Por Carl Anderson
NEW HAVEN, Connecticut, jueves 10 de diciembre de 2009 (ZENIT.org).- Durante décadas, los estadounidenses han sido sometidos a los argumentos de algunos políticos católicos que argumentaban que, aunque “se opusieran personalmente” a políticas injustas como el aborto, no estaban dispuestos a “imponer” ese punto de vista al resto del país.
El argumento era falso; partía de la base de que de hecho, de alguna manera, una conciencia “católica” debía dejarse a un lado en el espacio público.
Ahora, las mismas personas que argumentaron que no podían llevar su conciencia privada al espacio público laico, están preparados para usar la ley para imponer un particular punto de vista a sus compañeros católicos.
Mediante el trabajo y el voto para incluir la cobertura de abortos en la legislación de la asistencia sanitaria, varios políticos católicos se encuentran en el precipicio de ser los votos decisivos para imponer un punto de vista específico a sus compañeros católicos, obligándoles a financiar abortos a través de sus impuestos.
Mientras profesan que no pueden imponer su conciencia a nadie, esos políticos parecen tener pocas dudas a la hora de imponer un punto de vista político -a lo cual ellos alegaban oponerse inicialmente- a las conciencias de sus compañeros católicos.
Lejos de Kennedy
Los políticos católicos dispuestos a renunciar a sus propias conciencias y a imponer a los demás un punto de vista directamente anti-católico vienen de un largo camino desde el legado del estadista católico de más alto perfil de la historia estadounidense, el presidente John F. Kennedy, quien al analizar su función como católico y candidato a presidente dijo: “Si llegara el momento -y no veo problema en que llegue lo más remotamente posible- en que mi cargo me exigiera o violar mi conciencia o violar el interés nacional, entonces renunciaría a mi cargo, y espero que cualquier servidor público concienzudo hiciera lo mismo”.
Y aunque algunos pudieran considerar que los políticos católicos han discrepado de las recomendaciones sobre políticas públicas de sus obispos en varias áreas, la clave es ésta: Muchas cuestiones son prudenciales y están abiertas a una discrepancia razonable; pero el derecho inalienable a la vida en el contexto del aborto no lo es, es fundamental y no puede verse comprometido.
Como el cardenal Joseph Ratzinger -ahora Benedicto XVI- destacó sobre los políticos católicos en 2004: “No todas las cuestiones morales tienen el mismo peso moral que el aborto”.
Y añadió: “Aunque la Iglesia exhorta a las autoridades civiles a buscar la paz, no la guerra, y a tener discreción y misericordia al imponer penas a los criminales, podría ser admisible sacar las armas para repeler a un agresor o recurrir a la pena capital. Puede haber una legítima diversidad de opiniones entre los católicos respecto a la guerra y a la aplicación de la pena de muerte, pero no, en cambio, respecto al aborto”.
Ley injusta
Los políticos católicos deben ahora considerar el efecto de la legislación nacional que ordena la colaboración católica con el aborto. En su famosa encíclica pro-vida “Evangelium Vitae”, el Papa Juan Pablo II dijo: “La introducción de legislaciones injustas pone con frecuencia a los hombres moralmente rectos ante difíciles problemas de conciencia en materia de colaboración, debido a la obligatoria afirmación del propio derecho a no ser forzados a participar en acciones moralmente malas”.
Dijo además: “Los cristianos, como todos los hombres de buena voluntad, están llamados, por un grave deber de conciencia, a no prestar su colaboración formal a aquellas prácticas que, aun permitidas por la legislación civil, se oponen a la Ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente con el mal”. (···)
“Esta cooperación nunca puede justificarse invocando el respeto de la libertad de los demás, ni apoyarse en el hecho de que la ley civil la prevea y exija. En efecto, los actos que cada uno realiza personalmente tienen una responsabilidad moral, a la que nadie puede nunca substraerse y sobre la cual cada uno será juzgado por Dios mismo”.
Es una doble ironía que una ley que obligaría a millones a violar sus conciencias mediante el pago de sus impuestos, y enredaría a miles de médicos, enfermeras, hospitales y organizaciones benéficas católicos, esté siendo considerada precisamente en un momento en el que la mayoría de estadounidenses -en número cada vez mayor- se está haciendo cada vez más pro-vida.
Los funcionarios de Washington pueden evitar que ocurra esta tragedia moral. No deberían dudar en hacerlo.
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Carl Anderson es el Caballero Supremo de los Caballeros de Colón y un autor superventas del New York Times.
[Traducción del inglés por Patricia Navas]
