ROMA, 13 dic 2000 (ZENIT.org).- El presidente Hugo
Chávez en Venezuela sigue acumulando poderes. El último paso ha sido la
celebración de un referéndum para aprobar la destitución de los líderes
sindicales de oposición. Ultimamente se han manifestado abiertamente
preocupaciones sobre la posición casi dictatorial de que disfruta Chávez,
si bien goza de un amplio apoyo popular y no existe una oposición política
creíble.
El amplio abstencionismo del referéndum del pasado 3 de diciembre, de
hecho, podría indicar que la gente se está cansando de Chávez.
Según el «Wall Street Journal» (4 diciembre), proyecciones basadas en
resultados preliminares indican que un 66% de votantes que aprobaron la
iniciativa, un 26% se opusieron; un 8% de los votos fueron inválidos. Pero
la participación fue baja: sólo un 22% de los 11 millones de venezolanos
emitió su voto. Los sindicatos boicotearon la votación y muchos
venezolanos, cansados de siete elecciones y referendos desde la elección de
Chávez en 1998, se mantuvieron lejos de las urnas.
Las organizaciones sindicales internacionales condenaron el referéndum por
considerarlo un llamativo intento de apoderarse del control de los
sindicatos de Venezuela. Los 1,7 millones de miembros de la Confederación
de Trabajadores Venezolanos prometieron desobediencia civil en caso de que
el Gobierno de Chávez trate de remover a los líderes de sus cargos.
«Está claro que el referéndum carece completamente de legitimidad –dijo
Federico Ramírez León, máximo líder de la Confederación de Trabajadores
Venezolanos–. El Gobierno podría leer humildemente el mensaje que emerge
del alto número de gente que ha permanecido lejos de las urnas».
La Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, dijo que
esta consulta violaba los protocolos laborales internacionales permitiendo
a miembros no sindicados tomar decisiones en asuntos sindicales. La
Confederación Internacional de Sindicatos Libres, con sede en Bruselas, con
123 millones de miembros, dijo que no reconocerá los nuevos sindicatos que
emerjan del referéndum.
Chávez insiste en que los líderes sindicales de oposición en Venezuela
pertenecen a la oligarquía corrupta, que ha prometido desmantelar, y no
hizo ningún caso de las críticas internacionales.
Como explicaba Associated Press (11 noviembre), cuando fue anunciado el
voto sobre los sindicatos, el referéndum debía preparar el camino a Chávez
para disolver la Confederación de Trabajadores Venezolanos, la unión
sindical más grande y poderosa del país, y reemplazarla con una nueva
organización sindical.
Chávez ha dicho que el sindicato, conocido por las siglas CTV, actúa en
interés de los partidos de oposición política y no de los trabajadores, y
que es antidemocrático y corrupto. Sin embargo, los líderes de los partidos
de oposición y la CTV manifestaron sus temores ante la posibilidad de que
Chávez, que es muy popular entre la gente pobre, la mayoría del país, pueda
usar el referéndum para establecer un sindicato controlado por el Gobierno.
El «Washington Post» (4 diciembre) indicaba que el tema laboral fue un
último añadido a la consulta del domingo. Se produjo tras una huelga de
cinco días por parte de los trabajadores del petróleo, en octubre, que
acabó con concesiones por parte del Gobierno, la primera derrota política
importante sufrida por Chávez. Desde entonces, su Gobierno ha creado su
propia unión sindical, la Fuerza de Trabajadores Bolivarianos, con la
esperanza de sustituir a la CTV.
Tras el referéndum, los líderes sindicales se han retirado, según informa
el «Wall Street Journal» (7 diciembre). Los miembros de la Junta Directiva
de la Confederación de Trabajadores Venezolanos decidieron dimitir. La CTV
nombrará un comité interino para organizar las elecciones de sus nuevos
líderes, sin la intrusión de los grupos favorables al Gobierno.
El principal objetivo del voto del 3 de diciembre pasado era llenar los
cargos de los gobiernos locales. Marcaba la fase final de un proceso que
empezó con la elección de Chávez en 1998. La nueva Constitución requería
elecciones para ocupar los cargos electos de todo el país, desde los
Consejos locales a la presidencia. La elección de los cargos locales de la
última semana representaba el último paso en este proceso. Datos
preliminares indicaban que el Movimiento Quinta República de Chávez ganó la
mayoría de estos cargos municipales.
Poderes de decreto para Chávez
Sólo unas semanas antes, el presidente de Venezuela consiguió que el
Parlamento, dominado por sus seguidores, le otorgara amplios poderes
adicionales. Según comunicaba Reuters (7 noviembre), la Asamblea Nacional
dio a Chávez atribuciones para decretar una plétora de nuevas leyes. La
medida suscitó protestas en la oposición, quien acusa al presidente de
acumular un poder dictatorial.
La así llamada Ley Habilitadora da a Chávez el poder de llevar adelante su
«revolución democrática» de cuño propio. El presidente puede decretar ahora
docenas de leyes, en áreas que van desde el petróleo a la banca y la
burocracia, durante un año, sin ningún debate parlamentario.
Según el reportaje de Reuters, tanto los analistas políticos como los
políticos de oposición coinciden en asegurar que el objetivo del poder
obtenido por Chávez es inaudito y minaba la misma Asamblea, que acabó con
el Senado el año pasado cuando tuvieron lugar las reformas
constitucionales. Los legisladores no saben exactamente qué leyes serán
decretadas con estos poderes, porque el Gobierno sólo ha delineado seis
amplias áreas: sector financiero, industrial y agrario; infraestructuras;
seguridad personal y legal; ciencia y tecnología; y el sector público.
Acontecimientos recientes en Venezuela
Chávez, que intentó un golpe sin éxito en 1992, obtuvo una aplastante
victoria en las elecciones de diciembre de 1998, y tomó posesión del cargo
en febrero del año pasado. Basó su campaña en un amplio cambio político
basado en la lucha contra la corrupción y prometió transformar Venezuela,
durante su mandato de cuatro años como presidente, eliminando a los
políticos del viejo corte y revitalizando la estancada economía del país.
La victoria de Chávez tuvo lugar en el contexto de un sistema que había
caído desde hacía tiempo en la corrupción política y la desorganización
administrativa. En 1999, el 80% de la población de Venezuela vivía por
debajo del umbral de la pobreza.
Tras llegar al poder, Chávez organizó, en abril de 1999, un referéndum, en
el que los votantes autorizaban la convocación de elecciones de los
delegados que debían constituir una Asamblea Constituyente para redactar
una nueva Carta Magna. En las elecciones del 25 de julio, los seguidores de
Chávez ganaron 121 de los 131 escaños de la Asamblea Constituyente. Su
borrador de Constitución fue difundido durante el mes de noviembre y se
aprobó el 15 de diciembre con el 72% de los votantes en un referéndum
nacional. Este documento, inspirado en la Quinta República de Francia,
incrementa el poder presidencial ampliando el mandato a seis años y
permitiendo la inmediata reelección del presidente por otro mandato
adicional. A continuación, Chávez se lanzó a una nueva campaña electoral
con el objetivo de acceder a la presidencia bajo la nueva Constitución, en
junio de este año. En teoría, podría permanecer en la presidencia hasta el
año 2012, en caso de ser reelegido.
Chávez se defiende
El pasado 15 de octubre, en una entrevista concedida al «Washington Post»,
Chávez declaraba: «Noso
tros estamos en pleno proceso de cambio del que
surgirá un nuevo sistema político, porque la democracia representativa no
es realmente buena para nosotros». Como argumento, Chávez adujo el hecho de
que en el pasado los líderes de los partidos traicionaron al pueblo.
Respondiendo a una pregunta relativa a la suma de poder que ha acumulado,
Chávez argumentó que, de hecho, Venezuela está eliminando un modelo
autoritario que estaba disfrazado de democracia. El presidente asegura:
«Nosotros hemos puesto en marcha un proceso de descentralización, un
proceso realmente democrático».
Sin embargo, no todos están de acuerdo. Entre los críticos del régimen está
la Iglesia católica. Como informaba el diario español ABC (24 noviembre),
el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Baltasar
Porras, acusa a Chávez de debilitar el proceso democrático, monopolizando
el poder político del país.
El arzobispo también criticaba la existencia de una ideología populista y
militarista, explicando que los oficiales militares ocupaban prácticamente
los cargos más importantes de Venezuela. El líder eclesial también revelaba
que el Gobierno ha expiado sus teléfonos y controla sus movimientos, y está
instigando falsas acciones legales contra él. El arzobispo Porras indicaba
que Chávez teme la independencia de la Iglesia y la posibilidad de que
pueda formar un núcleo de oposición al Gobierno.
Sólo el tiempo dirá a dónde está llevando Chávez a Venezuela. Si bien no se
puede negar que el país necesitaba una reforma política, hay razones
legítimas para preocuparse ante la excesiva centralización del poder en la
persona del presidente.
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