Los obispos de Chile y el Proyecto de Ley de Matrimonio Civil

Declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal

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SANTIAGO, 7 noviembre 2001 (ZENIT.org).- Publicamos la declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal sobre el Proyecto de Ley de Matrimonio Civil.

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Numerosas personas y medios de comunicación social han solicitado el pensamiento de la Iglesia Católica acerca de las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto que modifica la Ley de Matrimonio Civil. Al respecto, los Obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal sienten el deber de hacer públicas las siguientes reflexiones:

1. La situación de la familia en Chile está siendo cada vez más precaria. Son muchas las uniones conyugales que se deterioran porque no logran crear ese ambiente de paz y mutuo apoyo con el que soñaron a la hora de contraer matrimonio.

2. Por eso, el bien de nuestra patria y de sus hijos pide, imperiosamente, que se realice lo que postula nuestra Constitución Política, es decir, que el Estado cumpla con su deber de dar protección a la familia, y de propender a su fortalecimiento. Hemos de focalizar los esfuerzos principalmente en poner todas las condiciones que sean favorables a la vida familiar. Pensamos que ésta es la tarea más urgente de la sociedad y del Estado: cómo hacer que se formen hogares estables, en lugar de facilitar su disolución; y cómo abrir espacios para que diversas instancias ofrezcan los medios que ayuden a las familias a consolidarse y a cumplir con su misión, en medio de las dificultades que les presenta la actual realidad. Trabajar para que las crisis sean superadas y para evitar las rupturas, ésa es la tarea más urgente e importante.

3. Sin embargo, no podemos ignorar la existencia de las rupturas matrimoniales. Son procesos muy dolorosos, a veces realmente traumáticos, para los esposos, sus hijos, sus parientes y amigos, y también para la sociedad. Son familias, historias de amistad y entrega, vínculos de confianza, y grandes esperanzas las que se rompen. Quisiéramos que este tema se trate en Chile con el máximo de respeto y de responsabilidad. Que busquemos los mejores caminos para evitar las rupturas, y para atenderlas con delicadeza hacia las personas, y con mucha sabiduría, a fin de preservar los valores humanos y sociales que están involucrados en esta materia. Es urgente atender a esta situación, pero sin caer en precipitaciones que nos lleven a cometer graves errores.

4. En este contexto, nos parece que el actual proyecto de Ley sobre Matrimonio Civil y las indicaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, aunque contradicen convicciones de la Iglesia y no toman en cuenta las graves consecuencias que se desprenden de la disolución del matrimonio mediante el divorcio, según la experiencia de otros países, contienen elementos positivos, que son un avance respecto de la actual legislación.

5. Como elementos positivos destacamos, en primer lugar, la abolición de la causal que se ha utilizado hasta ahora para la práctica del divorcio fraudulento. También el perfeccionamiento del sistema de nulidades y la introducción del necesario proceso de mediación, que sin duda podrá salvar a numerosos matrimonios. Asimismo valoramos el establecimiento de un virtual estado civil de separados.

6. Pero tenemos serias preocupaciones. En primer lugar, por los fundamentos sobre los cuales se formulan las indicaciones del Poder Ejecutivo. A nuestro juicio, carecen de la consistencia valórica que merece la familia. El concepto de matrimonio que se propone no incluye la intención de contraer el vínculo por toda la vida, ni tampoco la voluntad de procrear. El concepto de familia que desarrollan las indicaciones omite la intención de los esposos de crear para siempre una comunidad de amor. Y la noción del hogar común no incluye a hijos. Es decir, las ideas fundamentales de la indicación apuntan más bien a un pacto de convivencia que a un verdadero contrato de matrimonio.

7. Por otra parte, el Mensaje del Ejecutivo desconoce la convicción de innumerables chilenos, para quienes una propiedad natural del vínculo matrimonial es que sea para toda la vida, pues afecta, como tal, derechos humanos fundamentales de los miembros del grupo familiar y, por lo tanto, el bien común de la sociedad. Ellos tienen derecho a contraer matrimonio conforme a sus convicciones.

8. La innovación más radical del proyecto de ley es la introducción no sólo del divorcio vincular, sino del divorcio por voluntad unilateral de uno de los esposos luego de cuatro años de haber cesado la convivencia. En caso de llegar a aprobarse, el simple abandono o repudio de uno de los esposos – sea cual sea el motivo- llegaría a tener la fuerza jurídica suficiente para terminar el compromiso de vida establecido en el contrato matrimonial, dañando al otro cónyuge y a los hijos aún más que el divorcio fraudulento actual, que todos rechazamos. Como consecuencia, la estabilidad del matrimonio, expresada en la indisolubilidad del vínculo, que es un bien protegido por la sociedad, porque la afecta justamente en sus fundamentos, es decir, en su célula básica, perdería su calidad de ser una institución de orden público y pasaría a ser manejada solamente en el ámbito de los derechos individuales, desplomándose su protección social. O sea, la disolución del matrimonio, que algunos quieren considerar un mal menor, pasaría a ser un virtual bien jurídico.

9. Otro aspecto muy delicado que nos llama la atención, porque contradice en la práctica los elementos positivos de las indicaciones, es que, si se estableciera un divorcio con las características señaladas, se perdería gran parte de los avances que presentan las indicaciones del Ejecutivo para ayudar a resolver la mayoría de las situaciones de ruptura. El perfeccionamiento del sistema de nulidad civil dejaría de tener sentido práctico, ya que resultaría más fácil para el cónyuge que desea terminar por sí solo su compromiso matrimonial no acudir a un juicio, y recurrir al divorcio simplemente abandonando el hogar y dejando pasar el tiempo que se establezca, sin considerar al otro cónyuge. Algo similar ocurriría con el sistema de mediaciones.

10. Chile tiene la oportunidad histórica de hacer las cosas mejor que otros países, que hoy sufren muy graves consecuencias humanas y sociales por no haber sabido adoptar en esta materia leyes que, tras un quiebre conyugal, puedan recoger la recomposición de los vínculos interpersonales, pero respetando al mismo tiempo la institución del matrimonio estable, que es la mejor base para que la familia cumpla lo mejor posible el rol que le corresponde en la sociedad.

11. Pedimos que en el trámite parlamentario se logre superar la posición extrema que presenta el proyecto de ley, con el fin de que se busquen y encuentren soluciones a los problemas señalados y a los demás del proyecto, pero sin atentar con ellas contra el principal cimiento de la familia que es la institución del matrimonio para toda la vida.

12. Cuando está en juego el bien de los hijos de nuestro pueblo, invitamos a orar a todos los que comparten nuestras preocupaciones. Pidamos a la Virgen del Carmen, Reina de Chile, que interceda por quienes tienen más responsabilidad en el cuidado del bien común, y para que el futuro de nuestra Patria tenga su fundamento vivo en la estabilidad de la familia.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

+Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago
Presidente

+Javier Prado Aránguiz
Obispo de Rancagua
Vicepresidente

+Antonio Moreno Casamitjana
Arzobispo de Concepción

+Sergio Contreras Navia
Obispo Emérito de Temuco

+Manuel Camilo Vial Risopatrón
Obispo de Temuco
Secretario General

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ZENIT Staff

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