JARTUM, domingo, 30 mayo 2004 (ZENIT.org).- De «decisivo paso adelante, pero sobre un terreno minado y lleno de trampas» ha calificado el obispo de la diócesis sudanesa de Rumbek –monseñor Cesare Mazzolari— el acuerdo de paz alcanzado el miércoles pasado en Naiwasha (Kenia) entre el gobierno islámico de Jartum y los secesionistas del sur de Sudán.
El acuerdo es resultado de dos años de difíciles negociaciones orientadas a poner fin a 21 años de guerra civil en Sudán –entre el régimen del norte, esto es, del gobierno de Jartum, de etnia árabe y blanca y religión musulmana, y la rebelión del sur, de población negra mayoritariamente animista y cristiana– que ha causado más de dos millones de muertos y cientos de miles de desplazados.
Este conflicto armado estalló en 1983, cuando el ex presidente Gaafar Nimeiry instauró la «sharia» (ley islámica). En 1989 se impulsó el proceso de islamización forzada entre las poblaciones del sur.
Puntos principales el acuerdo
El acuerdo ha sido firmado por John Garang –de la tribu de los Denka–, líder del SPLA («Ejército de Liberación Popular de Sudán»), y por el vicepresidente sudanés Osman Mohamad Taha Hala. Kenia, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Noruega han desarrollado un importante papel de mediación, explica «Fides».
Hasta el último momento se negoció sobre cuestiones pendientes por resolver: el equilibrio de poderes en el período de gobierno de transición el estatuto especial relativo a tres regiones del Norte, pero alineadas con los secesionistas del Sur (montes Nuba, Abiey, Nilo Azul meridional).
Punto central de los acuerdos es el período de transición con un gobierno de unidad nacional que durará 6 años y medio. Después de 3 años del inicio del período de transición están previstas elecciones libres. Pasado el período de transición, las poblaciones del sur podrán decidir por referéndum entre permanecer dentro de un estado federal o la independencia.
Los acuerdos prevén que el presidente sea del Norte y el vicepresidente del Sur, si bien éste carecerá de plenos poderes en caso de ausencia del presidente. Un segundo vicepresidente representará el Norte. Omar el Bashir, el presidente golpista sudanés, permanece en su lugar, mientras que John Garang, líder del SPLA, asumirá el cargo de vicepresidente.
En cuanto a los cargos a nivel nacional (gobierno y parlamento), el 70% serán para el Norte y el 30% para los independentistas del Sur. En las regiones especiales, el papel fundamental de gobernador será para tres líderes ligados al SPLA, pero el 60% de las responsabilidades políticas será para los hombres de Jartum.
Según el texto firmado, la «sharia» (ley islámica) –un punto muy debatido– será aplicada en el Norte, pero no en el Sur. En Jartum, donde viven numerosos cristianos y animistas procedentes del sur, se ha acordado que durante el período de transición la «sharia» será aplicada en la capital, pero a los no musulmanes se les garantizará protección y se les eximirá de los castigos más radicales de la ley coránica (amputaciones y lapidaciones).
Los acuerdos recogen asimismo que los beneficios de los recursos petrolíferos, concentrados en su mayoría en el sur, serán divididos a medias entre el gobierno central y la administración de las regiones meridionales.
Realidad excluida de la firma
«Es un acuerdo muy frágil y delicado que en cualquier caso abre una brecha a la paz», reconoció monseñor Mazzolari en declaraciones a la agencia misionera «Misna», si bien añadió: «No entiendo por qué la comunidad internacional ha hecho presiones para firmar aprisa un acuerdo que, entre otras cosas, no resuelve en absoluto la cuestión de Darfur», al oeste de Sudán.
Desde febrero de 2003 Darfur es escenario de un violento enfrentamiento entre dos grupos rebeldes –el «Movimiento para la Justicia y la Igualdad» (JEM) y el «Ejército-Movimiento de liberación de Sudán» (SLA-M)– y el ejército regular sudanés, un conflicto que ya ha ocasionado unos 20.000 muertos, más de un millón de prófugos desplazados y 150.000 refugiados en el Chad –todos ellos víctimas actualmente de una gravísima crisis humanitaria–.
SLA-M y JEM se han alzado en armas contra Jartum, acusado de abandonar Darfur porque su población es mayoritariamente negra y de financiar a las milicias «Janjaweed» –salteadores árabes activos en la región occidental de Sudán–, que desde hace años siembran muerte y destrucción especialmente en las comunidades africanas Arana, Marsalit y Fura.
El ataque de las milicias árabes contra la etnia de Darfur se dirige a «ocupar su lugar, como han hecho en otros lugares: quieren desplazar la raza árabe a las zonas más fértiles, a las zonas donde pueden tener pastoreo», explicó recientemente a «Radio Vaticana» el obispo sudanés de El Obeid –que comprende también Darfur– Macram Max Gassis, advirtiendo que en «en Darfur está en marcha un proceso de arabización».
«Espero que el movimiento de liberación no piense sólo en sí mismo», porque «la paz firmada sin Darfur quiere decir que un día habrá un ataque masivo y continuado contra esta población», alertó el pasado 8 de mayo.
Igualmente, a través de «Fides», el prelado lanzó en febrero un llamamiento al gobierno sudanés a fin de que iniciara inmediatamente «el diálogo para poner fin a la guerra en Darfur».
«El gobierno no puede matar inocentes (…) para combatir a la guerrilla. Con las armas no se soluciona nada (…). El gobierno debería saberlo bien, visto que después de años de guerra, ha decidido sentarse a la mesa de las negociaciones para poner fin a la guerra en el sur de Sudán y en los Montes Nuba», a la vista de lo cual el obispo de El Obeid añadía su estupor por que se eligiera «el camino de la violencia para Darfur, cuando ésta ya ha demostrado, en otras zonas de Sudán, que es una vía sin salida».
Analizando el acuerdo, el obispo de Rumbek añadió que «la larga guerra entre norte y sur ha alimentado odio hacia el régimen de Jartum, pero también entre las propias tribus: en mi diócesis hay en curso 21 conflictos entre los Denka, que no aceptan los nuevos nombramientos de los administradores políticos y civiles impuestos por el SPLA», firmante del acuerdo con el gobierno.
Además, el prelado recordó que en las zonas meridionales del país más extenso del continente africano permanecen activos «más de 96.000 combatientes del SPLA». «¿Quién los desarma ahora?», cuestionó.
«Temo que esta paz haya sido impuesta por los mediadores internacionales», manifestó.
En opinión de monseñor Mazzolari, no basta con la firma de un protocolo para que sea efectivo, sino que «ahora la comunidad internacional nos tendrá que acompañar no sólo trayendo ayuda, sino garantizando la reconstrucción» de infraestructuras, centros sanitarios y pozos en un lugar donde ni siquiera hay condiciones para que las ayudas lleguen por tierra.
«Os suplico que no nos abandonéis justo ahora, sería un acto “criminal”», pide a la comunidad internacional.
En cualquier caso, «las verdaderas causas de la guerra han sido enmascaradas por este tratado de paz»: se trata de «antiguas injusticias cometidas por el gobierno o representantes del gobierno que nunca han sido resueltas con justicia por los magistrados», subrayó el jueves pasado monseñor Mazzolari –misionero comboniano originario de Brescia (Italia)– en los micrófonos de «Radio Vaticana».
«A la Iglesia le corresponde ahora una tarea importante: decir a la población que ha llegado la paz, explicar los derechos civiles de los que goza y las responsabilidades a las que está llamada –reconoció–. Necesitaremos de personas valientes para hacer valer estos derechos en la sociedad
, sobre todo porque la sociedad ha sido excluida completamente de las negociaciones de paz».
