La Conferencia Episcopal Argentina, en un comunicado emitido hoy en el marco de la 105 Asamblea Plenaria, indicó que los proyectos oficiales para reformar la Justicia merecen «un profundo discernimiento por la importancia de la materia que tratan». O sea que antes de aprobarlos «se requiere de amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos».
El documento titulado «Justicia, democracia y Constitución nacional» está firmado por la totalidad de los obispos argentinos. La misiva llega cuando el Gobierno argentino, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está preparando una reforma judicial que ha despertado una fuerte polémica.
La misma ha reivindicado una “democratización de la justicia” lo que ha despertado temores de mayor interferencia de los partidos políticos.
Una modernización planeada a través de seis proyectos que ya están en el Parlamento y que según fuentes gubernamentales “tendrán una rápida aprobación” y “sin cambiar ni una coma”.
Los obispos, reunidos hasta el sábado en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera, de Pilar, en su comunicado cuestionan la velocidad con la que quieren aprobarla: “Entendemos que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la Democracia Republicana consagrada en nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones esenciales como es la autonomía de sus tres poderes».
Los cambios más discutidos son la elección del Consejo de la Magistratura, el órgano de gobierno de los jueces, que pasarán de 13 a 19 miembros y serán por elección popular.
Bastaría que uno de ellos sea abogado y el resto solamente es suficiente que sea licenciado o se haya recibido en cualquier carrera. Este Consejo de la Magistratura podría destituir a cualquier magistrado, sin tener dos tercios de los votos como era hasta ahora y bastando la mitad más uno de los mismos.
La reforma crearía una nueva instancia antes de llegar a la Corte Suprema: tres Cámaras de Casación que serían nombradas por el nuevo Consejo de la Magistratura. Podría así evitar con facilidad que casos incómodos llegaran a la última instancia judicial.
La presidenta. en un reciente discurso, explicó: “El pueblo, a través del sufragio universal será quien elija a todos los representantes de los sectores, que conforman el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, se convocará a elecciones judiciales democráticas para representantes de los estamentos de jueces, abogados y académicos o científicos, dado que los restantes integrantes legisladores y el miembro del Poder Ejecutivo ya están legitimados por el voto, obviamente popular, interdicisplinario y creo que esta es una de las conquistas más importantes que tenemos que lograr. Y se los dice una abogada, yo creo que no puede ser la Justicia, y en esto parto del órgano que la dirige, la convicción de que solamente un abogado hoy puede tener conocimiento de las cosas que cuestionan o que suceden a una sociedad. Al contrario, creemos que lo interdisciplinario (científicos, académicos, economistas, médicos, contadores, psiquiatras, psicólogos) todos hoy forman parte de una necesidad de integración del poder judicial, donde este carácter interdisciplinario le de precisamente mayor riqueza”.
Por su parte, la oposición y diversos grupos y asociaciones han manifestado preocupación por las consecuencias de la reforma y han firmado un documento en el que señalan: “Entendemos necesario manifestarnos en común, más allá de cualquier diferencia ideológica, en defensa de la independencia de la justicia y de los derechos y libertades ciudadanas, cumpliendo las disposiciones del Compromiso democrático que hemos asumido el 10 de diciembre pasado”. (O sea de defender la Constitución).
El comunicado: Justicia, democracia y Constitución nacional
Los obispos afirman en su comunicado: «Consideramos que los proyectos de ley que se encuentran en el Poder Legislativo en orden a regular el ejercicio de la Justicia, presentan aspectos que merecen un profundo discernimiento por la importancia de la materia que tratan. Por ello se requiere de amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos.
«Entendemos que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la Democracia Republicana consagrada en nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones esenciales como es la autonomía de sus tres poderes», concluyen.
