CIUDAD DEL VATICANO, 26 julio 2001 (ZENIT.org).- La Comisión judeo-católica de historiadores creada para examinar el papel de la Iglesia durante el Holocausto ha anunciado en una carta la suspensión de sus trabajos pues acusa al Vaticano de no poder acceder a todos los documentos presentes en los archivos vaticanos.
La decisión ha sido acompañada por polémicas y acusaciones contra el Vaticano. El padre Peter Gumpel, s.j., historiador alemán y postulador de la causa de beatificación de Pío XII, ha sido autorizado por la Santa Sede para realizar la declaración que publicamos a continuación:
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En los últimos días se ha desencadenado de nuevo un violento ataque con la Iglesia católica. La ocasión para esta campaña difamatoria ha sido proporcionada por la decisión del grupo de estudio judeo-católico de suspender sus actividades.
Este grupo de estudio mixto fue instituido en 1999 con el preciso encargo de examinar los 12 volúmenes de la obra «Actes et Documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale» en el que se recogen todos los documentos del archivo de la Santa Sede durante la Segunda Guerra Mundial.
En sí, esta iniciativa era laudable y favorable a la profundización de la verdad histórica respecto a la actividad del Sumo Pontífice Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, con especial referencia a su obra de ayuda a los judíos perseguidos. Cualquiera que haya leído esta obra, puede darse cuenta de cómo el Sumo Pontífice hizo todos los esfuerzos posibles para salvar el mayor número posible de vidas, sin distinción alguna. Lamentablemente, este aspecto no ha sido suficientemente examinado y considerado por el susodicho grupo.
En cambio, desde el inicio de los trabajos, algunos –no todos– miembros de la parte judía del grupo han difundido públicamente la sospecha de que la Santa Sede tendía a esconder documentos que a su juicio habrían sido comprometedores.
A continuación estas personas han dado origen repetidas veces a fugas de noticias distorsionadas y tendenciosas, comunicándolas a la prensa internacional.
La Santa Sede, aún siendo consciente de este comportamiento manifiestamente incorrecto, ha seguido alimentando el debate, aún teniendo la posibilidad y el derecho de retirar su propia participación en este grupo.
De hecho, en un debate académico, lo mínimo que se debe esperar de los participantes es una postura de mutuo respeto y confianza recíproca sobre la honestidad de los participantes.
No obstante la plena disposición de la Santa Sede a seguir el trabajo de investigación histórica, hemos debido constatar que no todos los componentes del grupo y quizá ni siquiera uno solo de ellos ha leído los 12 volúmenes que debían ser examinados.
Cada miembro del grupo ha examinado dos volúmenes y para cada uno de ellos habría debido redactar un informe. Al final de este trabajo preliminar, la disparidad de los juicios era tal que Eugene Fisher, coordinador del grupo ha declarado «Eran tan diversos en la forma y en el fondo que habría sido dificilísimo redactar un informe de síntesis».
Llegado a este punto, el grupo decidió formular y transmitir a la Santa Sede una lista de 47 preguntas. El grupo pedía además la posibilidad de examinar todos los documentos conservados en el Archivo Vaticano todavía no publicados.
En octubre de 2000, el grupo de estudio vino a Roma y mantuvo encuentros con los cardenales Edward I. Cassidy, el cardenal Pio Laghi, el arzobispo Jorge María Mejía, ahora cardenal, con quien escribe, en calidad de experto designado por el cardenal Cassidy. El objeto del encuentro era el de ofrecer respuestas a las preguntas y aclarar los hechos históricos.
El 24 de octubre de 2000 me reuní con el susodicho grupo, tras haber preparado 47 informes para responder en manera específica y detallada a cada una de las preguntas que me llegaron 15 días antes de la reunión.
Con viva decepción, he podido constatar que la lectura de los volúmenes en cuestión se hizo de manera superficial, con interpretaciones de datos y fechas a los que, en algunos puntos, se les daba completamente la vuelta.
Ante mis explicaciones y la documentación ofrecida, los miembros del grupo no tuvieron nada que objetar.
Al final del encuentro, durante el cual habíamos podido tratar sólo 12 de las 47 cuestiones, declaré mi plena disponibilidad para continuar con el debate. Lamentablemente, esta propuesta no fue aceptada, también porque, tras una nueva grave fuga de noticias, de la que era responsable un miembro judío del grupo, el tiempo a disposición fue utilizado para tratar de resanar cuestiones de crisis dentro de la Comisión.
Después de esta situación, fue cancelada también una consulta de dos miembros del grupo con el historiador padre Pierre Blet.
Es desconcertante que, en los meses siguientes, algunos miembros judíos del grupo de estudio han difundido sistemáticamente las noticias según las cuales no habían recibido nunca respuesta a sus preguntas. Además, hasta hoy, el grupo no ha presentado nunca un Informe definitivo sobre sus trabajos y, por tanto, no han cumplido con el encargo que se les confió.
En cambio, han decidido suspender los trabajos, aduciendo como motivo que se les ha impedido el acceso ilimitado a los Archivos Vaticanos. A este respecto se observa que el archivero de la Santa Sede, cardenal Jorge María Mejía, había explicado detalladamente a este grupo la imposibilidad técnica de revisar los documentos sucesivos a 1922, dado que se trata de un material ingentísimo (más de tres millones de folios) y que este no ha sido catalogado.
Todo estudioso sabe naturalmente que ningún archivo puede ser consultado si los documentos no son catalogados y clasificados.
En los recientes y odiosos ataques se ha afirmado que la Santa Sede no tiene la intención de abrir los Archivos. Esta noticia es clamorosamente falsa porque, como fue claramente dicho a los miembros del grupo de estudio, apenas sea posible, se pondrá a disposición no sólo de ellos, sino de todos los estudiosos, el material referente al pontificado de Pío XII.
Al hacer este trabajo, la Santa Sede no está imponiendo ningún tipo de restricción, como en cambio lo han hecho hasta hoy otros archivos como el estadounidense, el inglés y otros.
En este sentido, puedo atestiguar que algunos de mis colaboradores, historiadores de fama, han consultado los mencionados archivos, constatando que justamente aquellos documentos que habían pedido habían sido retirados y estaban bajo embargo en esos archivos.
Tal circunstancia ha sido confirmada de viva voz por un miembro del grupo de estudio, durante el encuentro mantenido en Roma. El estudioso ha contado a todos su propia experiencia en el trabajo de investigación en los archivos estadounidenses.
Llegados a este punto, es evidente que las noticias tendenciosamente difundidas en estos días carecen de fundamento y tienen una clara finalidad propagandística en perjuicio de la Santa Sede. De este modo, esta iniciativa, que pretendía mejorar las relaciones entre la Iglesia católica y la comunidad judía, ha fracasado por directa responsabilidad de quienes, contraviniendo las más elementales normas académicas y humanas, se han hecho culpables de comportamientos irresponsables.
