ROMA, 2 julio 2002 (ZENIT.org).-
Disminuyen los países que aplican la pena capital, pero aumenta el número de
las ejecuciones: es el paradójico escenario que emerge del Informe 2002
sobre la pena de muerte en el mundo, presentado en Roma por la asociación
humanitaria «Nadie toque a Caín».
Al menos hubo 4.700 ejecuciones en el año 2001, de las que 3.500 se llevaron
a cabo en China. Le siguen Irán, Irak y Kenia. La lista de 34 países se
cierra con Corea del Norte y Uzbekistán, pero sólo porque no hay más datos
disponibles.
La pena de muerte no ha sido aún derrotada, pero indudablemente el año
pasado confirma la evolución que se verifica desde hace diez años hacia la
abolición. «Nadie toque a Caín», que dedica el informe al presidente
nigeriano Olusegun Obasanjo por haber contribuido a la positiva solución del
caso Safiya, subraya que frente a una disminución del número de países que
aplican la pena capital, se registra un aumento de las ejecuciones, el 98%
de las cuales tiene lugar en países totalitarios y autoritarios mediante
lapidación, horca, decapitación y fusilamiento.
En la lista aparece también Estados Unidos en décimo lugar con 66
ejecuciones; junto a Tailandia, Taiwan, Japón y Bostwana, es una de las
cinco democracias liberales que han llevado a cabo ejecuciones.
La asociación internacional señala que, en este punto, la solución del
problema, antes aún que en la pena de muerte, está en la democracia, el
Estado de Derecho, los derechos humanos y sobre todo la libertad religiosa.
Es por ello que se encontraban en Roma dos exponentes de Falun Gong, el
movimiento espiritual que está sufriendo una dura y feroz represión en
China.
Elisabetta Zamparutti, responsable del Informe, declara a Radio Vaticano:
«El drama de las noticias sobre ejecuciones ha hecho avanzar un paso
respecto a lo que estábamos haciendo antes y por lo tanto concebir la
batalla por la abolición de la pena de muerte como una lucha por la
democracia y por el Estado de Derecho».
«Hay una tendencia irreversible en el ámbito de la comunidad internacional
hacia la abolición; son una minoría — sólo 69 países – los que todavía la
contemplan, y todavía menos los que cumplen las ejecuciones: 34. El
problema es que en estos 34 países se han verificado al menos 4.700
ejecuciones. Muchas más que en el año 2000, cuando se acercaron a 1890»,
expone Elisabetta Zamparutti.
«Sin embargo — aclara la responsable del informe –, las noticias relativas
a estas ejecuciones, que provienen en su mayoría de países sin libertad y
que por lo tanto no proporcionan estadísticas oficiales, porque la pena de
muerte es un secreto de Estado, son informaciones recogidas a través de la
consulta de fuentes independientes; se trata por ello de datos aproximados,
pero por defecto».
