SAN FRANCISCO, 13 julio 2002 (ZENIT.org).- La reciente decisión de un tribunal que ha declarado que el Juramento de Lealtad (al gobierno de Estados Unidos) es inconstitucional a causa de su cláusula “una nación bajo Dios” ha levantado una tormenta de críticas en el país.
Las protestas recorrieron todo el espectro político, después de que tres de los miembros del Noveno Tribunal del Circuito de Apelación norteamericano dictaminaran que el Juramento viola la prohibición de la Primera Enmienda contra el establecimiento de una religión de Estado.
Poco después del anuncio de la decisión del Tribunal, el senado de Estados Unidos por 99 votos a favor y cero en contra una resolución expresando su apoyo al Juramento de Lealtad y pidiendo al consejo legal del senado que intervenga para defender su constitucionalidad, informó Reuters el 26 de junio.
El mismo Tribunal de Apelación dictaminó casi inmediatamente que la decisión no entrara en vigor, y casi todos los comentaristas esperan que la decisión inicial sea descalificada, ya sea por el pleno del Noveno Circuito de Apelación, o por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El caso del Juramento de Lealtad es sólo el último eslabón de una cadena de decisiones recientes sobre el tema de las relaciones Iglesia-Estado. La semana pasada la misma corte del circuito de apelación se pronunció sobre el caso de una cruz erigida en propiedad pública perteneciente a la ciudad de San Diego.
Por 7 votos contra 4, el tribunal rechazó la estrategia usada por la ciudad para vender la propiedad a una asociación no lucrativa dedicada a conservar la cruz, informó el Los Angeles Times el 27 de junio. La mayoría afirmó que la venta era inconstitucional porque buscaba excluir a los grupos que deseaban derribar la cruz.
La cruz de 43 pies de alto es un monumento de la ciudad en memoria de las víctimas de la guerra y, según el Los Angeles Times, goza de un enorme apoyo público. Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles ha emprendido desde hace trece años una guerra en los tribunales contra la cruz por considerar que viola la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado.
En 1991, el juez de distrito Gordon Thompson Jr. dictaminó que era inconstitucional que la ciudad mantuviera una cruz en un parque de propiedad pública, aunque fuera un memorial de guerra. Luego, en el año 2000, Thompson ratificó la venta por parte de la ciudad del terreno a la Mount Soledad Memorial Association, un grupo formado para construir y mantener la cruz en la ciudad. La decisión de Thompson fue ratificada el año pasado por un tribunal de tres jueces del Noveno Circuito, pero el dictamen de la semana pasada cambió esta decisión.
Otra decisión que fue rechazada la semana pasada hacía referencia apoyó a los funcionarios de un colegio que habían prohibido mensajes cristianos escritos en azulejos por las familias de las víctimas de la masacre de 1999, que tuvo lugar en el Instituto de Columbine. Según informó Reuters el 27 de junio, el Tribunal del Décimo Circuito de Apelación había dicho: “Al permitir que se ponga en los azulejos ‘Dios es Amor’, el distrito estaría obligado a aceptar frases en los azulejos como ‘Dios es Odio’”.
Los azulejos de Columbine contenían mensajes tales como “Dios es Amor” y “4/20/99 Jesús ha llorado”, haciendo referencia a la fecha en que Eric Harris y Dylan Klebols entraron en la escuela e hicieron fuego contra 12 estudiantes y un profesor, antes de dispararse a sí mismos. Las familias locales y quienes los respaldan hicieron los azulejos y pensaron en ponerlos en el edificio del instituto.
“Creemos que la decisión del (instituto) distrito, sobre la restricción de símbolos religiosos, estaba razonablemente relacionada con el fin legítimo de prevenir debates religiosos, creadores de rupturas en las paredes del instituto”, escribían los jueces de apelación.
La decisión rechazó una orden de un tribunal de menor rango, hecha pública el año pasado, que concluía que la decisión del distrito de prohibir los azulejos religiosos violaba el derecho de las familias a la libre expresión.
Los diez mandamientos en las batallas legales
Este año también ha visto cómo continuaba la batalla sobre si los Diez Mandamientos deben exponerse en las propiedades del gobierno. Associated Press informaba el 25 de febrero de que el Tribunal Supremo rechazó inmiscuirse en este debate, cuando se negó a aceptar a trámite una apelación del gobernador de Indiana, Frank O’Bannon, que quería erigir un monumento en piedra de siete pies en la sede del gobierno estatal en Indianápolis.
O’Bannon afirmaba que los Diez Mandamientos representan principios de la ley americana más que enseñanzas religiosas, y pidió al tribunal que cambiara el dictamen que evitó que se levantara el monumento.
Es la segunda vez en menos de un año en que el Tribunal Supremo ha evitado este tema. En mayo del 2001, el tribunal decidió no admitir un caso que decidía si un monumento a los Diez Mandamientos se debía o no construir en los exteriores de un edificio civil. Sin embargo, tres de los jueces dieron el inusual paso de afirmar que deberían haberla aceptado.
El Presidente del Tribunal, William H. Rehnquist, y los jueces, Antonin Scalia y Clarence Thomas, afirmaron que no encontraron nada contra derecho en la erección del monumento. El monumento “refleja simplemente el papel de los diez mandamientos en el desarrollo de nuestro sistema legislativo”, escribía Rehnquist como portavoz de los tres.
“De hecho”, agregó, “la talla de Moisés llevando los diez mandamientos, rodeado por representaciones de otras figuras históricas del derecho, adorna el friso de la pared sur de nuestra sala del tribunal”.
La feroz lucha sobre monumentos similares empezó en los 90. Se iniciaron demandas legales en estados como Indiana, Nebraska, Wisconsin, Tennessee, Carolina del Norte, Maryland y Colorado, observaba el Washington Times el 22 de mayo.
Este marzo, un tribunal federal ordenó al estado de Milwaukee que quitara los Diez Mandamientos de la sede del gobierno estatal. Y, en mayo, la ciudad de Plattsmouth, Nebraska, apeló al Tribunal del Octavo Circuito de Apelación para parar una disposición, dictada por un juez federal de distrito, según la cual se debía quitar de un parque de la ciudad un monumento con el texto. Cerca de dos docenas de jurisdicciones en total han quedado involucradas o quedarán involucradas en batallas legales sobre los Diez Mandamientos.
Se han mezclado los juicios. El Tribunal del Séptimo Circuito de Apelación dictaminó el pasado año que el texto se debía quitar. Pero dos tribunales de apelación se han puesto del lado de quienes apoyan los monumentos: el tribunal del Décimo Circuito, que llevó el caso de Colorado, y el del Cuarto, que dictaminó sobre el caso de Carolina del Norte.
Las batallas continúan
Un futuro espacio de contención podría darse al establecerse las becas escolares. Aunque el Tribunal Supremo ha dictaminado a favor de la experiencia de Cleveland, un artículo del New York Times del 30 de junio advertía que en las constituciones de muchos estados, las enmiendas que datan del siglo XIX podrían crear problemas a las becas.
Las leyes estatales que prohíben ayudar a los colegios religiosos son llamadas con frecuencia “enmiendas Blaine”, explicaba el Times. El primer estado en aceptar una fue el de Massachusetts, donde en 1854 el Know-Nothing Party logró añadir una enmienda a la Constitución del estado, según la cual el dinero de los impuestos “nunca debería asignarse a ninguna secta religiosa para el mantenimiento exclusivo de sus propios colegios”.
El movimiento tuvo lugar en un momento de sentimientos anti-inmigrantes y anticatólicos. 37 Estados todavía mantienen enmiendas similares en sus constituciones.
“Las ‘enmie
ndas Blaine’ son un secreto y sucio recuerdo del pasado anti-inmigrante”, afirma Kevin J. Hasson, presidente del Becket Fund for Religious Liberty, un grupo de abogados que suele representar a asociaciones religiosas. Los grupos como el Becket Fund intentan cambiar las enmiendas Blaine argumentando que la mayoría nacieron como fruto del fanatismo. Están ya intentando cambiar la ley de Massachussets y se preparan casos en dos estados del oeste, afirma Hasson. Las disputas legales sobre la relación Iglesia-Estado pueden mantener ocupados a los tribunales durante años.
