SANTIAGO DE CHILE, jueves, 20 julio 2006 (ZENIT.org).- El Comité Permanente del Episcopado ha invitado a garantizar por ley un sistema educativo plural, de calidad, accesible a todos los chilenos y conforme a los principios morales y religiosos de cada persona.
En una declaración titulada «Educación, familia y pluralismo», el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile hizo entrega de sus aportes al debate en torno a la educación y a la propuesta de reforma constitucional sobre la materia.
Sobre la base de que el punto de partida y sustento ético de la educación es la persona y su dignidad, los Obispos hacen un llamado a que el Estado no sólo garantice educación a todos los chilenos, sino que ésta sea plural, de calidad, acorde con la realidad de cada persona y respetuosa de sus principios morales y religiosos.
«De la calidad de la educación depende la calidad de vida, la superación de la pobreza, el nivel cultural y la nobleza de las relaciones humanas de un pueblo», afirman, al tiempo que aclaran que la tarea de impartir la educación ha de ser considerada siempre como un invaluable servicio público.
Los Obispos defienden el principio de la libertad de proyectos educativos, los que pueden ser impartidos por organismos ministeriales, municipales y particulares. Por esto expresan que «a ningún sector educacional, ni siquiera al propio Estado, se le puede otorgar la facultad de concederse el privilegio y la exclusividad de la educación de los más pobres, sin menoscabar con ello importantes derechos».
En la declaración, se hace especial énfasis en el rol que le cabe a las familias, tanto en la educación como en el derecho a exigir la libertad de acceso a educación de calidad.
Afirman que los padres de familia deben gozar de libertad para elegir para sus hijos una educación conforme a sus valores. Son ellos los primeros y principales educadores de sus hijos, en un principio que, según ha advertido el Papa Benedicto XVI, nunca es negociable.
Los obispos consideran indispensable que la libertad de enseñanza permanezca consignada en su concepto, alcance y resguardo en la Constitución. Además, previenen sobre los riesgos de medidas que podrían judicializar toda la vida escolar. Terminan agradeciendo la esforzada y generosa labor de los educadores.
