NUEVA YORK, jueves, 2 febrero 2006 (ZENIT.org).- Monseñor John Baptist Odama, arzobispo de Gulu, se ha dirigido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lanzando un llamamiento a la Comunidad Internacional para que intervenga a fin de acabar con la guerra que desde hace dos décadas arrasa los distritos septentrionales de Uganda
«He venido hasta aquí para traer a los oídos de las personas que pueden hacer algo el llanto de los niños, el grito de sus amadas madres y el de sus familias… Hay quien califica esta guerra de olvidada; para muchos otros es el conflicto menos conocido del planeta», alertó en la sede neoyorquina.
El martes pasado la agencia misionera «Misna» daba cuenta de la intervención del prelado ugandés en el organismo: «¿Qué debería decir a la gente del norte de Uganda cuando regrese de Nueva York? ¿Que los miembros del Consejo de Seguridad seguirán permaneciendo en silencio mientras los niños son secuestrados y asesinados y hombres y mujeres siguen sufriendo violentos ataques cada día?», interrogó.
El prelado ha pedido a la ONU que se ofrezca como «mediadora» para facilitar el diálogo entre el gobierno y los rebeldes del «Ejército de Resistencia del Señor» (LRA, en sus siglas en inglés) y para la consecución de un «alto el fuego» eficaz y duradero.
Igualmente ha solicitado la creación de un «corredor» que permita a las organizaciones humanitarias llegar hasta la población civil en condiciones de seguridad.
El drama de los niños-soldados se incluye en el azote que padece la región, dado que son «enrolados» a la fuerza en la guerrilla (o reducidos a la esclavitud) en el conflicto que desde 1986 atraviesan los ugandeses por la lucha del «visionario» Joseph Kony y sus rebeldes del LRA contra el gobierno de Kampala.
El precio la guerra en Uganda incluye la tortura y el asesinato de incontables civiles (se estiman en 200 mil los muertos) y el desplazamiento un millón y medio de personas. Los menores secuestrados por el LRA y obligados a luchar se elevan a 30 mil.
La agencia misionera observa que se ha acusado a las propias fuerzas gubernamentales de abusos cometidos contra los civiles desplazados reunidos en los «poblados protegidos»: en realidad agrupaciones de cabañas en estado ruinoso «vigiladas» esporádicamente por pequeños grupos de soldados.
Se calcula que mil ugandeses mueren cada semana en los campos, donde ha aumentado drásticamente además el índice de suicidios y el contagio del Sida. Así se desprende de un informe del pasado agosto, publicado conjuntamente por el gobierno, en colaboración con varias agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales (ONG).
La Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, dirigida por monseñor Odama, advierte de que el 100% de la población del distrito de Pader se ve obligada a vivir en los «poblados protegidos», una situación que desde hace tiempo ya se vive en Gulu y sus alrededores.
