WASHINGTON, 5 julio 2001 (ZENIT.org).- «Si las estadísticas son una indicación creíble, el sistema estadounidense podría permitir la ejecución de un inocente». Esta es la sorprendente declaración que realizó el 3 de julio pasado Sandra Day O´Connor, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, reabriendo la polémica sobre la ejecución capital.
O´Connor, de 71 años, forma parte del grupo de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos considerados como conservadores. Fue nombrada para este cargo en 1981, convirtiéndose en la primera mujer que accedía a la máxima instancia judicial del país.
Al tomar la palabra en Minnesota, la juez constató cómo desde 1973 hasta hoy, noventa condenados a muerte han sido después liberados de las acusaciones, al comprobarse su inocencia. Esto significa que personas no culpables pueden haber sido ajusticiadas.
O´Connor pidió a continuación ampliar el uso de los tests del ADN para verificar científicamente las culpas de los imputados y pidió más garantías en la elección de los abogados por parte de personas que no pueden pagarse su defensa.
En Texas, por ejemplo, quien acaba en manos de los abogados ofrecidos por el Estado, tiene el 44 por ciento de posibilidades de ser condenado a la pena de muerte.
Quienes son favorables a la pena capital, consideran que las propuestas de O´Connor son necesarias para que no pueda haber dudas sobre su práctica. Quienes se oponen, piden una moratoria nacional, pues consideran que estos riesgos forman parte misma del sistema judicial y no serán resueltos nunca.
