CIUDAD DE MÉXICO , 16 agosto 2002 (ZENIT.org).- La controvertida película «El crimen del Padre Amaro» llegó este viernes a 400 cines en México, convirtiéndose en el estreno con mayor promoción en la historia mexicana.
El filme, dirigido por Carlos Carrera, ha creado conmoción en la opinión pública pues en algunas escenas el padre Amaro, interpretado por el mexicano Gael García tiene relaciones sexuales con la joven Amelia, que representa la actriz Ana Talancón, cobijados con el manto de la Virgen María.
En otro momento de la película, una fanática religiosa le da a su gato enfermo una hostia como remedio.
La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) ha publicado un comunicado para protestar públicamente por el contenido de la película «que constituye una ofensa a las creencias religiosas de los católicos y hace mofa de los símbolos más sagrados para la comunidad católica».
«Una película por más valores artísticos o cinematográficos que contenga no debe ser injuriosa ni atentar contra los derechos de las personas o de las instituciones», afirma el comunicado, firmado por el arzobispo Luis Morales Reyes, presidente de la CEM y por el obispo Abelardo Alvarado Alcántara, secretario general.
«La libertad de expresión no autoriza a denigrar personas o instituciones generalizando hechos o situaciones de excepción», añade el documento.
«Estamos conscientes que la Iglesia católica o su jerarquía no pueden pretender que una película sea censurada o prohibida –sigue diciendo el episcopado–, puesto que existe una legislación (Ley Federal de Cinematografía y su respectivo Reglamento) que norma la exhibición de las películas, pero está en su pleno derecho a exigir que sean respetadas las creencias religiosas de la mayoría de los mexicanos».
«Asistir o no a la exhibición de la película es, obviamente, una decisión libre y personal –aclaran los obispos–; por lo que confiamos en que el criterio y la madurez de los católicos y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les permita juzgar y distinguir la verdad sobre las ofensas a la fe y a la Iglesia.
«Consideramos una exigencia para la convivencia pacífica y armónica en la sociedad, que nuestras leyes protejan el buen nombre de las personas e instituciones, so pena de provocar enfrentamientos estériles», concluyen diciendo los prelados.
