidad Mental, introducida el 18 de junio, permitiría a los pacientes renunciar a un tratamiento que les salvara la vida, informaba al día siguiente el Times.
La medida afectaría a las personas que prevén el día en que una enfermedad pueda afectar su capacidad para tomar una decisión sobre su tratamiento médico. Tales personas serían capaces de nombrar, por escrito, a otro que tomaría decisiones sobre su salud, incluyendo el que los doctores pudieran poner término a su asistencia médica.
Tales documentos, o «testamentos vitales», son ya posibles, pero su estatus jurídico es incierto, afirmaba el Times. Al introducir la propuesta Lord Filkin, el ministro de asuntos constitucionales, afirmaba: «Esta ley prevé expresamente que no afectará la ley sobre asesinato, homicidio involuntario o suicidio asistido».
Una breve nota, con argumentos legales detallados, publicada el 19 de julio por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, apuntaba algunos defectos de la ley. La nota fue preparada por el arzobispo Peter Smith, presidente del departamento para la responsabilidad cristiana y la ciudadanía, y John Finnis, profesor de derecho y filosofía legal en la Universidad de Oxford.
«Cruel decepción»
Los obispos no están solos en su preocupación por la ley. El 16 de julio el Herald Catholic publicaba una carta de, entre otro, el jefe del Gremio de Doctores Católicos, Chris Harrison.
La ley, explicaba la carta, está siendo promovido para permitir autonomía al paciente. «En realidad», advertía, «la Ley de Capacidad Mental permite la ‘eutanasia lenta’, una forma de homicidio por omisión, y allana el camino a que por rutina la inyección letal se convierta inevitablemente en deseable».
«Las propuestas ponen del revés la práctica médica», sostenía la carta. Al hacer frente a un «testamento vital», un doctor podría ser culpable de un delito criminal por rehusar ocasionar la muerte del paciente. Esto podría aplicarse incluso al mero hecho de administrar fluidos al paciente, explicaba la carta.
«Decir que la Ley de Capacidad Mental dará capacidad de decisión a los pacientes es una cruel decepción», discutía Harrison. La carta también explicaba que las disposiciones complementarias de la propuesta de ley amenazan con permitir la esterilización obligatoria y el aborto forzado para los disminuidos psíquicos.
La ley, añadía Harrison, «compromete el principio de que todas las personas tienen una dignidad intrínseca independientemente de su debilidad mental o condición física, una de las piedras angulares de la civilización cristiana, engarzada no sólo en la antigua ‘common law’ de Inglaterra, sino también en la tradición hipocrática de la medicina y en la ley internacional propiamente entendida».
Por omisión
En una carta publicada el 31 de agosto por el Times, 750 sacerdotes católicos escribieron para protestar contra la ley. Los sacerdotes, liderados por el padre Timothy Finigan, de la Asociación de Sacerdotes por el Evangelio de la Vida, afirmaba que «la ley en su forma actual dañará aquellos que están bajo nuestro cuidado al erigir en ley la eutanasia por omisión».
«Compartimos la profunda preocupación de los expertos medico-legales católicos que han advertido que disposiciones tales como adherirse legalmente a los ‘testamentos vitales’ forzará a los médicos a quitar los cuidados de sostenimiento vital (incluyendo el alimento y el agua) y el tratamiento médico», establecía la carta.
Los expertos en bioética se hicieron eco de sus preocupaciones, expresadas en una carta publicada el 7 de septiembre en el periódico Guardian. La carta fue escrita por Helen Watt, directora del Linacre Center for Healthcare Ethics; Nigel Cameron, presidente ejecutivo del Center for Bioethics and Public Policy; and David Jones, catedrático de bioética en el St. Mary’s College.
«La ley no permite formalmente la eutanasia por omisión, pero, de hecho, invita a ella», escribían los tres. «Debe leerse a la luz de las decisiones de los tribunales que permiten la retirada del tratamiento, el alimento y los fluidos a los impacientes incluso cuando el propósito de hacerlo es conducirlos a su muerte».
Los expertos en bioética observaban que la definición del «mejor interés» de un paciente se describe en la ley sólo en términos subjetivos. También observaban que la ley permite investigación invasiva en quienes incapaces de dar su consentimiento –«lo que no se puede pretender que sea en interés del paciente».
Una coalición de personas incapacitadas se opone también a la ley. En una carta del 10 de septiembre para el Guardian, Simone Aspis, miembro del grupo Changing Perspectives que forma parte de la coalición «I Decide», apuntaba que la ley «crea un desequilibrio de poder entre quien toma la decisión y la persona incapacitada».
Las personas que carecen de capacidad para tomar sus propias decisiones no tendrán ninguna compensación legal, si quien está a cargo de tomar las decisiones en su lugar decide que no reciban tratamiento médico. Esto afectaría a las personas discapacitadas que sufren de daños psíquicos, explicaba Aspis.
Propuesta de suicidio asistido
Junto a la Ley de Capacidad Mental, el Parlamento Británico también tiene ante sí una ley de un miembro privado, introducida por Lord Joffe, antiguo presidente de Oxfam, que busca permitir el suicidio asistido para los enfermos terminales. Los informes de prensa juzgan que tiene pocas oportunidades de ser aprobada, si es sólo una iniciativa privada. Sin embargo, la propuesta ha llevado a una declaración conjunta de las iglesias católica y anglicana que se han unido en su oposición a la ley.
El comunicado, con fecha del 2 de septiembre, dirigido a Lord Mackay, presidente del Comité Elegido para la Ley de Muerte Asistida para los Enfermos Terminales, observaba que «Quienes se vuelven vulnerables a través de la enfermedad o la discapacidad merecen un especial cuidado y protección. Adherirse a este principio proporciona una prueba fundamental de lo que constituye una sociedad civilizada».
El comunicado observaba que en los últimos años un creciente énfasis en los derechos individuales ha llevado a la autonomía del paciente, «dándosele una prioridad siempre más alta en la ética médica». Otro argumento utilizado para justificar el suicidio asistido o eutanasia es el del bienestar, especialmente en casos en los que el paciente se enfrenta a una muerte lenta.
Sin embargo, en su declaración, los obispos católicos y anglicanos apuntaban que ambas justificaciones «pueden llevar en la práctica a una extensión de la eutanasia más amplia de lo que originalmente se concebía». Ése ha sido el caso en Holanda, donde la eutanasia se ha extendido recientemente a los niños.
«Ninguna de nuestras iglesias insiste en que un moribundo o una persona gravemente enferma sea mantenido en vida por todos los medios posibles durante el mayor tiempo posible», explicaba. «Por otro lado, no creemos que el derecho a la autonomía personal sea absoluto». Lo que es importante tener presente es que «se debe respetar la vida, sea en uno mismo o en otro; el propósito de dar o quitar el tratamiento nunca debería ser el causar la muerte del paciente».
Dar prioridad absoluta a la autonomía personal no debería invalidar el respeto por la vida de una persona vulnerable, sostenía el comunicado. Además, los obispos advertían de que «Una grave consecuencia de introducir la eutanasia sería el que se mine la relación de confianza entre doctores y pacientes».
Como una alternativa a permitir
el suicidio, el comunicado pide una mayor atención al movimiento hospitalario, que proporcione a los pacientes el tratamiento adecuado para el dolor, así como apoyo emocional y espiritual. «Ayudar de esta forma a las personas a morir bien no está reservado a ningún credo en particular», afirmaba el comunicado. «Es una respuesta profundamente compasiva y humana a la realidad de la muerte a la que todos en su momento haremos frente».
En la conclusión, los obispos advertían de que una ley que permita el suicidio asistido «podría dar como resultado una erosión gradual de los valores en que asomara en gran medida después de un tiempo el cálculo frío de los costes de cuidar apropiadamente al enfermo y al anciano. Como resultado muchos que están enfermos o moribundos se sentirían una carga para los demás. El derecho a morir se convertiría en el deber de morir».
