CIUDAD DE MEXICO, 7 agosto (ZENIT.org).- La Conferencia del Episcopado Mexicano anunció el 3 de agosto pasado que encargará un peritaje sobre la investigación del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Los obispos mexicanos tomaron esta decisión ante las contradictorias conclusiones que presentaron el 27 de julio los integrantes del Grupo Interinstitucional, encargado de revisar la investigación del crimen contra el purpurado mexicano, asesinado a tiros en el garaje del aeropuerto de Guadalajara, ciudad de la que era arzobispo, el 24 de mayo de 1993.
«En relación a las conclusiones divergentes ofrecidas por la Procuraduría General de la República y avaladas a título personal por los señores obispos José Fernández Arteaga y Luis Reynoso Cervantes, y por otra parte las presentadas por el Gobierno de Jalisco y el señor cardenal Juan Sandoval Iñiguez, valoramos el trabajo realizado durante estos dos años y podemos decir que los obispos mexicanos buscaremos que se haga un estudio por peritos del material que se ha acumulado, para emitir con fundamento nuestra posición al respecto», anunció el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana, a través de un comunicado oficial firmado por el arzobispo Luis Morales Reyes, presidente del episcopado, y el obispo Abelardo Alvarado, secretario general de ese organismo.
En declaraciones a la prensa, monseñor Alvarado precisó que para realizar el peritaje, el episcopado pedirá los servicios de juristas civiles para que revisen el proceso e indaguen si hubo incoherencias en la investigación. «Se va a hacer una evaluación de todo el material que se supone que fue aportado durante este tiempo en que trabajó la Comisión Interinstitucional. La intención es ver qué aspectos se pueden seguir investigando, qué posibilidades hay de que pueda continuar la investigación», explicó el prelado.
Monseñor Alvarado recordó que el sucesor del purpurado asesinado en la guía de la arquidiócesis de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval, siempre ha afirmado que existen pruebas y testimonios que no se han valorado suficientemente y el episcopado mexicano tiene el deber de respaldarlo en su legítimo derecho de pretender que el caso se esclarezca.
El obispo rechazó que con esta acción, la Conferencia Episcopal esté descalificando la labor que hicieron el arzobispo Fernández Arteaga y el obispo Reynoso Cervantes, miembros del Grupo Interinstitucional, que a título personal, avalaron la tesis de la Procuraduría General de la República. Según esta tesis, no se trataría más que de un asesinato incidental. «Nosotros no estamos descalificando para nada su labor –explicó monseñor Alvarado–. Hicieron una labor muy valiosa, pero ellos mismos reconocen que con los medios que tenían no podían ir más allá».
Las fechas para la elección del equipo de peritos encargado de la investigación depende del calendario de la Conferencia Episcopal, cuya próxima reunión, a nivel de Consejo de Presidencia y de Consejo Permanente, será en septiembre.
En su comunicado, la Conferencia Episcopal desea que en México la administración de justicia sea cada vez más expedita y apegada a la ley, desterrando cualquier forma de impunidad y corrupción. «Sólo en la justicia y en la verdad podremos construir un México fraterno y solidario», consideran los representantes episcopales.
