BOGOTÁ, 19 junio 2002 (ZENIT.org).- El hecho de no garantizar la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional y no rechazar las dimisiones de los alcaldes amenazados por los grupos armados sitúa al gobierno colombiano al margen de la Constitución, ha afirmado recientemente la Federación Colombiana de Municipios.
Según recoge la Agencia Misionera Misna , estas últimas semanas fueron denunciados decenas de casos de intimidación, amenazas y violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra alcaldes y funcionarios locales.
Ahora la reclamación se centra en el gobierno del presidente saliente Andrés Pastrana: «El gobierno nacional incumple la Constitución porque no garantiza el territorio, la población y el poder local a través de los cuales los alcaldes ejercen la propia autoridad», declaró el presidente de la Federación, Luis Pérez Gutiérrez.
«En estas condiciones – añadió – es imposible gobernar, porque el ejercicio de la autoridad requiere también una mínima protección y disponibilidad de fuerza».
Más de 200 municipios del país carecen en estos momentos de la presencia de la policía o del ejército, y se encuentran a merced de los guerrilleros o de las formaciones paramilitares.
Por su parte, el gobierno colombiano ha comunicado que garantizará la seguridad de los funcionarios locales para no verse obligado a aceptar sus dimisiones.
Al mismo tiempo se ha hecho saber a los alcaldes que ya no podrán presentar su renuncia alegando presiones de los grupos armados porque incumplirían con ello el mandato conferido por el electorado.
La CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) ha venido a completar este panorama en su informe anual presentado en Ginebra en la Conferencia Internacional del Trabajo.
En el documento se constata que el desarrollo de una actividad sindical o simplemente estar inscrito en asociaciones de protección de los trabajadores entraña un grave riesgo en muchos países de América Latina, en especial en Colombia.
En 2001, fueron asesinados o «desaparecieron» 201 sindicalistas en este país – más del 90% de los sindicalistas asesinados en el mundo –. La cifra supone un incremento del 25% respecto al año anterior, confirma el informe.
Además, reconoce que corren mayor riesgo los sindicalistas que trabajan en el sector estatal, quienes están frecuentemente involucrados en los debates de privatizaciones y estrategias de ajuste económico.
La CIOSL coincide en que este aumento de la violencia contra los exponentes sindicales se acompaña de la casi total ausencia de protección por parte de las autoridades públicas. Un factor añadido es la impunidad de la que gozan los autores intelectuales de estos abusos.
