CIUDAD DEL VATICANO, 24 dic 2000 (ZENIT.org).- La Iglesia en Nápoles tiene un motivo particular de alegría en esta Navidad: el 22 de diciembre pasado fue absuelto su arzobispo de acusaciones de malversación de fondos de la Iglesia.
La sentencia del juez Vincenzo Starita, del Tribunal de Lagonegro, pequeña localidad de la provincia de Basilicata, ha sido clara: «Absolución total de todas las acusaciones presentadas por la Fiscalía de la República» contra el cardenal Michele Giordano, arzobispo de Nápoles.
Tras conocer la noticia, Joaquín Navarro-Valls, portavoz vaticano, publicó una nota oficial para manifestar la «viva complacencia de la Santa Sede» por la sentencia.
La fiscalía acusó al pupurado de entregar unos 800.000 dólares a su hermano para otorgar préstamos usurarios y de apropiarse de unos 500.000 dólares pertenecientes a la Iglesia. Para evitar que el caso durara infinitamente, el cardenal Giordano había pedido que el proceso se realizara con el rito abreviado, a pesar de que este sistema da menos posibilidades a la defensa.
«Desde el inicio del proceso –explica la declaración de Navarro-Valls– se ha visto claramente que el cardenal Giordano era ajeno a las vicisitudes que se le imputaban y que habrían tenido lugar en Sant’Arcangelo di Lucania, localidad en la que nació el prelado y en la que residen sus parientes. A pesar de ello, se han querido continuar las investigaciones en todos los sentidos y ahora su resultado no deja lugar a dudas sobre la inocencia del cardenal, que hubiera podido proclamarse inmediatamente»
«El arzobispo de Nápoles –sigue diciendo la declaración vaticana– ha optado por el «juicio abreviado», al final del cual el juez competente ha reconocido como totalmente coherente con la verdad lo que en toda ocasión ha afirmado en su propia defensa el prelado».
La Santa Sede, en el comunicado, deplora con claridad el hecho de que «una persona, que ahora ha sido reconocida como inocente, haya tenido que sufrir un daño tan grave y prolongado durante dos años; un daño que se ha revelado también indirectamente contra beneméritas instituciones de la Iglesia».
Asimismo, el Vaticano deplora el que los fiscales italianos hayan violado en sus investigaciones los acuerdos que rigen las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Italia desde 1984. En particular, se reprocha a los investigadores el que no hayan comunicado –como hubieran tenido que hacer– a las autoridades eclesiásticas competentes el hecho de que habían abierto un dossier sobre el cardenal.
No sólo, la Santa Sede va más allá en su reproche a los investigadores italianos, por considerar que violaron todos los derechos del cardenal con registros injustificados y con escuchas telefónicas ilegales. De este modo, concluye, «además de disturbar el ejercicio del ministerio episcopal –como garantizan las normas de los pactos vigentes–», se ha violado «la posición reconocida por el Estado italiano a los cardenales de la Santa Romana Iglesia».
El caso contra el cardenal Giordano constituye, en pocos años, el segundo gran fracaso de la así llamada «justicia espectáculo» en Italia. Un tribunal ha descartado las acusaciones que implicaban al cardenal Ricardo María Carles Gordó, arzobispo de Barcelona, en actividades mafiosas.
El mismo fiscal ha tenido que reconocer que introdujo al cardenal en su lista de los investigados simplemente porque en una escucha telefónica un mafioso aludía al «cardenal de Barcelona». Más tarde se pudo constatar que con este apelativo se refería aun miembro de la mafia al que se le conocía con dicho seudónimo.
