(ZENIT Noticias / Madrid, 27.01.2026).- La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española celebran el anuncio de un proceso que lleve a la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en el país. Consideran esta medida como un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de España aun a costa de mantenerles en situación irregular.
Este Grupo Eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) considera que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias.
El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Por ello, este grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria.
El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, constituye un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Sin embargo, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que sus entidades acompañan cotidianamente y que han sido objeto reiterado de las demandas que como entidades eclesiales han hecho en estos años de trabajo por la ILP regularización:
- Personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia.
- Personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos.
- Personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.
- Trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración.
- Solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad.
- Familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas.
Las entidades eclesiales han trabajado en un proceso participativo que llegó a concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabó más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Desde el año 2023 las cuatro entidades han participado en multitud de reuniones con actores políticos y sociales exponiendo la preocupación compartida y constatada en el día a día de la labor de acompañamiento que realizan entidades eclesiales por la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social.
El 68% en exclusión social
Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019.
En este día las entidades eclesiales ponen el énfasis en la inmensa labor de diálogo que se ha llevado a cabo y en la amplia aprobación que tuvo la toma en consideración de la iniciativa el 9 de abril de 2024 en el Congreso de los Diputados. Esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social.
La respuesta institucional de la Iglesia a la iniciativa promovida por la izquierda y la ultra izquierda de España ha sido ampliamente contestada por sacerdotes y laicos católicos, especialmente en redes sociales, que anotan que esta reforma da vía libre a la regularización de delincuentes, al no prever formas de verificar sus precedentes penales en su país de origen ni toma en cuenta los crímenes cometidos en España.
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